Violencia de género e ideología conservadora

Apenas asumido en su anterior período, uno de los primeros actos del actual gobernador respondió a un expreso pedido del Obispado: fue el veto del Poder Ejecutivo contra la ley provincial que establecía un protocolo de actuación en los hospitales públicos de la provincia para el caso de abortos no punibles, esto es, cuando el embarazo era fruto de una violación.
Ya entonces se advirtió, desde esta columna, que la evidente ideología conservadora que se manifestaba en este acto, preanunciaba un retroceso de las llamadas "políticas de género" en La Pampa. A juzgar por la actuación del Estado provincial en un reciente caso de violencia doméstica, los resultados están a la vista.
Una de las primeras manifestaciones de este retroceso se vio en el área de violencia familiar del Ministerio de Bienestar Social, que había sido elevada de rango durante la última gestión. Sus equipos de trabajo, integrados por profesionales capacitados -y supervisados por autoridades nacionales en la materia- fueros diezmados o desarticulados. Tenga o no relación, este proceso fue contemporáneo a algunos casos que involucraron a dirigentes del partido oficialista en situaciones de violencia doméstica.
El caso que ahora nos ocupa es prácticamente un ejemplo "de manual". Una mujer, madre y ama de casa, sometida a un marido abusivo y golpeador, que por miedo, mandato social o lo que fuera, jamás pudo salir por sí sola de ese círculo violento, hasta que una golpiza particularmente grave hizo intervenir su familia de sangre. Hoy esa mujer, que entre otras lesiones sufrió un grave traumatismo craneal, se encuentra internada en grave estado.
El hecho de que esta situación que se había prolongado durante tanto tiempo no fuera detectada antes por las autoridades habla por sí solo de una notoria inactividad. Pero más grave aún es la conducta seguida por las distintas reparticiones estatales al presentárseles el hecho consumado.
En la seccional policial donde una hija de la víctima intentó presentar una denuncia sobre la situación, se negaron a recibirla, aduciendo que ésta debía ser efectuada por la propia víctima. Esta actitud policial -que parece provenir de una directiva general, seguida incluso por la comisaría específica para estos casos- contradice palmariamente lo que establece la ley provincial de violencia familiar que, expresamente, faculta a "cualquier ciudadano" a comunicar estos hechos a las autoridades.
Posteriormente, y llevado el caso a la Justicia, el agresor fue rápidamente puesto en libertad, aún pese a que el delito cometido implicaría lesiones graves y riesgo para la vida de la víctima, y a la más que razonable sospecha de que -tal el patrón de conducta de los violentos- intentaría manipular a la víctima y demás testigos.
Ante la publicidad del hecho, la jueza de control y el fiscal actuantes intentaron justificar su conducta en la premura de los tiempos procesales y la falta de pruebas suficientes sobre los hechos, no sin reiterar el habitual recurso burocrático de echar culpas a otros funcionarios.
Lo que todo este desaguisado demuestra es no sólo que los funcionarios judiciales y policiales prefieren permanecer en sus despachos calefaccionados antes que salir hacia la calle donde están los hechos que deben investigar. Demuestra, también, una evidente falta de comunicación entre ellos y una total ausencia de protocolos de actuación simples y efectivos para enfrentar estos casos, cada vez más numerosos.
Mientras persista esta ideología conservadora subyacente, y esta falta de compromiso con el cumplimiento de la ley -que en este caso es clara-, seguirán habiendo mujeres internadas o muertas, y los violentos seguirán viendo facilitada su aberrante conducta.