Voces oficiales contra la usura

En los últimos tiempos varios legisladores se han ocupado de un tema que a los ojos de buena parte de la población queda en un cono de sombras. Sobre todo porque las "víctimas" de ese sistema hacen silencio. Desde que este diario realizara un informe sobre la tasas usurarias que le cobran las casas financieras a muchos que piden préstamos, al menos seis legisladores, provinciales y nacionales, opositores y oficialistas, han considerado la problemática y se han ocupado de ella. También se debe decir que hay muchos otros que ni siquiera se han expresado.
El informe había advertido sobre el crecimiento considerable en la capital pampeana, durante los últimos años, de financieras y prestamistas físicos que ofrecen créditos con tasas de hasta el 200 por ciento anual. Las ofertas son públicas y, a veces engañosas, y aparecen en panfletos callejeros, avisos clasificados y páginas digitales. Y como consecuencia de esto, en la Justicia, tres de cada cuatro causas del fuero civil son sobre ejecuciones de deudas.
Entre los representantes que se interesaron en esta problemática, estuvieron dos legisladores provincial del Frepam que tomaron cartas en el asunto y acompañaron con sus investiduras una denuncia penal contra un negocio de esas características en Santa Rosa. La presentación fue realizada ante la Justicia para que se investigue la deuda que una mujer contrajo luego de pedir un préstamo acuciada por una cuestión personal y ahora tiene que pagar hasta cuatro veces más de lo recibido. Un fiscal consideró válida la denuncia y ya está en las pesquisas.
Otros legisladores provinciales reclamaron que se debe "regular" lo que gana y cobra cada casa que presta dinero a particulares. Y también se presentó un proyecto en el Congreso nacional como el de un senador radical en el que se solicitó al gobierno nacional que regule la actividad de las financieras que operan con dinero propio e instó al Ejecutivo Provincial para que controle los pagarés que entregan estas organizaciones. Para el representante, tanto el gobierno nacional como el provincial tienen facultades de control sobre este sistema para evitar fraudes, como la aplicación de la Ley 1352 de Amparo de Interés Difusos o Derechos Colectivos que posibilita evitar cualquier clase de perjuicio al consumidor a instancias de un contrato abusivo.
El problema se ha convertido en crítico y en límite para muchas familias. Hay cantidad de quienes acuden a estas financieras que no han sido responsables en mantener su economía personal equilibrada. De hecho, estos comercios han crecido en paralelo a los juegos de azar en la provincia. Pero otros, que no están bancarizados y tuvieron alguna situación de urgencia, debieron acudir, hasta de buena fe, a solicitar préstamos que después no pudieron afrontar.
Pero no se trata solo de personas de bajos ingresos o "en negro" las que caen en estas redes. También hay que contar a comerciantes minoristas y pequeños talleres cuyos ingresos sufren los vaivenes de la economía y no pueden llenar todos los requisitos que el sistema bancario oficial les requiere. Estos quedan a merced de los usureros y sus subterfugios cuando tienen necesidades de aplazar pagos, de comprar mercaderías, pagar servicios o atender urgencias financieras.
La usura, se había dicho en estas páginas, es una consecuencia de un sistema que discrimina a una parte importante de la población y somete a muchas familias. Es bueno que los legisladores pampeanos hayan tomado conciencia y enfrenten el problema. Sería mejor que otras voces y voluntades de la órbita oficial se sumen ahora para ponerles límites a quienes prestan dineros con tasas usurarias.