Voto electrónico: demasiadas dudas

En los últimos tiempos viene arreciando una campaña en favor de instaurar el llamado voto electrónico. El gobierno nacional, promotor del proyecto, insiste en la necesidad de “modernizar” y volver más “eficiente” y “rápido” un sistema que -no se sabe por qué razón- se lo considera poco efectivo y lento.
Apenas se profundiza el análisis aparecen detalles y objeciones que sorprenden y despiertan desconfianza. En principio, el valor supremo que se le otorga a la “rapidez”. La Constitución Nacional establece que el sufragio debe ser “universal, secreto y obligatorio”, y nada dice acerca de la velocidad en su ejecución. Otro argumento mencionado hasta el cansancio es la posibilidad de destrucción de urnas. En principio, la experiencia demuestra que son casos extremadamente excepcionales. Pero además, llegado el caso, el problema se subsana muy fácilmente con la simplísima metodología de repetir la elección correspondiente a la urna atacada. En cambio, una alteración o fraude en un sistema informático es muy posible que no sea detectado de inmediato sino después de consagradas las autoridades por el acto eleccionario. Con lo cual el problema sería infinitamente mayor.
La eliminación de fiscales, otro argumento del sistema que se promueve, cae por su propio peso si se considera que esas presencias aseguran un control múltiple de los comicios garantizado por la distinta pertenencia partidaria de esas autoridades.
Como se puede ver, las razones esgrimidas para defender el cambio de sistema son francamente endebles. Ni siquiera se puede alegar su pretendida “modernidad”. Varios países más evolucionados tecnológicamente que el nuestro lo probaron y, al poco tiempo, lo desecharon para volver al procedimiento tradicional: Alemania, Holanda, Suecia, Noruega entre otros. En el caso de Alemania el sistema fue descalificado por el máximo tribunal de justicia. Pero también en Estados Unidos se vienen sumando los especialistas que descreen de su validez y sus virtudes, especialmente por la facilidad con que se pueden interferir los sistemas informáticos. La violación del correo electrónico personal de la candidata presidencial Hillary Clinton es un ejemplo contundente. También en Brasil, en las últimas elecciones, se vulneraron urnas electrónicas en algunos distritos y se divulgaron los nombres y el voto emitido por no pocos ciudadanos.
Con semejantes antecedentes -a los que puede sumarse la elección sin mayores problemas de todos los últimos gobierno constitucionales del país, de signo variado-, es válido preguntarse por qué tanto empeño en imponer un sistema dudoso y ya desestimado en buena parte del mundo. La respuesta no es clara, como no lo ha sido un viaje de un alto funcionario nacional a uno de los países que producen esa tecnología. Es bien sabido que, paralelamente, hay un negocio millonario en dólares, tanto en la compra como en el mantenimiento de miles de equipos.
Es de esperar que esta vez el Congreso de la Nación analice a conciencia y con rigor este proyecto y que no se levanten las manos con tanta docilidad como ya se ha visto ante tantos proyectos lesivos para las mayorías.