Vuelven los tarifazos y crece posibilidad del paro general

LA SEMANA POLÍTICA

Emilio Marín – Cumplido el trámite de la audiencia pública, Aranguren anunció los aumentos de la tarifa del gas. Eso, más la cerrazón gubernamental a satisfacer reclamos sindicales básicos, parece acercar la fecha del primer paro general.
La audiencia pública por la tarifa del gas fue para el gobierno nacional un mero trámite para sortear el requisito exigido por el fallo de la Corte Suprema de Justicia. El mar de reclamos políticos y sociales no fue escuchado por el oficialismo, que por medio del ministro Juan José Aranguren anunció el viernes 7 el nuevo cuadro tarifario.
El mismo mantiene altas tarifas para la mayoría de las categorías residenciales, que tendrán un tope de aumento del 400 por ciento, y los comercios y empresas a las que ese límite fue mantenido en el 500 por ciento. Para Aranguren esos topes son suficiente alivio, como lo había dispuesto el gobierno antes de la audiencia pública, cuando arreciaron las protestas y ruidazos.
En ese sentido no hubo ningún cambio en las tarifas. En aquella oportunidad los topes fueron negociados entre el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y los gobernadores. Significó un cierto alivio frente a la monstruosidad de lo dictado unilateralmente por Energía, pero dejaba la vara muy alta para el grueso de los clientes y consumidores en un bien social tan importante como el gas. Sobre todo en un inclemente invierno que recién ahora está terminando, al margen del calendario.
Mauricio Macri, el coautor del tarifazo y responsable político de las medidas del ex CEO de Shell, está convencido que el nuevo cuadro tarifario es correcto. Y piensa que, como dijo el ministro el viernes, habrá 20 por ciento de los hogares con la salvaguarda de la tarifa social a la que podrán acogerse quienes perciban un ingreso inferior a dos salarios mínimos.
De todas maneras, esa mayor tarifa a pagar de acá en más, más las boletas acumuladas desde que los fallos judiciales frenaron el aumentazo anterior, será un trago muy amargo para muchísimos argentinos. En particular para los casi 13 millones de pobres que relevó la Encuesta Permanente de Hogares del Indec. Hay un 32,2 por ciento de pobreza, o sea más de 3 puntos extras desde que Macri entró a Balcarce 50.
Para ese amplio espectro y buena parte de la clase media baja, así como en el radio más bajo de las Pymes y comercios más afectados por el parate económico, que diariamente levantan las persianas y no logran vender casi nada, pagar las boletas de gas, luz y agua será una ardua tarea y en muchos casos imposible. Ese choque dejará muchos lesionados y marginados, y tendrá un impacto político, incluso electoral en 2017, que es difícil medir por estos días.

Se ve venir el paro.
La bestialidad del tarifazo energético provocó en julio y agosto una extraordinaria movilización social, al punto de llevar a su freno judicial. Fue una dura derrota para el macrismo, pero paradojalmente le deparó un costado positivo: hizo que el índice de inflación no llegara a las nubes. De allí que el oficialismo empezó a presumir de que el ritmo inflacionario había comenzado a decrecer y se abrían perspectivas para alguna reactivación del deprimido mercado interno.
Ahora, a la inversa, empieza a caerse ese argumento que había limado parcialmente las aristas de un paro general de la CGT e insuflado alguna expectativa en clases medias, donde el PRO-Cambiemos tiene aún su influencia. Las nuevas tarifas del gas y de otros servicios públicos volverán a impactar en el costo de la vida donde incluso los amigos del gobierno, como la misión del FMI que estuvo en Buenos Aires, pronosticaron que la inflación será este año del 40 por ciento.
La puesta en marcha del decreto de Aranguren para el gas inyectará más potencia a la tendencia de la CGT que consideraba necesario ponerle fecha al paro decidido por el Comité Confederal.
Hubo allí en estas dos semanas fuerzas contrapuestas que se anulaban, con el resultado de que la medida de fuerza no tenía fecha de parto. Por un lado una corriente de sindicalistas poco luchadores, con el sesgo político renovador de Sergio Massa, que querían darle más tiempo al presidente antes de romper lanzas. Por ejemplo, pedían una exención del pago del impuesto a las ganancias en el medio aguinaldo de diciembre para los trabajadores que oblan ese tributo. Y que a modo de compensación por la inflación, ya que el gobierno cerró la puerta a la reapertura de paritarias, se pagara un bono de fin de año de al menos 2.000 pesos. Otra porción cegetista quería un paro en octubre.
El gobierno no accedió claramente a ninguno de esos dos puntos de mínima. Tanto la eximición para el medio aguinaldo como el bono serían sólo para categorías de asalariados que perciben ingresos muy bajos. Y la suma de fin de año, sólo para el sector estatal, no obligatorio para los privados, con un monto mínimo, de entre 500 y 750 pesos. Eso generó un tendal de críticas entre los sindicalistas de todas las corrientes.
Las organizaciones donde se nuclean trabajadores informales, cooperativas, desocupados, etc., que esta semana habían protestado con ollas populares, también están en pie de guerra contra el ajuste. Piden ampliación de partidas para emprendimientos sociales, un bono de fin de año, reactivación de la obra pública y otras reivindicaciones muy sentidas en esta Argentina donde es visible y duele la cantidad de gente en situación de calle.
Como síntoma de que la relación entre la CGT unificada y el gabinete macrista no pasa por su mejor momento, hubo reproches públicos de ambas partes, que no volvieron a reunirse. En este país sorpresivo, que no es Suiza, todo puede ocurrir, pero en principio, en la tarde que el cronista está escribiendo su Semana Política, el pronóstico dice que “empeoran las condiciones climáticas” de la relación sindicalismo-gobierno. Puede llover, léase producirse el primer paro de la CGT contra Macri, al cumplirse diez meses de su asunción, un récord difícil de igualar.

Sendero estrecho.
No es que el presidente y sus ministros más políticos, léase Frigerio y el propio Prat-Gay, no se den cuenta que están adoptando medidas muy desagradables y que limitan la capacidad del gobierno. Lo saben. El problema de ellos y la mayoría de ex CEOs de grandes empresas, es que tienen malos resultados de las políticas antipopulares que pergeñaron y aplican. Y por eso no tienen casi caja ni margen para rectificaciones, ni siquiera menores, que pudieran levantar un poco su imagen ya deteriorada ante amplios sectores.
Por caso, el proyecto de Presupuesto Nacional 2017, presentado en septiembre por Prat-Gay, admite que en el año en curso el déficit fiscal, contando el del Banco Central, será de 7,33 por ciento del PBI y que el año próximo será apenas algo menor, el 6,91.
Eso significa que el rojo fiscal es superior al que registraba el gobierno anterior tan criticado por la entonces oposición. Como además este año y el próximo también habrá un déficit de la balanza comercial, por importaciones mayores a las exportaciones, Macri ha logrado una dudosa hazaña: déficit mellizo, fiscal y comercial. Por eso debieron postergar un año la quita del 5 por ciento en retenciones a la soja.
En esos malos resultados mucho tiene que ver la eliminación de retenciones a las exportaciones de granos, que privó al Estado de un ingreso de 3.000 millones de dólares. Y por esa misma quita a la minería se dejaron de percibir otros 230 millones de dólares. Ese dinero que falta en las arcas del Estado es lo que impide satisfacer, por ejemplo, los módicos reclamos del bono de fin de año. No fue una imposibilidad caída del cielo, fruto de la pesada herencia ni atribuible a nadie, fuera de Macri, tan permeable a los sojeros y la Barrick.
El sendero también se fue estrechando por otra política gubernamental: el mayor endeudamiento externo, todo un récord. Sean 27.000 millones de dólares como lo estimó Axel Kicillof o 40.000 millones según otras fuentes, es un endeudamiento sideral que está sangrando las finanzas del país. El Presupuesto 2017 prevé el pago de 246.629 millones de pesos para atender los servicios de la deuda, unos 16.000 millones de dólares. En esos dineros que no estarán disponibles para atender ninguna necesidad social están incluidos los intereses a pagar por los bonos emitidos a favor de los “fondos buitres”.
Entre tanto, los miles de millones de dólares que iban a entrar por el blanqueo de capitales no existen. Son un bluff macrista, al punto que el ministro de Hacienda le echó la culpa a sus aliados los bancos, diciendo que piden papeles de más a los interesados. Ese mentado ingreso multimillonario no se produjo, del mismo modo que las inversiones también millonarias del capital extranjero se hacen esperar. Y no es difícil de entender las razones de esa demora, pues el FMI y el Banco Mundial, en su Asamblea Anual de estos días, si bien aplaudieron el rumbo general del ajuste, reclamaron que Argentina disminuya los déficits fiscal y comercial. Piden que se profundice el ajuste. Es lo que Macri intentó con las tarifas del gas y tuvo que retroceder. Los organismos financieros internacionales lo invitan a ir hasta el hueso, pero la realidad le está demostrando que eso no será posible, por la magnitud de la resistencia que generará y porque en 2017 hay elecciones parlamentarias clave.

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