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¿Y ahora esto?

Es todo un desafío para los seguidores de la política pampeana, o para los aficionados a la historia, encontrar un antecedente siquiera parecido al de este insólito pedido del presidente de la Nación para que La Pampa se haga cargo de una obra de jurisdicción nacional. No solo la exigencia, también el argumento resulta un dislate: como La Pampa «es superavitaria» debería encarar la repavimentación de la ruta nacional 152 a su exclusivo costo. Ni siquiera el hecho de que ya hay una licitación de Vialidad Nacional en marcha para esa obra, lo cual deja en evidencia su jurisdicción, sirvió para hacer desistir de esta ocurrencia.
Los pampeanos tienen hoy todo el derecho de sentirse discriminados por una Casa Rosada que envía fondos a las provincias según la cara del gobernador. Desde luego que esta forma de administrar los fondos no es novedosa, en esto puede dársele un crédito al macrismo pues la historia de las relaciones entre el puerto y las provincias siempre fueron más o menos conflictivas. Pero también es cierto que nunca se había llegado a tal extremo de arbitrariedad para con La Pampa, aunque los grandes medios oficialistas ya no haban del «látigo y la billetera» como lo hacían a diario durante el gobierno anterior.
Es tan grave el retroceso de la obra pública que la Uocra acaba de denunciar que son unos dos mil los trabajadores de ese gremio que han quedado sin empleo; y desde la Cámara de la Construcción no paran de alertar por las dificultades extremas que están atravesando por el atraso de las partidas desde Nación.
La ruta nacional 152 es una vía de comunicación estratégica que atraviesa el desértico oeste pampeano de norte a sur y comunica las cuencas petroleras Cuyana y Neuquina y los centros productivos del Alto Valle y Mendoza. Su estado es calamitoso y es la principal causa de la gran cantidad de accidentes que tienen lugar en ella. Desentenderse de ese gravísimo problema y tirarle la responsabilidad a la provincia es una muestra más de la indiferencia con que este gobierno nacional mira hacia el interior del país.

El deporte ajustado
La alegría que sintió el atleta pampeano Alexis Acosta en Brasil por obtener otra medalla en su carrera y la clasificación para los próximos Juegos Panamericanos de Lima y el Mundial de Dubai fue empañada por la aciaga noticia de que el gobierno le retira la beca que tenía adjudicada por sus reconocidos méritos deportivos. A esa desazón se le suma, como le dijo a este diario, la tristeza por el estado de abandono en que se encuentra el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) en donde Acosta, y muchos como él, ya no pueden albergarse ni alimentarse.
Son muchos los atletas argentinos que están padeciendo a causa de las políticas de ajuste que viene aplicando el gobierno nacional con recortes presupuestos en los últimos tres años. Hoy se está cumpliendo lo que temían los deportistas y dirigentes cuando se cambió la ley de financiamiento del Cenard. En 2017 el gobierno modificó la norma que le otorgaba al instituto el 1 por ciento de la facturación de las compañías de telefonía celular. En ese momento los atletas protestaron porque el cambio implicaba la pérdida de la independencia financiera al pasar a depender de partidas del Tesoro nacional. Hoy aquellos temores se volvieron una realidad. Para peor, a comienzos de este años la Secretaría de Deportes de la Nación fue degradada al rango de Agencia, una modificación que apunta, como señalaron no pocas voces en ese momento, a favorecer grandes negocios inmobiliarios con los terrenos del organismo en la Capital Federal. El estado que hoy presenta el Cenard, como atestiguó Acosta, no hace más que confirmar lo acertado de aquel pronóstico.
En materia deportiva el macrismo no ha hecho más que demoler todo lo que se había avanzado bajo el gobierno anterior, tanto en materia de financiamiento, como de infraestructura y apoyo económico a los atletas.