Zona liberada para el atropello

El operativo policial intimidante contra tres niñas de 12 años que cometían el "atrevimiento" de escribir sus nombres con lápiz en el anfiteatro provincial es otra muestra de la pérdida de rumbo en lo que hoy puede considerarse una "política de in-seguridad".
Incitados desde la cúpula ministerial, las "fuerzas del orden" actúan sin medir consecuencias y degradando su propia función como claramente se advierte en este último caso. Días atrás este diario publicó una síntesis de los hechos protagonizados en los últimos meses que asombra por el nivel de violencia desplegado y hasta llegó a provocar consecuencias fatales para personas que, gratuitamente, perdieron la vida en "accidentes" inconcebibles.
Este despliegue insensato no es producto del desenfreno aislado de individuos cebados en el ejercicio de la violencia sino de una línea rectora que baja desde el propio Ministerio de Seguridad y convierte a la provincia en una suerte de "zona liberada" en donde los ciudadanos son rehenes de los desbordes autoritarios.
Solo en las últimas horas dos docentes dejaron sus testimonios de hechos bochornosos. El ya citado con las niñas acosadas y otro, registrado en cercanías de un colegio secundario, en donde unos chicos que se encontraban conversando en la vereda fueron puestos contra la pared y "cachados" por personal policial como si hubieran sido sorprendidos in fraganti cometiendo un delito. Semejante maltrato trae, inevitablemente, recuerdos de los oscuros tiempos dictatoriales en los que el solo hecho de caminar por la calle convertía a una persona en objeto de sospecha y, con frecuencia, víctima del patoterismo policial.
La reciente detención de una periodista radial y el maltrato a un equipo de cronistas de este diario en una dependencia policial está en sintonía con ese clima asfixiante que hoy se vive en las calles santarroseñas. Mediante la absurda acusación de "entorpecer un operativo" se dispara una suerte de "vale todo" que habilita la violación de los derechos civiles elementales y hasta puede terminar con la humanidad de un vecino tras las rejas.
Pero tan grave como lo que ocurre en las calles es lo que sucede en los recintos gubernamentales. En la última sesión del Concejo Deliberante santarroseño los ediles justicialistas se negaron a expresar su repudio a estos desbordes represivos que afectan a los habitantes de la ciudad. Como representantes electos por los vecinos, los concejales mostraron una evidente falta entereza al privilegiar un alineamiento político incondicional con un ministro que está degradando el clima de convivencia, habitualmente pacífico, en esta capital. Los ediles del PJ ni siquiera se atrevieron a cuestionar los términos irrespetuosos de una nota que el belicoso funcionario dirigió al intendente municipal. Tampoco acompañaron un más que razonable pedido de intervención a la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura. Así, por acción y omisión, el terreno para el atropello queda despejado de obstáculos institucionales y favorece que en las calles la presencia de un policía se sienta más como una amenaza que como un alivio.