"Están empecinados en tapar lo obvio"

El presidente Albero Fernández cuestionó ayer miércoles el fallo de la Cámara Federal porteña que concedió la excarcelación de los cuatro miembros de Revolución Federal detenidos en el marco de la causa en la que se los investiga por supuesta incitación a la violencia colectiva.

 

Fernández escribió en su cuenta de Twitter que "una vez más, la Sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py, integrada por dos magistrados que ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución, interviene en una causa de relevancia institucional".

 

El mandatario refirió que "pareciera que lejos de querer esclarecer el hecho y llegar a sus máximos responsables, están empecinados en tapar lo obvio: que una banda criminal con ramificaciones y financiamiento oscuro atentó contra la vida de la vicepresidenta de la Nación", Cristina Fernández de Kirchner.

 

Fernández enfatizó que "los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi deberían estar solo en los tribunales para los cuales concursaron".

 

"Solo una maniobra ilegal (que es un secreto a voces) del ex presidente Mauricio Macri, que ordena a los Consejeros de la Magistratura que le responden bloquear el concurso para designar a quienes deberán ocupar legítimamente las vacantes que hoy usurpan los jueces citados, hace posible esta arbitrariedad", amplió el jefe de Estado.

 

Excarcelados.

 

La Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Mariano Llorens, Bruglia y Bertuzzi, dispuso el martes la excarcelación de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, cuatro miembros de Revolución Federal que desde mayo de este año participaron en manifestaciones o difundieron consignas violentas.

 

Los jueces de la Sala I del tribunal de apelaciones sostuvieron que no hay elementos para sostener que su libertad pueda poner en riesgo la investigación judicial por la que ya fueron indagados.

 

A través de cuatro fallos, uno por cada imputado, los camaristas revocaron la decisión del juez federal que lleva la causa, Marcelo Martínez de Giorgi, quien había rechazado excarcelarlos por considerar que podían entorpecer el curso de la causa.

 

Los cuatro miembros de Revolución Federal estaban detenidos desde el 20 de octubre pasado por orden del juez Martínez de Giorgi, a instancias del fiscal Gerardo Pollicita.

 

La jueza que investiga el atentado, María Eugenia Capucheti, y sus superiores consideran que no hay conexión entre ambos expedientes y siguen tramitando por separado.

 

Por su parte, la querella de la Vicepresidenta también se presentó por escrito para reclamar que se rechazara excarcelar a los cuatro referentes de Revolución Federal.

 

Repudio del FdT.

 

El bloque de diputados nacionales del Frente de Todos (FdT) también repudió la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de liberar a los cuatro miembros de Revolución Federal detenidos y acusaron a los jueces de responder a las directivas de Mauricio Macri y al titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

 

En un comunicado, la bancada del FdT -que preside Germán Martínez- expresó "su más absoluto repudio a la resolución dictada por la Sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py, conformada por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, que responden directamente a Mauricio Macri y a Horacio Rosatti, de liberar a los integrantes de la agrupación Revolución Federal, detenidos por incitación a la violencia e instigación en el intento de asesinato a la Vicepresidenta de la Nación".

 

"El 1° de septiembre de 2022 hubo un intento de magnicidio en la Argentina que debe ser investigado hasta las últimas consecuencias", destacó el bloque oficialista.

 

Agregó que "desde el Bloque de Diputadas y Diputados Nacionales del Frente de Todos le exigimos al Poder Judicial en su conjunto que haga honor a su nombre y cumpla su papel para esclarecer el hecho más grave sucedido en casi 40 años de democracia en la Argentina".

 

En esa línea, la bancada del oficialismo apuntó que "la liberación de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile ocurre apenas una semana después de revelaciones de posible conocimiento del atentado por parte de sectores de la oposición, y en plena conciencia de que este grupo ultraderechista contó con financiamiento de más de 13 millones de pesos por parte de un fideicomiso de la firma 'Caputo Hermanos SA', propiedad del exministro de Finanzas y presidente del Banco Central de Mauricio Macri, Luis Caputo", agregó.(Télam)