Milagro Sala y siete años de persecución

Milagro Sala cumple hoy siete años detenida en Jujuy por liderar un acampe y su situación procesal se agravó desde entonces con la acumulación de causas y condenas. Mientras continúa bajo arresto domiciliario recibe muestras de apoyo y solidaridad desde organizaciones y personalidades que denuncian el "accionar persecutorio" ejercido por el gobierno provincial del radical Gerardo Morales.

Aquel 16 de enero de 2016, un reclamo para exigir respuestas sobre el funcionamiento de las cooperativas de trabajo, en una plaza copada por más de 20 organizaciones sociales, terminó con la detención de Sala por "instigación a cometer ilícitos y tumultos", episodio elevado a juicio oral en 2019. La prisión de Sala derivó en distintas causas judiciales instruidas a nivel provincial: en algunas fue condenada; otras están pendientes y, en otras fue sobreseída.

Además del acampe, se debatirá en juicio oral el expediente conocido como "Megacausa", con imputados que incluyen al ex gobernador Eduardo Fellner y varios ex intendentes por supuesto fraude en la construcción de viviendas. Además, la justicia jujeña elevó a juicio la causa por los incidentes del 8 de marzo de 2021 en San Salvador, con Sala acusada como instigadora.

Persecución política.

Con una causa tras otra impulsadas desde el gobierno de Morales, Milagro ha permanecido con prisión preventiva. La mayor preocupación es que en los últimos años, su situación judicial "ha empeorado" porque tiene "más causas que las que tenía en 2019", y porque hay otras por las que pretenden imputarla. Tales cuestiones revelan que fue creado un "sistema judicial persecutorio" hacia la líder de la Tupac Amaru, ya que mantenerla presa "le sirve a Morales" en época de campaña electoral.

Milagro denunció que si en un juicio no recibe sentencia, "Morales hace lo que sea" para que le dicten una "sí o sí", como ocurrió en el "Juicio de las bombachas", donde fue absuelta pero después le dieron dos años de prisión.

Aunque por ahora no volverá a una cárcel común, como reclama el propio Morales, las organizaciones de derechos humanos piden resguardar las condiciones del arresto domiciliario, ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que cualquier regresión "significa una profundización del hostigamiento" ante el continuo pedido de los fiscales para que pase a una cárcel común.

(Télam)