Piden que Jorge accione judicialmente por deudas

Los diputados provinciales del tiernismo, Darío Hernández y Daniel Robledo, presentaron un proyecto de resolución por el que solicitan al Gobierno provincial que inicie las gestiones judiciales "tendientes a lograr que el Estado Nacional cancele las deudas exigibles que mantiene con La Pampa por diferentes conceptos".
Los legisladores de Comunidad Organizadora sostuvieron que "a pesar de lo establecido por el artículo 1º de la Constitución Nacional, en nuestro país el federalismo se ha convertido en una idea más declamada que ejercida. La autonomía financiera de las provincias, sigue siendo hoy una asignatura pendiente del período democrático iniciado en 1983. Los sucesivos gobiernos de La Pampa han tenido administraciones ordenadas, lo que le ha permitido tener sus cuentas equilibradas y aún reservas".
Razonaron que "los diferentes adelantos de fondos del gobierno provincial para cumplir compromisos adquiridos por la Nación, como por ejemplo los planes de viviendas, hacen que hoy nos deban a los pampeanos aproximadamente 1.000 millones de pesos, sin que se observe voluntad del Gobierno nacional de cancelar esas deudas, pese a los reiterados reclamos en ese sentido".
En los fundamentos de la iniciativa se explica que "esta verdadera inflación de las facultades impositivas de la Nación, sumado a la inexistencia de un acuerdo entre ella y las provincias para sancionar una nueva ley de coparticipación federal como manda la reforma constitucional de 1994, componen un panorama desalentador. Hoy el 70 por ciento, o más, de la recaudación se la lleva la Nación, y el 30 restante se la reparten las provincias en función a distintos indicadores".
Los diputados de Comunidad Organizada manifestaron que "ha llegado la hora de hacer oír nuestro reclamo de la forma en que corresponde hacerlo en una república: a través de la justicia". Por eso le pidieron al gobernador Oscar Mario Jorge que, a través de la Fiscalía de Estado, inicie acciones ante la Corte Suprema para lograr "la cancelación de esos créditos que nos permitan hacer frente a las obligaciones salariales actuales y futuras, y al normal desenvolvimiento del Estado provincial en sus distintas funciones, salud, educación, seguridad y desarrollo productivo".