Jubilados reclaman una ley que equipare los haberes
Redacción 23/05/2013 - 04.01.hs
Ante la falta de respuestas del Poder Ejecutivo, los jubilados civiles y docentes del período 1996-2010 reclamaron a la Cámara de Diputados de la provincia que sancione una ley que imponga la equiparación de haberes con los actuales beneficiarios. Al gobernador Oscar Jorge le recordaron que en un sistema republicano, el diálogo es la vía más apropiada para solucionar problemas.
Los jubilados que piden el recálculo de haberes desarrollaron ayer una concurrida asamblea en la que analizaron la situación actual de su lucha. Al cabo, decidieron profundizarla en vista de que los logros obtenidos hasta ahora no han permitido alcanzar la meta mayor.
En una declaración que emitieron tras la reunión, los asambleístas recordaron que el viernes 31 de mayo se cumplirá un año de la resolución 26/12 de la Cámara de Diputados de nuestra provincia, un instrumento que "significó el reconocimiento de la legitimidad del reclamo" y cristalizó el compromiso político de cada bloque parlamentario de avanzar en pos de una solución.
Los hechos no han decantado ese compromiso. "El Poder Ejecutivo no ha dado respuesta alguna a la solicitud de los diputados y tampoco ha atendido los reiterados y formales requerimientos de audiencia de los interesados", expresaron los jubilados, cuestionando la actitud "poco comprensible" de los responsables de Casa de Gobierno "hacia el conjunto de trabajadores a los que se les impuso el mayor ajuste laboral y previsional de la historia institucional de la provincia".
Ante el desprecio del Ejecutivo, los jubilados volvieron a recurrir a los diputados provinciales, a quienes pidieron que "avancen en la sanción de una ley que contemple el reclamo de este conjunto de ciudadanos", que lleva tres años esperando "que la decisión política quede plasmada en un instrumento legal".
"Si una ley regresiva afectó los derechos logrados por los trabajadores, es de estricta justicia iniciar un camino de recuperación porque ello significa más y mejor ejercicio de la Democracia", reflexionaron en el documento. "Ratificamos ante el Gobernador la necesidad de abrir una instancia de diálogo y negociación con inclusión de los afectados, en la convicción de que en un sistema republicano ésta es la vía más apropiada para resolver un problema".
El financiamiento de ese recálculo "no puede constituir una excusa para inmovilizar la solución", reprocharon. "Por el contrario debe ser el desafío a resolver para ofrecer la respuesta más justa".
Por último anticiparon que se mantendrán "activos y movilizados a la espera de prontas acciones de ambos poderes del Estado".
Los jubilados que piden el recálculo de haberes desarrollaron ayer una concurrida asamblea en la que analizaron la situación actual de su lucha. Al cabo, decidieron profundizarla en vista de que los logros obtenidos hasta ahora no han permitido alcanzar la meta mayor.
En una declaración que emitieron tras la reunión, los asambleístas recordaron que el viernes 31 de mayo se cumplirá un año de la resolución 26/12 de la Cámara de Diputados de nuestra provincia, un instrumento que "significó el reconocimiento de la legitimidad del reclamo" y cristalizó el compromiso político de cada bloque parlamentario de avanzar en pos de una solución.
Los hechos no han decantado ese compromiso. "El Poder Ejecutivo no ha dado respuesta alguna a la solicitud de los diputados y tampoco ha atendido los reiterados y formales requerimientos de audiencia de los interesados", expresaron los jubilados, cuestionando la actitud "poco comprensible" de los responsables de Casa de Gobierno "hacia el conjunto de trabajadores a los que se les impuso el mayor ajuste laboral y previsional de la historia institucional de la provincia".
Ante el desprecio del Ejecutivo, los jubilados volvieron a recurrir a los diputados provinciales, a quienes pidieron que "avancen en la sanción de una ley que contemple el reclamo de este conjunto de ciudadanos", que lleva tres años esperando "que la decisión política quede plasmada en un instrumento legal".
"Si una ley regresiva afectó los derechos logrados por los trabajadores, es de estricta justicia iniciar un camino de recuperación porque ello significa más y mejor ejercicio de la Democracia", reflexionaron en el documento. "Ratificamos ante el Gobernador la necesidad de abrir una instancia de diálogo y negociación con inclusión de los afectados, en la convicción de que en un sistema republicano ésta es la vía más apropiada para resolver un problema".
El financiamiento de ese recálculo "no puede constituir una excusa para inmovilizar la solución", reprocharon. "Por el contrario debe ser el desafío a resolver para ofrecer la respuesta más justa".
Por último anticiparon que se mantendrán "activos y movilizados a la espera de prontas acciones de ambos poderes del Estado".
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