Los abogados contra la ley de cautelares

El Colegio de Abogados de La Pampa presentó una demanda planteando la inconstitucionalidad de la ley 26.854, recientemente sancionada, referida al régimen de las medidas cautelares en las que el Estado Nacional es parte o interviene. La norma, publicada el 30 de abril en el Boletín Oficial de la Nación, establece una vigencia temporal de seis meses para las cautelares frente al Estado en juicios ordinarios y de tres meses en juicios sumarísimos o amparos, prorrogables por seis meses, aunque quedaron afuera de esas limitaciones las demandas laborales.
La presentación -que en forma subsidia promueve la inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley- fue firmada por el presidente de la entidad, Pablo Girard, y el secretario, Claudio Pérez De la Prida.
Entre los fundamentos se señala que "la norma vulnera, en forma manifiestamente ilegal y arbitraria, derechos adquiridos de los abogados, afectando la dignidad profesional y entorpeciendo el libre ejercicio de la abogacía".
Asimismo, y como medida cautelar, se solicitó que se suspenda la aplicación de ocho artículos y algunos incisos de ellos, "manteniendo el régimen vigente hasta la sanción" de la nueva ley.
"Si se aplicara plenamente la norma impugnada, los abogados matriculados en el Colegio de La Pampa se verían imposibilitados de ofrecerles a sus clientes un servicio jurídico que antes podían ofrecer en toda su dimensión y eficacia: el de presentar y obtener medidas cautelares contra el Estado Nacional. Y no es esta expresión una queja meramente corporativa por restar a nuestras incumbencias una vía más; es, sin hesitación, un cercenamiento manifiesto del derecho de los ciudadanos a obtener protección rápida y eficaz contra el accionar del Estado", expresó la entidad.
"La medida cautelar es una herramienta valiosísima que hace a la tutela legal efectiva de los justiciables, en cuya total vigencia los abogados estamos comprometidos -se enfatizó en la demanda-. Si se desnaturaliza, se limita, se la 'pone en duda', se genera un inevitable perjuicio al interés fundamental que tenemos los abogados: el de ser útiles a los ciudadanos que necesitan hacer valer sus derechos en tiempo eficaz".