«Esta Corte es insoportable»

La actual conformación de la Corte Suprema de Justicia «resulta insoportable en términos jurídicos. Debería ser el principal garante del respeto y la protección de la ley, pero es la Corte del 2 x 1 y del lawfare» advirtió Rafael Ortiz, ex defensor público del Poder Judicial de Córdoba y representante de distintas organizaciones de Derechos Humanos.
Entrevistado por Radio Noticias, el abogado consideró «increíble» la reciente decisión de anular el fallo que condenó a los dos primeros civiles por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. «Reniega de todo lo actuado por la justicia argentina en materia de derechos humanos. Nuestro país fue ejemplo mundial por sus condenas a implicados militares y civiles del terrorismo de estado, pero esta decisión hizo tabla rasa con eso», lamentó.
Hace unos días, la Corte aceptó el recurso de queja presentado por la defensa de los hermanos tandilenses Emilio Felipe y Juan Manuel Méndez, y anuló sus condenas (a 15 y 11 años de prisión, respectivamente) por ser «partícipes necesarios» del «secuestro, imposición de tormentos y homicidio, en perjuicio de Carlos Alberto Moreno», crimen por el que resultaron condenados a prisión perpetua (en el mismo juicio) los ex militares Julio Alberto Tommasi, Roque Italo Pappalardo y José Luis Ojeda.
«Esta es la Corte del 2 x 1 desde que convalidó un fallo contra otro represor condenado para que pudiera salir en libertad (el recordado «caso Muiño») provocando que una gran parte de la ciudadanía reaccionara y la obligara a volver atrás» recordó Ortiz. Y es «la Corte del lawfare, porque simultáneamente anula el sobreseimiento de Nilda Garré (absuelta dos veces por sucesivos tribunales) y ratifica sin revisar siquiera la condena a Amado Boudou» negándole al ex vicepresidente el mismo recurso con el que benefició a los hermanos Méndez.

El nefasto Rosenkrantz.
La Corte «tiene un objetivo y brinda una señal» dice Ortiz. «El objetivo es impunidad para responsables de la represión ilegal y socios del régimen macrista, y leña y persecución para quienes se opongan al proyecto neoliberal». Ortiz recordó que «en los juicios que investigan el terrorismo de estado hay muchos imputados civiles, empresarios, personajes con mucho dinero, y para ellos es la señal: la Corte les dice estamos a favor de los grupos económicos que fueron cómplices con la dictadura, los Blaquier, los Massó y los Méndez».
Y así lo expresó en su fallo el presidente del tribunal. «El voto de Rosenkrantz es increíble porque hace borrón y cuenta nueva con todo lo actuado por la justicia argentina hasta ahora. Es un personaje nefasto e insoportable, designado por Clarín y el conglomerado económico a través de un decreto, para arrasar la jurisprudencia sobre crímenes de lesa humanidad y garantizar la impunidad de grupos económicos y cómplices civiles».
Tampoco parece casual el momento elegido. «Este es uno de los capítulos que falta completar en esta historia, porque si bien muchos represores fueron condenados, hubo una gran complicidad civil. Y este fallo escandaloso es un mensaje para todos los imputados civiles por lesa humanidad, al igual que el fallo Muiño quiso para los ex militares».

Boudou y Garré.
Los argumentos principales de Rosenkrantz se apoyan en el principio de inocencia y tratados internacionales. Pretende que «no hay un elemento probatorio directo que demuestre su participación» en el crimen de Carlos Moreno, a pesar de que se probaron los vínculos de los Méndez con las jerarquías militares involucradas, a quienes cedieron la quinta donde el abogado fue secuestrado, torturado y asesinado.
«La Corte incluso reconoce que resulta inverosímil el relato de los hermanos Méndez, pero hace valer el principio de inocencia» dice Ortiz, y contrapone «que en los casos de Nilda Garré y Amado Boudou, en cambio, no tuvo en cuenta ningún principio ni tratado internacional». «Está muy claro para qué pusieron a Rosenkraft: si se trata de civiles involucrados y cómplices de la dictadura condenados, esta Corte dirá que hay dudas y volverá todo para atrás, como ya hizo con la Masacre de Trelew. En cambio, si se trata de una persecución política ordenada por sus mentores, la Corte anulará cualquier sobreseimiento y no hará lugar a ningún recurso».
Finalmente, Ortiz recordó que Carlos «El Negro» Moreno era «un abogado joven con una importante trayectoria profesional, personal, política y familiar, que fue secuestrado, torturado y asesinado: fue un delito de lesa humanidad y que facilite su impunidad es lo más grave para esta Corte Suprema, que se ha vuelto insoportable como garantía legal y jurídica del país». Ahora el caso volverá a la Cámara de Casación Penal para que emita un nuevo fallo: «veremos qué hace la Cámara. Ojalá tenga un criterio de insistir porque hay pruebas concretas e irrefutables, y toda una jurisprudencia para defender sobre estas responsabilidades. No es indispensable la prueba directa, no es imprescindible tener la foto del imputado disparando un arma para saber que lo hizo: hay elementos, indicios, informes de pericias, testimonios y otro tipo de datos que pueden arman la historia y permiten alcanzar una conclusión».

El crimen del «Negro» Moreno
El viernes 16 de marzo de 2012 el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata integrado por los jueces Néstor Rubén Parra, Roberto Atilio Falcone y Mario Alberto Portela condenó a los ex militares Julio Tommasi, Roque Pappalardo y José Luis Ojeda, «por secuestro, imposición de tormentos y homicidio en perjuicio de Carlos Moreno». Los magistrados también remitieron el expediente a un juzgado de instrucción para que investigue la eventual responsabilidad de directivos de la cementera Loma Negra, como probables instigadores del crimen.
El tribunal dio por probado que la noche del 29 de abril de 1977 el abogado laboralista Carlos Alberto Moreno fue secuestrado en Olavarría, cerca de su domicilio, y trasladado a Tandil, donde fue sometido a sesiones de tortura. Se comprobó que cuatro días después (el 3 de mayo) Moreno huyó de la quinta donde permanecía secuestrado y pidió auxilio a la familia Bulfoni. Instantes después, se presentó una patota armada que se identificó como policía federal y solicitó a dos testigos que pidieran refuerzos a «la casa de los Méndez».
La familia Bulfoni convocó a la policía, que acudió y detuvo al militar José Luis Ojeda, miembro del grupo que había secuestrado a Moreno. Pero Ojeda fue liberado por una orden del coronel Pappalardo (emitida por radio) lo que permitió la recaptura de Moreno, que fue asesinado casi inmediatamente.
El 23 de mayo de 1977 el cadáver fue entregado a sus familiares. También quedó acreditado que el sitio donde estuvo secuestrado y lo torturaron era una quinta de los hermanos Emilio y Julio Méndez. Ambos fueron condenados como «partícipes necesarios de privación ilegal de la libertad y tormentos», convirtiéndose en los primeros civiles que fueron juzgados y condenados por crímenes de lesa humanidad.