“Esa fue una operación”

El abogado constitucionalista pampeano Andrés Gil Domínguez, docente de la UNLPam, dijo que el proyecto original elevado por el Poder Ejecutivo al Congreso para pedir el juicio político a los miembros de la Corte nunca lo incluyó como testigo. “Nunca fui citado. Acá hubo un proyecto de resolución original que ahora se va a tratar, donde yo no estaba citado. Horas después de su presentación, circuló por los medios de comunicación otro proyecto de resolución donde yo estaba citado, junto a otras personas. Esa fue una operación, que no sé a quién apunta, pero no a mí”, sostuvo.

 

El catedrático, que también dicta clases en la UBA, afirmó que no tuvo nada que ver con el proceso que desembocó en el pedido de juicio político y que por eso resulta ilógico que se lo mencionara como un posible testigo. “Las personas que deban declarar serán personas que hayan tenido que ver con todo este proceso”, sostuvo en diálogo con Radio Noticias 99.5.

 

Consultado sobre los pasos que seguirá el proyecto que el presidente Alberto Fernández elevó a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, el especialista afirmó que se viene una etapa preliminar. “Se va a realizar toda una investigación para ver si es posible aprobar un despacho de resolución, para que lo trate el plenario de la Cámara de Diputados y, si se llega a dos tercios de los miembros presentes ese día, acusar o aprobar la acusación contra los miembros de la Corte ante el Senado”, dijo.

 

“Si esto sucede -continuó-, el Senado se convertirá en el tribunal o el juez del juicio político, entre las dos partes que serán la Cámara de Diputados como acusadora y los miembros de la Corte que serán quienes se defiendan. Y después, al momento de dictar el veredicto o sentencia, para destituir a los jueces de la Corte, llegada esa instancia, hacen falta también dos tercios de los legisladores presentes”.

 

Para el constitucionalista, es una posibilidad que se haga la etapa de instrucción, como también lo es que en la comisión de Juicio Político el oficialismo tenga los números necesarios, que son 16 votos, para elevar el proyecto de acusación contra los miembros de la Corte. Sin embargo fue enfático en afirmar que “hoy por hoy el oficialismo no tiene los números ni en Diputados ni en Senadores para destituir” a los supremos.

 

-¿No debería tenerlos en función de lo que se va a juzgar?

 

-Es un juicio político. Tiene una parte jurídica, donde se respetan las garantías del debido proceso, y una parte política, en la que uno reúne o no reúne las mayorías.

 

-¿Pero estamos de acuerdo en que los miembros de la Corte han cometido delitos?

 

-No. Hasta ahora la Justicia no ha establecido que hayan cometido ningún delito. Y la causal que se invoca no es la comisión de delitos en el ejercicio del cargo, sino mal desempeño en el ejercicio del cargo.

 

-¿Pero no es un delito?

 

-No. Son dos causales distintas. La Constitución las distingue muy bien. Por un lado la comisión de delito en el ejercicio del cargo y por otro el mal desempeño, que es una causal subjetiva, abierta, indeterminada que puede dar lugar a que esté motivada por múltiples causales.

 

-¿El caso concreto que le achaca el Ejecutivo que es avasallar las competencias de los otros poderes encuadra como mal desempeño o como un delito?

 

-Como mal desempeño. El problema es que esta acusación está basada en el dictado de algunas sentencias que, si bien tienen aspectos criticables, están dentro de lo jurídicamente opinable.

 

-No constituirían un delito.

 

-No, un delito no. Y tampoco mal desempeño. Considero que las tres causas, dos actuales, la del Consejo de la Magistratura y la cautelar por la coparticipación, tienen aspectos criticables pero están dentro de lo opinable. Se las puede criticar pero no es causal de mal desempeño. Para un juicio político tienen que darse una sumatoria de sentencias que en forma evidente desconozcan notablemente el derecho. Y acá no se da.

 

-¿Y la indicación del vocero de Rosatti chateando con el ministro de Larreta?

 

-Ese es otro tema. Deberá investigarlo la Justicia y eventualmente tendrá consecuencias para D’Alesandro y Robles. Al día de hoy Rosatti no tiene ninguna vinculación en esa investigación que se está desarrollando.

 

-¿No es un exceso declarar inconstitucional una ley que tenía 16 años de vigencia y poner en vigencia otra que llevaba 16 años derogada por el Congreso?

 

-La Corte Suprema y cualquier juez o jueza de la República Argentina tienen la potestad de declarar inconstitucional una ley. Ese es nuestro sistema desde que nacimos constitucionalmente. Lo puede hacer cualquier juez o jueza de oficio, sin que se lo pida nadie. La Corte ejerció esa facultad y lo que hizo fue darle un plazo muy exiguo al Congreso para sancionar una nueva ley, entonces se restablece una ley de hace 16 años. Yo he criticado eso, porque es cuestionable, pero no me parece causal de juicio político.