Imponen multa y una probation a ex dirigentes de Bomberos

A los dirigentes sospechados por irregularidades en las facturas presentadas en la rendición de cuentas de subsidios nacionales cuando estaban al frente del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Eduardo Castex, finalmente se les impuso -tras un pedido de suspensión del proceso a prueba donde admiten su responsabilidad- el pago de $ 30.000 y realizar 60 horas de trabajo comunitario.

 

La resolución del proceso judicial, que tuvo varias idas y vueltas e incluso tuvo que intervenir la Corte Suprema de Justicia, no cayó bien en la comisión directiva, dado que las sospechas de supuestas irregularidades con "facturas truchas" habrían rondado "entre 1,5 y 2 millones de pesos", y ahora "varios años después lo solucionarán con 60 mil pesos y 120 horas de trabajo comunitario".

 

El juez de Control de la Primera Circunscripción Judicial, Carlos René Ordas, intervino en el Legajo 70311 caratulado inicialmente "Asociación de Bomberos Voluntarios de Eduardo Castex s/Denuncia", tras la denuncia radicada por los dirigentes Javier Galbiati, Héctor Roggia y Rodolfo Luis Suppo.

 

En una resolución del 27 de octubre, Ordas hizo lugar a la suspensión del proceso a prueba solicitada, en favor de Daniel Luján López y de Roberto Gustavo Palazzetti, por un año, lapso durante el cual no podrán cometer nuevos delitos. En la Justicia se detectaron irregularidades "en las facturas presentadas en la rendición de cuentas respecto de los subsidios otorgados por el Ministerio de Seguridad de la Nación" a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Castex, para "la adquisición de equipamiento que, no obstante, no se encontraría en el patrimonio de la institución".

 

Los dos ex dirigentes ahora tendrán la obligación de depositar $ 30.000 en una cuenta que será informada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), que se creará a partir de este legajo; y se estableció un plazo de una semana para que los ex dirigentes bomberiles realicen el depósito.

 

Además, López y Palazzetti tendrán la obligación de cumplir 60 horas de trabajo comunitario, las cuales serán acordadas entre la Unidad de Monitoreo del MPF y el municipio castense.

 

Y finalmente deberá fijar domicilio ante los estrados judiciales, de los cuales no podrán ausentarse sin previa autorización, y en su caso deberán informar el nuevo domicilio.

 

Idas y vueltas.

 

Esta resolución judicial llega después de más de un lustro, donde la investigación judicial por la denuncia de "facturas truchas" recorrió juzgados provinciales e incluso llegó hasta la Corte Suprema, donde en mayo los supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos

 

Maqueda y Ricardo Lorenzetti determinaron que las irregularidades tenían que ser investigadas por un Juzgado de Control de la Primera Circunscripción Judicial de La Pampa.

 

Los denunciados estuvieron al frente del Cuartel de BV de Castex, y cuando asumió la nueva dirigencia demoraron entre cinco y seis meses que hacerse cargo de la entidad, porque no querían quedar involucrados en "la no rendición de los subsidios" del Gobierno. Fuentes consultadas indicaron que "al menos" dos subsidios "no estaban rendidos correctamente".

 

Tras la denuncia comenzó una investigación en La Pampa, después pasó a la Justicia Federal y finalmente volvió a los estrados del Centro Judicial de Santa Rosa.

 

A partir de la asunción de la nueva dirigencia, hace cinco años, con los aportes de Nación y la Provincia y el apoyo de la comunidad castense, la institución tuvo un notable avance en la modernización de rodados, compra de equipamiento e incorporación de voluntarios.