Preocupación por el hacinamiento en las comisarías

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) llegó a La Pampa para realizar inspecciones a lugares de encierro. Tras los monitoreos, los funcionarios nacionales informaron su "preocupación" a las autoridades de los tres Poderes del Estado sobre las situación de hacinamiento en las comisarías y las malas condiciones de alojamiento que tienen las personas condenadas.

 

En 2012 se creó la ley para conformar el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, el cual comenzó a funcionar efectivamente en 2017. Durante estos cinco años, el personal se encuentra recorriendo todo el país para monitorear los lugares de encierro: comisarías, cárceles, alcaidías, geriátricos, institutos de salud mental, lugares donde hay chicos y chicas en conflicto con la ley penal y comunidades terapéuticas. "Todos los lugares donde no se pueden ir de allí por voluntad propia", explicó a LA ARENA la jefa de delegación, Josefina Ignacio.

 

"Es la primera vez que venimos a La Pampa, es una de las provincias que nos faltaban inspeccionar", señaló y agregó que "no hacemos inspecciones por una cuestión concreta, sino que trabajamos en la prevención. Hacemos trabajo proactivo para prevenir situaciones de tortura. No ante una denuncia, sino antes de que se produzca una denuncia".

 

Luego de realizar las inspecciones correspondientes, el Comité redacta un diagnóstico sobre la situación observada, que se vuelca en un informe que es enviado a los tres Poderes del Estado para recomendar posibles soluciones, propuestas de políticas públicas, reformas de ley, programas.

 

"Trabajamos de manera articulada con las autoridades y nos ponemos a disposición para mejorar las condiciones de encierro y garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad, prevenir la tortura y los malos tratos. Hacemos entrevistas confidenciales con las personas que se encuentran en esos espacios", manifestó.

 

En La Pampa.

 

En Santa Rosa, los y las inspectoras recorrieron las Comisarías Primera, Segunda y Tercera, la Alcaidía, el Instituto Provincial de Educación y Socialización de Adolescentes (Ipesa), la Clínica de Psicopatología Imago y la Unidad 4. En General Pico, visitó la Comisaría Tercera, la Alcaidía y la Unidad 25 del Instituto Correccional Abierto. En General Acha inspeccionó la Alcaidía y en Toay la Comisaría Departamental. Además, se reunieron con autoridades provinciales, además de diputados y diputadas.

 

Aseguró que vieron "con mucha preocupación las comisarías" porque "hay muchas más personas alojadas que las que corresponden por la capacidad. Pero además hay muchos condenados cumpliendo sus condenas en esos lugares que no están preparados para ello porque son alojamientos transitorios".

 

Ignacio apuntó a que "las comisarías no respetan ningún estándar ni ninguna de las recomendaciones de cómo deben ser los lugares de alojamiento provisorio". Explicó que la problemática fue informada a las autoridades quienes "reconocen el problema". En ese marco, mencionó otra dificultad y es que "la provincia no tiene sistema penitenciario propio, por lo que no depende de la autoridad provincial generar los cupos en el sistema federal". Asimismo, las autoridades "están dispuestas a encontrar una solución".

 

-¿Cuánto es el tiempo máximo que una persona condenada puede estar en una comisaría?

 

-La semana pasada en el Congreso presentamos lineamientos sobre lo que hay que respetar en estos lugares para que mínimamente una persona pase bien el tiempo que tiene que pasar. El tiempo es muy acotado, pero de ninguna manera puede haber una persona condenada en una comisaría. Cuando una persona está condenada, la Ley de Ejecución Penal establece que debe acceder a ciertos derechos como tratamiento, educación, trabajo y en estos lugares no hay nada. En la comisaría solo hay personal policial que no está preparado para custodiar personas condenadas.

 

Soluciones.

 

Si bien aseguró que el problema es "complejo" y que "no tiene una solución inmediata", la funcionario destacó el comienzo del diálogo con la provincia para analizar cómo resolver las cuestiones. "Ya sabemos que están trabajando en un convenio con San Luis y que están esperando unos cupos del servicio penitenciario federal. Hay algunas líneas de trabajo para descomprimir las comisarías", resaltó.

 

Por otro lado, celebró que pudieron llevar adelante entrevistas confidenciales con las personas detenidas. "Se pudieron hacer sin ningún problema, en otros lugares no es tan sencillo porque son más reticentes el poder acceder a esa información", aseguró.

 

En ese contexto, insistió con que les "sorprende" el tiempo que están las personas detenidas en las comisarías, "algunas de ellas están hace meses y muchas condenadas". Además, hizo hincapié en que muchas de las condenas son cortas y que algunas de las personas "prefieren quedarse en las comisarías en lugar de irse a una unidad penal. Si uno tiene en cuenta la voluntad de las personas, hay que mejorar las condiciones de alojamiento".