Promueven modificación legislativa

Mediante una iniciativa conjunta, el IPAV y la Secretaría de Mujer, Género y Diversidad promoverán una modificación legislativa que permitirá desadjudicar las viviendas sociales a hombres condenados por violencia de género o abuso sexual. "Iniciamos el expediente y avanzamos con su proceso administrativo. El IPAV ya tomó intervención, el texto volvió a la Secretaría General, y la semana que viene podría estar ingresando a la Cámara de Diputados", anunció Liliana Robledo.

En diálogo con Radio Noticias (FM 99.5), la titular del área de género explicó que "el trabajo para empoderar a las mujeres muestra dos ejes principales: primero un empoderamiento económico a través del proyecto para que los salarios familiares pasen a ser percibidos por quienes tienen a cargo a sus hijos e hijas, y en segundo lugar esta iniciativa destinada a resguardar su situación habitacional".

"Es un tema relevante y trascendental y La Pampa sería la primera provincia donde se implementará", anticipó Robledo. La funcionaria recordó que "en algunas reuniones sostenidas con Erica Rivoira (gerenta de Planificación y Adjudicación del IPAV) evaluamos la conflictividad generada por situaciones de violencia que obligan al desarraigo de la víctima, porque su victimario no quiere abandonar la vivienda".

Nueva causal.

El proyecto consiste en "sumar a las causales de desadjudicación ya existentes, falta de pago o que no estén siendo habitadas, que las personas condenadas con sentencia firme por abuso de menores y violencia de género puedan ser desadjudicados en los casos de uniones convivenciales". La norma no podría aplicarse para los matrimonios formalizados, porque "en esos casos existen derechos y garantías consagrados por leyes nacionales y corresponde un abordaje legal diferente", aclaró.

Robledo recordó que "para acceder a viviendas sociales uno de los requisitos es conformar un grupo familiar" y consideró que "cuando una persona rompe o atenta contra ese grupo familiar, existe una causa suficiente para que la vivienda sea desadjudicada y pase automáticamente a la persona que tiene a cargo el grupo familiar".

Y lamentó que "hasta ahora, ante graves causas por violencia, al no poder desadjudicar las viviendas se buscan acuerdos para que puedan seguir viviendo allí los niños hasta cumplir su mayoría de edad. Pero luego hay que venderla, por lo cual son situaciones que van en desmedro del grupo familiar", refirió.