Municipio castense firmó un convenio con los demandantes

El juicio iniciado por dos productores rurales contra la Municipalidad de Eduardo Castex porque sufrieron daños en sus predios por las obras de canalización que se realizaron para preservar el casco urbano durante las históricas inundaciones de 2001, tuvo algunas aristas muy particulares. Pero, por estas cuestiones de la denominada "industria del juicio", lo más llamativo es que los ruralistas que sufrieron inundaciones en sus campos cobraran menos que los peritos y abogados intervinientes en el proceso judicial que comenzó en 2003.
El intendente Julio González, el secretario de Gobierno local, Julio Rodríguez, y el asesor legal municipal, Marcelo Steimbauer, firmaron ayer el convenio de pago con los productores Raúl García y Relmo Ferrero y el representante legal de ambos, Ariel García.
El acuerdo, como anticipó LA ARENA en la edición del domingo, será de nueve cuotas mensuales de 75 mil pesos y una cuota final de 60 mil pesos. Así totaliza un monto final de $735 mil, de los cuales los productores cobrarían sólo $370 mil, lo que representa exactamente el 50,34%. El restante casi 50% será para una parte de los abogados intervinientes y los peritos que actuaron en la demanda civil.
Pero, además este acuerdo de pago es parcial, es que no están incluidos los honorarios de tres peritos y del ex asesor legal municipal, Rodolfo Luis Suppo, que sumarían otros $160 mil. Sumando la totalidad de los costos judiciales, la comuna tendrá que desembolsar para terminar con esta demanda el monto de 895 mil pesos, y los productores que sufrieron las inundaciones de sus campos y posteriores temporadas sin poder producir en sus predios, solamente recibirían el 41,57%.

Anuncio oficial.
El jefe comunal convocó a una conferencia de prensa en su despacho, para anunciar que finalmente "acordamos el pago del histórico juicio que mantenía la municipalidad y a partir de ahora se levantarán todas las medidas cautelares que están trabadas sobre los bienes municipales".
"Empezaremos a pagar esta deuda por un juicio que comenzó en 2003 por las inundaciones de 2001, y tenemos que recordar que cuando asumió esta gestión nos encontramos con la sentencia firme y transcurridos 15 meses se ejecutó la sentencia y se embargaron y secuestraron bienes que son propiedad del municipio", dijo González.
Admitió que el compromiso suscripto limitará las finanzas municipales. "Nosotros queremos honrar la deuda como siempre dijimos, pero será el máximo esfuerzo que hará el municipio durante un año porque tenemos que seguir prestando servicios y pagar los salarios. Queríamos llegar a un acuerdo para empezar a mirar hacia delante trabajando en la gestión, y los concejales también lo entendieron de esta manera", afirmó.
González cuando se inició esta demanda era concejal del PJ. "La gestión municipal de aquel entonces preservó el casco urbano, y los productores que se sintieron perjudicados tenían la Ley que los amparaba para hacer un reclamo económico, y los juicios de valor quedan de lado en estos momentos. El tiempo transcurrió y hace mucho tiempo que la sentencia estaba firme, pero nosotros hubiéramos pretendido que alguna parte de esa deuda ya se hubiera venido pagando para evitar la ejecución de la sentencia, porque subió el costo económico que se debe abonar", concluyó.