Licitarán obras finales en General Acha

Las tareas inconclusas por la rescisión del contrato, posibilitarán en corto tiempo habilitar el área de ampliación de la sede judicial de la Tercera Circunscripción. Los recursos de la liquidación final, se afectarán a los salarios no cobrados por los obreros.
Mediante el decreto 441, el gobierno de La Pampa oficializó la rescisión del contrato con la empresa Constructora del Oeste, que tenía a su cargo la obra de ampliación de la sede judicial, cabecera de la Tercera Circunscripción sobre la calle Don Bosco de esta ciudad. El acto administrativo tuvo lugar el 14 de marzo y se ratificó en los primeros días del corriente mes.
La resolución original había imputado a la firma representada por su socio gerente, Lucas Alfredo Pérez, "por haber incurrido en las causales de rescisión previstas en la Ley General de Obras Públicas y sus modificatorias".
La decisión provino luego de una supervisión a cargo de técnicos de la Dirección de Inspecciones del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Además realizaron un inventario de herramientas y materiales halladas en el obrador de referencia, sobre los que efectúan una valuación convencional, sin aumento de ninguna especie.

Salarios.
Luego faculta a la Contaduría General de la provincia a efectuar el depósito en la cuenta Fondos de Terceros de la Delegación de Relaciones Laborales de General Acha, hasta el monto resultante de la liquidación final establecida, previas retenciones impositivas, para ser destinado al pago de la liquidación homologada por parte de la autoridad laboral provincial, de los salarios y aportes adeudados por la obra en cuestión, como asimismo de las indemnizaciones por liquidación final resultante de la rescisión contractual, a efectos de formalizar los pagos correspondientes.
Cabe señalar que al momento de la clausura del obrador, prestaban servicios dos empleados, mientras que varios otros habían sido despedidos a fines del año pasado, sin que al patronal cumpliera con los requisitos formales, según denunciaron los propios operarios.

Acciones judiciales.
Por otra parte, en el mismo decreto se encargó a la Fiscalía de Estado -si correspondiere- a la iniciación de las acciones judiciales contra Constructora del Oeste por los daños y prejuicios que la rescisión del contrato pudiera haber ocasionado al erario provincial, y ulteriormente la ejecución judicial de las garantías rendidas por la contratista.
También autoriza al director general de Obras Públicas, a emitir los actos administrativos necesarios para proceder a la determinación y aplicación de las multas contractuales correspondientes, con pérdida de las garantías pertinentes en caso de que la contratista no proceda a su cancelación.
La decisión pasó a conocimiento de la Dirección del Registro Permanente de licitadores de Obras Públicas de la provincia, a efectos de la aplicación de las sanciones que pudieren corresponder.
Finalmente, el decreto encarga a la Dirección General de Obras Públicas a iniciar las actuaciones para la inmediata continuidad de las obras, encuadrando el procedimiento de selección del contratista en la excepción prevista en la Ley General de Obras Públicas de la provincia.