En Diputados quieren prohibir el trasvase del Grande al Atuel

El diputado provincial Martín Berhongaray (Frepam) presentó un proyecto de ley por el que se prohíbe cualquier trasvasamiento de caudales a partir del río Colorado y, en particular, el proyectado a partir del embalse Portezuelo del Viento, hasta tanto se concrete el trasvase compensador de no menos de 50 metros cúbicos por segundo desde el río Negro al Colorado.
El legislador hizo la presentación luego de que el gobernador mendocino Francisco Pérez insistiera en que la única salida para destrabar el conflicto por las aguas del río Atuel es la obra de trasvase del río Grande a esa cuenca, por lo que sería necesario construir Portezuelo del Viento.
"Detrás de esa idea subyace el ánimo de incrementar la superficie bajo riego en el sur mendocino a partir de la desviación de un cupo de agua con destino a la subcuenca del río Atuel", afirmó Berhongaray.
"Por otra parte -continuó-, a nadie escapa la peligrosidad que entraña la eventual exportación de caudales a partir del río Grande, toda vez que una medida de esa naturaleza impactará negativamente en la cantidad y calidad de las aguas transportadas por el río Colorado. Indudablemente, lo que suceda con los ríos tributarios afectará toda la cuenca, en especial a su principal río, el Colorado, que aún está vivo y con inmensas posibilidades futuras de aprovechamiento".
Por eso pidió en el proyecto en su artículo uno que se prohíba "la exportación de caudales correspondientes a la cuenca del río Colorado con destino a cualquier otra cuenca o subcuenca y, en forma especial, el pretendido trasvasamiento proyectado a partir del embalse Portezuelo del Viento". Y en su artículo dos "la prohibición establecida con referencia al trasvasamiento de caudales a partir de Portezuelo del Viento podrá quedar sin efecto cuando se concrete el trasvase compensador de no menos de 50 metros cúbicos por segundo desde el río Negro al Colorado, según lo prevé el Tratado del Río Colorado de 1976". Además se exige derogar "toda norma que se oponga a lo dispuesto en la presente ley".
De aprobarse la ley, el Poder Ejecutivo pampeano deberá dar a conocer esta decisión a las demás provincias signatarias del Tratado Interjurisdiccional del Río Colorado y al Ministerio del Interior de la Nación.
Berhongaray advirtió que "el progreso de una eventual obra de trasvasamiento exige la conformidad de todas las provincias condóminas, habida cuenta del carácter interjurisdiccional que revisten las cuencas hídricas aludidas. En agosto de 2013 el gobernador de la provincia de Mendoza anunció desde San Rafael la presentación del proyecto de trasvase desde el río Grande al Atuel ante un banco estatal brasileño en busca de financiamiento. Una nueva decisión adoptada en forma unilateral, pese a recaer sobre recursos naturales interprovinciales". Ahora, luego de las últimas declaraciones de Pérez en ese sentido, el legislador quiere asegurarse que eso no ocurra.

Mendoza ahora quiere a la CIAI
En Mendoza proponen que la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI) dirima el conflicto por las aguas del río Atuel entre esa provincia y La Pampa, después de décadas de desconocer las funciones y atribuciones de ese organismo.
El especialista pro-Mendoza en derecho de agua, Aldo Guarino Arias, argumentó que todos los inconvenientes se deberían dirimir en la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI), que está habilitada para instrumentar convenios que solucionen estos conflictos. También ponderó la creación de una bicameral para seguir de cerca lo que sucede con el río Atuel.
Para el profesional, el pedido de los pampeanos para iniciar un nuevo juicio contra la provincia por el Atuel es de orden semántico, ya que "ellos pretenden que se repare el daño ambiental sobre bañados y praderas naturales, el mismo argumento con distintas palabras que utilizaron en la primera demanda, cuando pidieron la aplicación de una resolución de la ex Agua y Energía Eléctrica de la Nación, que pedía por año tres sueltas de aguas, que equivalen a 1.200 hectómetros cúbicos". Las declaraciones fueron realizadas al mendocino Diario Uno.
Según el jurista, en 1983 no se utilizaba el lenguaje del derecho del agua, situación que empezó a darse a partir de la década del 90. Por ese motivo "vuelven a la carga con argumento que ya resolvió la Corte cuando falló a favor de Mendoza".
Para aclarar este punto, Guarino expresó que "no se puede modificar la economía de una provincia para beneficiar a unos pocos y lo mismo va a pasar con el trasvase del río Grande, ya que realizarlo va a generar inconvenientes en la economía de los pampeanos, que utilizan el Colorado, que es alimentado por el río Grande".
En su argumentación pro-mendocina, Guarino Arias dijo que el gobierno de La Pampa "debería explicar cuál es el uso que hace de las aguas del río Colorado, que tiene dos afluentes de mendocinos, el Grande y el Barrancas, y en ese contexto justificar por qué se opone al trasvasamiento de las aguas del río Grande al Atuel".
Agregó el jurista que también debería decir por qué "no aclara cuánto dinero recauda desde 1973 mensualmente por los Nihuiles y por qué no deja que Mendoza haga lo mismo por Piedra del Aguila".
El tercer tema que el gobierno pampeano debería explicar "es por qué no se pone en funcionamiento la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior para resolver estos temas y realizar convenios, como lo dice la Constitución de 1994".
Por último "debería agradecer que Mendoza le transfiera agua desde Punta del Agua hacia Santa Isabel".