«Tomarán medidas disciplinarias»

(Eduardo Castex) – El fiscal general a cargo de la Unidad de Delitos Económicos y contra la Administración Pública, Máximo Paulucci, confirmó ayer que la próxima semana se remitirá la resolución judicial al Colegio de Escribanos y la Superintendencia Notarial para que investigue en que faltas incurrió el escribano castense que intervino en una transacción de compra venta de dos predios rurales. «Se ordenó remitir las copias al Colegio de Escribano y Superintendencia Notarial para que tome medidas disciplinarias y administrativas y la resolución se remitirá la próxima semana porque estamos en feria judicial», relató ayer Paulucci a esta corresponsalía.
El fiscal general de la Primera Circunscripción Judicial ayer indicó que el notorio local zafó en la imputación judicial, porque en la investigación se alcanzó una «conciliación penal» y no se concretó el perjuicio contra el denunciante. «Lo publicado en La Arena es la resolución que emití y la imputación del escribano no se formalizó porque se archivó la causa porque no tuvo relevancia penal porque no se concretó el perjuicio», explicó el funcionario judicial.
En el legajo 89114 hubo dos resoluciones porque «se llegó a una conciliación penal entre el denunciante y la parte imputada que vendió la nuda propiedad y después el usufructo a otra persona, y producto de esa conciliación se dispuso el archivo de la imputación del escribano
(Jorge) Molas Pequis», dijo Paulucci.
«Ahora como estaban acreditadas todas las falsedades, puede no tener relevancia penal porque no se concretó el perjuicio, pero puede tener relevancia administrativa, disciplinaria y ética para el Colegio de Escribanos y la Superintendencia Notarial», agregó.
La conciliación penal se alcanzó porque «se hicieron nuevas actas para alcanzar el acuerdo y la causa penal no continua, pero el trámite continuará en el Colegio de Escribanos y Superintendencia Notarial», destacó Paulucci.

Marcha atrás.
El fiscal Paulucci encabezó la investigación por la denominada «doble venta» de dos campos que realizó un ex concejal del PJ y ex presidente de la Cospec Ltda de Eduardo Castex. Y que finalmente no se materializó porque se alcanzó una conciliación penal, donde las partes denunciadas tuvieron que dar marcha atrás para evitar los alcances judiciales que les podían corresponden.
La investigación que llevó adelante Paulucci pudo determinar que el escribano tenía conocimiento de la transacción que iba a realizar el ex concejal castense con un productor agropecuario local, para perjudicar a un productor de seguros castense que ya había adquirido la nuda propiedad de dos campos de 213 y 201 hectáreas.
El notario había tomado conocimiento por un correo electrónico remitido por el propietario de los campos desde un locutorio de Buenos Aires. E igualmente redactó dos instrumentos públicos donde insertó información falsa en relación a los hechos y circunstancias que los documentos, como instrumentos públicos, debían probar y dar fe», destaca la resolución judicial. Esos documentos resultaban perjudiciales para el denunciante, que es un productor de seguros local.

Allanamientos e informes.
La investigación incluyó allanamientos en un locutorio de Buenos Aires, procedimientos en viviendas y una escribanía de Eduardo Castex y un hotel de Santa Rosa. Además, se incluyeron informes bancarios, datos provistos por las compañías de telefonía celular y escuchas telefónicas dispuestas por el juez de Control, Carlos Chapalcaz.
Allí se pudo establecer que el escribano consignó que un documento se realizó en su céntrica escribanía de Eduardo Castex, cuando en realidad el 7 de febrero del año pasado, el propietario de los campos y el productor rural que pretendía adquirir los campos estuvieron en Buenos
Aires. Y en otra escritura certificó que una beneficiaria de usufructo se encontraba presente en su escribanía, cuando en realidad los informes de las compañías de telefonía celular e información bancaria determinaron que se encontraba de vacaciones en Monte Hermoso.
También está acusado de omitir cumplir con los deberes a su cargo en los artículos 5 y 23 del Reglamento de Firmas e Impresiones Digitales, dado que sacó de su domicilio profesional el Libro de Requerimientos provisto por el Colegio de Escribanos, sin autorización y sin consignar la diligencia de certificación que iba a ser cumplida en un lugar distinto. Esa diligencia la realizó para que los involucrados en la transacción pudieran firmar las actas en provincia de Buenos Aires.