Denuncian compra de testimonio

Graciana Peñafort presentará una denuncia penal porque durante el gobierno de Mauricio Macri el Programa de Protección de Testigos le otorgó fondos públicos al arrepentido Vandenbroele para que pusiera un hotel boutique en Mendoza a cambio de su colaboración en la acusación del caso Ciccone, por el que Boudou está privado de su libertad. «Compraron un testimonio. El de (Alejandro) Vandenbroele. Para condenar con arbitrariedad y al margen de la ley a Amado Boudou. Con tu dinero y el de todos. Pensá vos que pediste un crédito UVA y te matan con los intereses, que a Vandenbroele le dieron $1.500.000 sin devolución», escribió en su cuenta de Twitter Graciana Peñafort, abogada del ex vicepresidente.
Peñafort hará también una denuncia penal por lo que considera «una situación completamente anómala», que posiblemente se haya repetido con otros imputados colaboradores que comprometieron en sus declaraciones a ex funcionarios del kirchnerismo. El acuerdo para que Vandenbroele «colaborara» con el caso Ciccone, que data de noviembre de 2017, fue de los primeros que se conocieron tiempo después de la aprobación de la ley de arrepentido.
Vandenbroele, para colmo, no fue «arrepentido» en el juicio oral del llamado caso Ciccone I, sino en la instrucción de la causa de un tramo cuya elevación a juicio fue dilatada, y que comprometía a los banqueros Raúl Moneta y Jorge Brito. Sin embargo, fue tratado como tal durante el proceso que desembocó en la condena contra Boudou, donde recibió una pena atenuada (2 años de prisión en suspenso) y una mejora en su pacto con el Ministerio de Justicia.
Así lo reveló el periodista Ari Lijalad en El Destape, donde incluso publicó el legajo y las actas constan los pagos y que estaban destinados a un emprendimiento: la Posada La Masía en Chacras de Coria, Mendoza, cuya página web ayer se volvió inaccesible.

Pagos.
El director del Programa de Protección de Testigos, Francisco Lagos, había encomendado ocuparse de algunos arrepentidos que despertaban interés político, a Carlos Lansilata, antes Policía de la Ciudad. Lansilata, según los documentos revelados, pidió el 24 de agosto de 2018 $1.500.000 para Vandenbroele con este argumento: «cabe destacar que el día 07 de agosto pasado fueron condenados a prisión con cumplimiento efectivo por más de 5 años el ex vicepresidente de la República Argentina, el Sr. Amado Boudou». Todo hace suponer que era un pago por sus aportes.
El año pasado, el 9 de junio un acta señala que Lagos le otorgó $300.000 «como anticipo destinado a la instrumentación e implementación del proyecto de inversión de un desarrollo turístico, identificado como una posada bajo el nombre de Posada La Masia». El contrato de locación había sido firmado seis meses antes y figura un pago de $60.000 al dueño anterior.

Programa en duda.
El programa de Protección prevé para testigos o imputados colaboradores vivienda y facilidades, y hasta puede proveer una nueva identidad. Incluye a entrega de un pago todos los meses. En el legajo habría constancias de la disconformidad de Vandenbroele -que fue relocalizado en Mendoza- con el dinero recibido y surge de él la idea del hotel como alternativa para generarse un ingreso paralelo.
Sobre el final del gobierno de Cambiemos, la preocupación por las irregularidades en los acuerdos con arrepentidos quedó a la vista cuando a través de un DNU se intentó sacar al programa de protección de la órbita del Ministerio de Justicia, al crear una agencia de Protección de Testigos e Imputados. La primera intención fue que quedara bajo el mando de la Cámara de Casación.
La intención era bloquear la posibilidad de que el gobierno de Alberto Fernández pudiera rastrear y reconstruir qué ocurrió con los arrepentidos que implicaron a ex funcionarios del kirchnerismo. (Página12.com)