La sustitución de jueces en la mira

La semana pasada resurgió, en medio del debate nacional sobre la democratización de la Justicia, el tema de los funcionarios y magistrados sustitutos, una figura que en La Pampa se debería utilizar -según la normativa vigente- para reemplazos temporarios y ante situaciones de emergencia extrema. Sin embargo, es sabido que en la práctica, este tipo de reemplazos en los tribunales se termina utilizando para dar lugar a nombramientos sin plazo fijo, que se prorrogan durante varios meses o, inclusive, durante años.
Esa figura ha sido cuestionada, no tanto por lo que ella implica en sí misma, sino por la forma en que se ha implementado en nuestro ámbito. Desde la cúpula del Poder Judicial, pasando por el Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales y terminando en algunos legisladores, oficialistas y opositores. También hubo promesas concretas del Poder Ejecutivo de introducir modificaciones al sistema de designaciones.
Sin embargo, el paso del tiempo demostró que muchas de las expresiones no pasaron del terreno de las palabras a los hechos, porque ni desde la Casa de Gobierno enviaron un proyecto a la Legislatura, ni desde la Legislatura promovieron cambios al régimen vigente hasta hoy. Esta inveterada costumbre de pronunciar palabras bonitas que se corresponden con acciones raquíticas no debería sorprender; sin embargo sorprende, porque a pesar de los golpes, muchos pampeanos aún creen en la palabra pública, en la cosa pública.
El sentido común, pero sobre todo la necesidad de mejorar el servicio de justicia -que, es cierto, con respecto a otros distritos del país tiene muchos puntos a favor- indica que es indispensable introducir modificaciones en este mecanismo de sustitución pues a los ingresantes se les exigen menos requisitos y hasta menos pruebas de idoneidad (una palabra mencionada específicamente por la Constitución provincial) que a los titulares, quienes acceden a sus cargos pasando, al menos, por el filtro del Consejo de la Magistratura.
Un ministro del Superior Tribunal de Justicia dijo que, excepto en una investigación muy específica y de enorme impacto social como fue el crimen de Sofía Viale, no se detectaron problemas en el desempeño de jueces, fiscales, defensores y secretarios sustitutos. Puede tener una parte de la razón, pero ese argumento no puede ocultar lo anterior ni tampoco el absoluto nivel de libertad de que dispone el propio STJ para producir las designaciones. Ese procedimiento tan subjetivo también debería ser modificado.
Nadie puede desconocer que hay apellidos con más peso y relaciones políticas que otros, y que esos apellidos por lo general resultan beneficiados al momento de elegir entre quienes se inscriben anualmente en una lista sábana. Tampoco puede ocultarse el hecho de que algunos de los sustitutos no aquilatan una experiencia considerable en la actividad privada y súbitamente deben pasar a asumir la responsabilidad de quedar al frente de juzgados, en donde una sola decisión puede definir cuestiones de enorme importancia para la vida de las personas.
La necesidad de apelar a este tipo de ingresos lo marca un dato objetivo. La Cámara de Diputados, sin mirar en los antecedentes, aprobó para este año un listado de 70 magistrados y funcionarios sustitutos. De ellos, 38 se inscribieron para los fueros civil y penal. Con mucha razón, el colegio que representa a los jueces acaba de pedir públicamente que cada postulante no pueda inscribirse en ambos fueros. Se trata de especializaciones muy distintas que de ordinario no puede abordar un profesional del derecho, con la excepción de muy destacados juristas. Y que se sepa, no abundan tales eminencias en el reducido ámbito judicial de nuestra provincia.