Atuel: hechos, no palabras

Las recientes declaraciones del vicepresidente de la república sobre el problema del río Atuel, dan para ensayar algunas consideraciones. Unos días atrás, durante su estadía en Victorica, un grupo de vecinos de Santa Isabel, integrantes de la Asamblea en Defensa de los Ríos, se había acercado al funcionario para revivir inquietudes de una cuestión sobre la que las autoridades nacionales y provinciales concretan muy poco. O nada.
Es que tanto en lo dicho a su paso por nuestra provincia como en lo expresado en el ámbito de Congreso Nacional, las declaraciones del alto funcionario nacional tienen un indisimulable aspecto de ocasionales, de dichos de circunstancia.
Los asesores del vicepresidente debieron prevenirlo de que en su visita al territorio pampeano, seguramente sería preguntado sobre el tema pues la reivindicación del río robado es una lucha permanente de los pampeanos. Es que, en ocasiones, las generalidades ocultan el detalle importante y hacen caer en el error. De estar bien informado es difícil que el vicepresidente hubiera calificado, como lo hizo, de "hecho impresionante" lo relativo al tendido de fibra óptica, una obra en la que se defraudaron las expectativas del movimiento cooperativo pampeano.
Tampoco se puede, por caso, decir casi ingenuamente que "el gobierno nacional está dispuesto a intervenir para que Mendoza y La Pampa lleguen a un acuerdo y que se cumplan las resoluciones firmadas por ambas provincias". Esa respuesta tan general cubre al menos dos imprecisiones: la primera es que esa disposición es en realidad una obligación, porque se originó en un nudo que ató el propio gobierno en la década del cuarenta, cuando La Pampa era territorio nacional, estaba bajo su dependencia y debía velar por sus intereses (que eran, en definitiva, los de la Nación) y no hizo nada. La segunda imprecisión radica en que en agosto de 2008 -se van a cumplir cinco años de abulia e inacción- fue la propia Presidenta de la Nación quien avaló con su firma y presencia un presunto acuerdo sobre el agua del Atuel que, aunque netamente favorable a Mendoza, la provincia cuyana se negó a concretar. Los "distintos motivos" que impidieron cumplir el acuerdo, según señala Boudou, no fueron tales sino la mala disposición mendocina disfrazada de variadas razones y la falta de energía de Nación para persuadir a la provincia hermana.
Que al tema lo manejan actualmente el jefe de Gabinete y algún otro funcionario no es ninguna novedad; hace años que lo están haciendo sin resultados concretos. Al respecto es lícito preguntarse si los esfuerzos que dice estar haciendo el Poder Ejecutivo Nacional son acompañados por una política adecuada a las circunstancias por parte de el de nuestra provincia. La respuesta a ese interrogante es negativa, porque está a la vista que, desde hace varios años, las autoridades pampeanas apuestan únicamente a la negociación, a la vía diplomática, una instancia que, está demostrado hasta el cansancio, no conduce a ninguna parte y solo favorece la política mendocina de postergar in eternum la decisión de concretar algún acuerdo firme que implique el retorno del agua al cauce del Atuel.
En su afán de hacer buena letra, La Pampa ni siquiera ha apelado a la amenaza, posible y efectiva, de acudir a la Justicia para iniciar un nuevo juicio por daños ambientales, una instancia donde pesan razones irrebatibles favorables a nuestra provincia.
El tema del río Atuel, que este gobierno se niega a tomarlo como una cuestión de Estado haciendo oídos sordos a la voz de la comunidad pampeana, debería estar permanentemente en la agenda gubernamental, muy especialmente cuando, como en este caso, un alto funcionario del gobierno nacional deja abierta una puerta a su consideración.