La información pública ahogada por la burocracia

El gobierno pampeano ha intentando descalificar un relevamiento realizado por una institución privada que asegura que La Pampa tiene la peor calificación del país en materia de transparencia fiscal y presupuestaria. Pero el intentó duró lo que dura un fuego artificial. Porque la desmentida -"ese trabajo es poco serio", afirmó un ministro- fue inmediatamente puesta a prueba por los hechos. Y negar la realidad ya es un poco más complicado.
Para peor el funcionario pareció equivocar el tema en debate. La transparencia de la que habla esa entidad, el Cippec, refiere al acceso permanente y directo que tienen los ciudadanos para ver los números de la provincia, y no a la muestra de cifras por parte del Poder Ejecutivo cuando un diputado o la prensa lo pide.
Unas pocas horas después de la desmentida, surgió inmediatamente otro tema de evidente interés público como lo es el porcentaje de tierras rurales que en la Argentina, y en nuestra provincia, están en manos de extranjeros. Desde Nación se difundieron cifras diferentes a las que había comunicado el gobierno provincial hace un año. Cuando este diario intentó ampliar la información brindada para cotejar la disparidad de los datos que se habían divulgado desde nuestra provincia y desde Buenos Aires, otra vez se topó con el silencio.
En oposición a lo que ocurre en La Pampa, apenas bastó una llamada telefónica a un organismo público de Nación para que sus responsables se comprometan a enviar, en un tiempo prudencial, la información requerida sobre el mismo tema a este diario. El contraejemplo perfecto y la demostración cabal de que, cuando se quiere, se puede.
Para ser claros, y no recurrir a eufemismos: más allá de esta situación, es indiscutible que La Pampa no es una provincia transparente en materia informativa. Apenas alcanza, por ejemplo, con ingresar a internet para darse cuenta del escaso empeño que pone el gobierno para que los pampeanos sepan en qué se gastan los dineros de sus impuestos.
Los funcionarios parecieran obrar movidos por el permanente temor a ser descubiertos en alguna irregularidad. Así es que han pergeñado un repertorio ilimitado de excusas para evitar tener que informar acerca de sus actos de gobierno. Pero no deberían olvidar que no son los dueños del Estado, sino los representantes de un conjunto de personas que los eligió y los ubicó en el lugar que ocupan para que administren correctamente los dineros del tesoro público y para que promuevan políticas que sirvan al conjunto de la comunidad.
Lo que no parecen advertir es que el camino en cuesta abajo que viene recorriendo el gobierno desde lo informativo muchas veces termina siendo un búmeran para sus propios intereses. Tarde o temprano, antes o después, aquello que quiere ocultarse bajo siete llaves termina saliendo a la luz y generando costos políticos mayores a los cancerberos de la información pública.
La cuestión de fondo, lo más preocupante, es que no existe un convencimiento real en nuestros gobernantes de la necesidad de abrir las puertas para que circule libremente, como debe ser, la información. Mientras ello no ocurra, los caminos seguirán siendo turbios y sinuosos. Y los perjudicados, todos los pampeanos.