Una mirada con algo de preocupación

La resolución de la jueza federal de Santa Rosa de declararse incompetente para instruir la causa contra los policías sediciosos que encabezaron el amotinamiento de diciembre pasado y de trasladar esa responsabilidad a un magistrado provincial, abre un interrogante sobre el futuro de la investigación.
Más allá de las razones jurídicas y técnicas que diera la titular del juzgado y de lo que respondan, o dejen de responder, en el Poder Judicial pampeano, lo que se requiere en este caso puntual por su importancia es celeridad en su tratamiento. La misma que tuvo la fiscalía federal para promover la causa y eventualmente frenar nuevas manifestaciones de los acuartelados.
Quienes conocen en detalle las cuestiones procesales penales dirán que ningún juez ni fiscal puede ni debe dejar de analizar en primera instancia, cuando recibe una denuncia o un pedido de investigación, si es o no competente, ya sea por razones de la materia, territorialidad, conexidad, etcétera.
Nadie discute ese proceder. Sí inquieta que esta situación pueda derivar en un interminable ida y vuelta entre ambos fueros y eventualmente llegar a la Corte Suprema, provocando una tardanza injustificable frente a la gravedad institucional que significa, y significó, que un grupo de policías, algunos armados, abandonara su función específica de brindarle seguridad a los ciudadanos y tomaran dependencias públicas, más allá de la legitimidad que pudieran tener sus reclamos.
Solo es cuestión de aplicar el sentido común al analizar la situación, como lo puede hacer cualquier ciudadano que observó con preocupación el levantamiento o que hoy ve, a más de un mes de ocurrido, que ninguno de los protagonistas fue citado a declarar por un juez, sea federal o provincial. Más aún cuando quienes ocuparon durante más de un día la Jefatura de Policía están claramente identificados.
En esta historia hay actores claramente diferenciados. Por un lado los dos fiscales federales -el que estaba de turno el día de la protesta y el titular del cargo- que se movieron rápidamente y con diligencia, frente a la pasividad que mostraron sus colegas locales, a pesar de que en varios provincias fueron los funcionarios provinciales, y no los federales, quien promovieron de oficio las investigaciones.
También hubo dos juezas federales con conductas antagónicas. Una, subrogante, que dilató todo el procedimiento y adujo que no había razones de urgencia para indagar a los uniformados durante la feria -pocos actos son más graves en épocas democráticas que una movida sediciosa de las fuerzas de seguridad-, y otra, titular, que en menos de 48 horas se pronunció sobre el recurso de reposición de la fiscalía pidiendo avanzar en la causa en el período de vacaciones.
Ahora la responsabilidad quedó del lado de los funcionarios judiciales del fuero provincial. Ellos deberán definir si afrontan la investigación o si también son incompetentes, lo que implicaría que un tribunal de alzada zanje la discusión.
Una vez más es necesario dejar en claro que no se objetan los fundamentos que puedan tener en un fuero o en otro, más aún porque frente a un paso equivocado cualquier imputado puede plantear nulidades en la causa y poner más piedras en el camino. Pero lo que sí se exige, por la responsabilidad social que significa impartir justicia, es que el debate jurídico sea serio, como merece el caso en cuestión, y que no existan chicanas para estirar los tiempos procesales hasta el infinito.
Porque así como la función de la policía es velar por la seguridad física de los pampeanos, la de la Justicia es velar por su seguridad jurídica frente a aventureros que intentan desestabilizar a gobiernos a partir del poder que les confiere estar armados.