Un publicista y una empresa constructora, los vínculos con de la Sota

El juez federal de Curitiba Sergio Moro está investigando uno de los más grandes casos judiciales por corrupción en Brasil. Una empresa constructora cuyo presidente ha sido condenado y un publicista detenido, podrían estar relacionados con el ex gobernador cordobés José Manuel de la Sota.
IRINA SANTESTEBAN
En 1998, José Manuel de la Sota le ganaba por más de 10 puntos a su contrincante radical, Ramón Bautista Mestre, la gobernación de Córdoba, luego de varias elecciones provinciales en las que había resultado perdidoso. Su campaña había sido novedosa y con consignas claras, dirigidas a sectores de la población que estaban sufriendo el durísimo ajuste que Mestre había aplicado en la provincia desde su asunción en 1995.
Rebaja de impuestos y salida de la emergencia para los jubilados, fueron las promesas que más "pegaron" en aquella campaña de fines de 1998, visibles en enormes y coloridos carteles. La primera la cumplió, aunque benefició más a los grandes productores agropecuarios que a los sectores populares y las capas medias; la segunda, que consistía en derogar un decreto de Mestre que redujo los haberes jubilatorios, recién la tomó a fines de su primer mandato. Sin embargo, duraría poco ese beneficio porque al escaso tiempo tanto De la Sota como su sucesor Schiaretti, tomaron medidas que fueron desfinanciando la Caja de Jubilaciones, y perjudicando, lenta pero inexorablemente, a los pasivos provinciales.
El artífice de esa campaña exitosa del hoy tres veces gobernador de Córdoba, había sido el publicista Duda Mendonca, toda una novedad en esa campaña, De la Sota lo había traído desde Brasil, de donde venía luego de ser embajador durante el menemismo.
A Mendonca lo acompañaba Joao Santana, otro publicista reconocido porque en los últimos años trabajó en las campañas de seis presidentes latinoamericanos: Lula da Silva y Dilma Roussef (Brasil), Hugo Chávez y Nicolás Maduro (Venezuela), Mauricio Funes (El Salvador) y Danilo Medina (República Dominicana). Para quienes admiran su estilo, Santana "sabe captar y traducir la esencia popular" en sus trabajos publicitarios. Sin embargo, el publicista está detenido desde el 26 de febrero pasado, y es allí donde se puede complicar la situación para el ex gobernador cordobés.

 

Cuentas poco claras.
La esposa de Joao Santana, Mónica Moura, quien también está detenida, reconoció que su esposo abrió una cuenta en el banco suizo Heritage, a nombre de una empresa "off shore", llamada Shellbill, en 1998, para recibir el pago de sus honorarios por la campaña de De la Sota. En Brasil es ilegal abrir cuentas en el extranjero y no declararlo. Santana se excusó diciendo que no la declaró porque "no sabía en qué país tenía que hacerlo", porque estaba destinada para fondos por campañas realizadas en países extranjeros.
Las cuentas off shore se abren justamente para no declarar la residencia del titular, ni la proveniencia de los fondos que se depositan. Aunque son legales, están en realidad, en una "delgada línea roja", porque en la mayoría de los casos se trata de cuentas con fondos provenientes de actividades ilícitas, y se utilizan para el lavado de dinero.
El legislador del Frente Cívico de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, integrante de Cambiemos, le pidió la semana pasada al fiscal federal de esa provincia, Enrique Senestrari, que investigue la "ruta del dinero" de esa cuenta en el banco Heritage, para saber sus movimientos, y si los depósitos coinciden con las fechas de las campañas electorales de De la Sota.
Aunque Moura no lo ha dicho, es probable que esa cuenta haya servido también para depositar los pagos de otras campañas publicitarias que realizó Santana para otros candidatos latinoamericanos.

 

Gasoductos que huelen feo.
Otra causa que roza al ex candidato presidencial es la que llevó a la condena a 19 años al empresario brasileño Marcelo Odebrecht, ex presidente de la compañía del mismo nombre, la más grande constructora de Brasil, y ganadora de importantes licitaciones de obra pública en varios países de América Latina.
De la Sota tuvo siempre estrecha relación con empresarios brasileños, anudada en sus años como embajador en ese país. En su último mandato, el hoy ex gobernador impulsó el proyecto de gasoductos troncales en la provincia, una obra con un costo de 257 millones de dólares que sería financiada con fondos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil. Ese emprendimiento no pudo concretarse por la negativa del gobierno kirchnerista a suscribir los avales que necesitaba Córdoba para su financiamiento. Ese no de la entonces presidenta Cristina Fernández, fue parte de su enfrentamiento con De la Sota.

 

Sobornos.
"Lava Jato" es la investigación judicial más grande sobre corrupción que se está llevando a cabo en Brasil, y que ha involucrado al ex presidente Lula da Silva, quien fue detenido por algunas horas la semana pasada, para llevarlo a declarar a una comisaría.
Aunque esa decisión judicial ha sido cuestionada porque objetivamente le ha dado impulso a la embestida contra el PT y el gobierno de Dilma Roussef, los casos de corrupción existieron y se han realizado juicios con condenas. Entre ellas, la que debe cumplir el empresario Marcelo Oderbrecht, ex presidente de la empresa del mismo nombre, involucrada en pagos de sobornos para quedarse con obra pública en Brasil y en diversos países. Oderbrecht ha sido condenado a 19 años de prisión, y no es el único empresario detenido.
Lo que hasta ahora no ha podido comprobarse es que esa cadena de sobornos haya llegado hasta el ex presidente, y la forma en la que fue detenido para tomarle declaración, muestra una actitud revanchista, y tendiente a desprestigiarlo para obstaculizar su decisión de volverse a presentar como candidato a la presidencia.

 

El "arrepentido".
En la causa judicial, ha sido determinante la declaración de Alberto Youssef, un "arrepentido" que está detenido desde marzo de 2014, y que habría actuado como un gestor en el pago de las supuestas coimas.
Según el sitio web de la BBC-MUNDO (27/02/2016), en la oficina de Youssef se encontró una lista de 747 obras en las que la constructora Odebrecht y sus subsidiarias debían pagar "propinas", que es como llaman en Brasil a los sobornos.
En esa lista, en las páginas 22 y 23, figuraba la obra de los gasoductos troncales de Córdoba, y aunque después la obra no se concretó, sí quedó en el papel de Youssef el compromiso de pago de los sobornos, aunque no se detallan sus beneficiarios, sólo se lee "Luis Leandro 28 millones de dólares".
Cuando se conoció esta información en Córdoba, los entonces legisladores Aurelio García Elorrio (Partido Vecinal), Ricardo Fonseca y Liliana Montero (juecistas), el socialista Roberto Birri y el kirchnerista Javier Preto, presentaron una denuncia ante el fiscal Anticorrupción Gustavo Hidalgo, pidiendo que mediante un exhorto se determinara si se había cobrado el soborno y quién lo había percibido. Pero Hidalgo archivó la causa.
En esa obra había dos uniones de empresas (UTE) que participaron de la licitación: una, integrada por la brasileña Andrade Gutiérrez (cuyo presidente, Otávio Azevedo está preso), Iecsa y Britos. La otra UTE estaba integrada por la empresa brasileña OAS (su presidente, José Aldemario Pinheiro Filho, también está preso) y Electroingeniería, empresa cordobesa con vínculos con el kirchnerismo.
Las empresas OAS, Andrade Gutiérrez y Oderbrecht, están consideradas las más grandes constructoras de Brasil en materia de obra pública, y sobre ellas pesan fuertes sospechas de haber accedido a grandes contratos mediante sobornos. Según la BBC, el fiscal de la investigación, Carlos dos Santos, considera que Andrade Gutiérrez y Oderbrecht tenían "el dominio de todo".

 

Gasoducto en marcha.
Hace algunas semanas, el gobernador Juan Schiaretti anunció que estaba adjudicada en diez tramos, la obra de los gasoductos troncales, una promesa de su campaña electoral.
¿A qué empresa le fue adjudicado el mayor tramo del gasoducto? A Oderbrecht, sobre la cual pesan las sospechas por corrupción que se investigan en el caso "Lava Jato", y cuyo ex presidente ha sido condenado a 19 años de prisión por lavado de dinero y pago de sobornos.
El legislador Juan Pablo Quinteros, del Frente Cívico, integrante de Cambiemos, ha pedido al fiscal federal de Córdoba, Enrique Senestrari, que investigue "la vinculación del ex gobernador José Manuel de la Sota con la causa judicial que se investiga en Brasil", conocida como "Lava Jato" (La Voz del Interior, 7/03/2016).
Según Quinteros, la Justicia debe investigar las vinculaciones de esa causa judicial en Córdoba, pues entiende que se "ejecutaron acciones similares a las investigadas en el vecino país y la trama de corrupción tuvo su espejo en nuestra provincia", acusando al ex candidato presidencial de ser su director y organizador.
Para el legislador juecista, es presumible que la cuenta en el banco suizo Heritage haya continuado activa y que Santana continuara recibiendo pagos por sus campañas, y por ello le pide al fiscal Senestrari que exhorte a la Justicia brasileña para que aporte los movimientos de esa cuenta y corroborar si hay depósitos que coincidan con las campañas de De la Sota en Córdoba.
Quinteros menciona un dato que fue conocido en su momento en la provincia, y es que en la declaración de los fondos de la campaña presidencial de De la Sota, figuraba un "donante anónimo" por cinco millones de pesos. Como la ley electoral prohíbe donaciones anónimas, se rectificó la declaración y se consignó que eran "170 aportantes individuales", por un valor aproximado de 30 mil pesos cada uno.

 

Todo queda en familia.
La denuncia de Quinteros no cayó bien en el bloque legislativo provincial de Cambiemos, porque además de Oderbrecht, otras dos empresas participan de la obra del gasoducto troncal. Una de ellas es del primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, y cualquier mancha en el proceso licitatorio también podría alcanzarlo. Macri ha anunciado que respalda la obra de los gasoductos.
Por otra parte, Odertrecht también ha sido beneficiada con obras adjudicadas por el gobierno nacional, como el soterramiento ferroviario desde Once a Moreno, en la provincia de Buenos Aires, por 5.100 millones de dólares; y la obra de cloacas en Berazategui, por 820 millones de dólares.