Una reforma previsional a la medida del Fondo Monetario Internacional

De las tres reformas que pretende aprobar en el Congreso Nacional el gobierno de Cambiemos, la previsional es la más cruel, porque ataca directamente a un sector vulnerable, como son los jubilados y los beneficiarios de pensiones y programas sociales.
IRINA SANTESTEBAN
El veto a la ley que establecía el 82% móvil para los jubilados, fue quizás la medida que más duramente se criticó a la ex presidenta Cristina Fernández durante su mandato. Sin embargo, la situación de los argentinos y argentinas en situación jubilatoria mejoró mucho durante los ocho años de gobierno de CFK. La Argentina pasó de tener una cobertura previsional apenas superior al 50% de la población mayor de 65 años, a la actual, que es de aproximadamente un 92%, la mayor de América Latina e incluso se ubica entre las mejores del mundo.
Corría el año 2010 y los entonces opositores Mauricio Macri y Elisa Carrió, fueron implacables con aquella medida. Hoy, el gobierno de Cambiemos, propone una reforma previsional que va a afectar a un universo de 17 millones de personas, entre jubilados, pensionados y beneficiarios de programas de asistencia social, como la Asignación Universal o de empleo.

 

Lo dice el FMI.
El año pasado, en el mes de septiembre, una misión del Fondo Monetario Internacional, encabezada por el italiano Roberto Cardarelli, produjo un informe en el cual la cuestión previsional era uno de los ejes más importantes. El FMI volvía a inspeccionar las cuentas del país, tras el corte producido en 2006.
Según Jorge Velázquez (Ámbito, 13/11/2017), la reforma previsional que el gobierno de Cambiemos presentó como proyecto y que tiene dictamen favorable del plenario de la Comisión de Trabajo y Previsión del Senado, se basa en la propuesta del FMI. Pero, por las lógicas resistencias que ello acarrearía entre la ciudadanía, se ha acordado "mantenerlo en secreto".
Son varios los objetivos del gobierno de Macri en relación a la reforma previsional: uno de ellos es modificar a la baja la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios y demás pensiones no contributivas, para "ahorrar" unos 100.000 millones de pesos al año. Esa meta figuraba entre las principales y ocupaba 10 páginas del informe del FMI, que fue publicado en noviembre del año pasado. Una de las primeras recomendaciones del organismo para la Argentina era precisamente la necesidad de cambiar el modo de ajustar las jubilaciones.

 

Reforma con ajuste.
El sistema previsional constituye una de las partes más gravosas del gasto público, y por ello es una "mala palabra" para los funcionarios de Cambiemos y su filosofía económica neoliberal. Es por ello que el gobierno está poniendo todo su esfuerzo, con la ayuda de los medios de prensa que "bajan línea" y ocultan las consecuencias de esta reforma, para que la ciudadanía, incluidos los beneficiarios del sistema, se convenzan de que estos cambios "son necesarios".
Así, el diario La Nación, en su edición del 4/11 pasado, publicó un artículo titulado "La edad jubilatoria ante la crisis del sistema previsional", para justificar por qué hay que avanzar hacia el aumento de ésta, como una consecuencia de la mayor expectativa de vida de la población, y la imposibilidad de afrontar el costo del sistema.
Basándose en hechos reales como los cambios demográficos y la relación entre la cantidad de aportantes y de beneficiarios, se pretende modificar derechos adquiridos por los argentinos en los últimos años, ocultando que, si hay desfinanciación en el sistema, los grandes responsables son los empresarios que tienen trabajadores en situación irregular (sin aportes), los grandes evasores (a quienes se beneficia con "blanqueos") y la disminución en los aportes patronales, entre otras medidas que afectan el sistema previsional.
Una de las primeras medidas que tomó el presidente Macri al asumir, fue la eliminación/baja de retenciones a los sectores agroexportadores, que provocó que el Estado dejara de recaudar unos 70.000 millones de pesos durante 2016. Hoy, con los cambios en el sistema previsional, se pretende reducir unos 100.000 millones de pesos del presupuesto destinado a los jubilados para 2018. Es que, aun cuando haya ganado las elecciones, Macri y su gabinete gobiernan "para los ricos", aunque en su discurso duranbarbiano predique que "lo estamos haciendo juntos".

 

Setenta años no es nada.
El artículo de La Nación es claro en su intención de mostrar uno de los aspectos centrales de la reforma, como una "consecuencia natural" de los cambios sociales. El aumento en la edad jubilatoria, hoy fijada en 60 años para las mujeres y 65 para los varones, para llevarla a los 70 años, es uno de los objetivos del proyecto.
Es cierto que la esperanza de vida en la Argentina ha aumentado en más de 10 años en los últimos 50 años pero para el diario oligárquico mencionado, el hecho más gravoso para nuestro sistema previsional fue la jubilación de más de 3 millones de argentinos y argentinas que no habían realizado aportes. Lo que para LN es un hecho negativo, para esas personas fue una medida extraordinaria: poder contar con un ingreso mensual luego de una vida de trabajo informal, sea en tareas domésticas (jubilación del ama de casa) o en trabajos informales, en ambos casos sin ser responsables de la no realización de los aportes previsionales.
Esa medida, que llevó a la Argentina a un puesto honorífico en materia de cobertura jubilatoria de su población mayor de 65 años, no ha sido valorada por una amplia masa de beneficiarios, que votaron el "cambio" propuesto por el PRO-Cambiemos. Las consecuencias de esa decisión serán devastadoras, porque la perspectiva para la mayoría de los jubilados y pensionados, sobre todo para quienes perciben el haber mínimo, será una paulatina pérdida del valor adquisitivo. Si a ello le sumamos las quitas en otros beneficios que tenía el sector, como los medicamentos gratuitos de la obra social PAMI, eliminados en su gran mayoría por este gobierno, el panorama para nuestros viejos y para nuestro futuro, es desolador.

 

Pacto Fiscal.
Para la aprobación del proyecto de reforma previsional en el plenario de comisiones del Senado, fue imprescindible acordar antes con los gobernadores, quienes firmaron el Pacto Fiscal, que incluye, entre otras medidas, recursos para las provincias, pero a cambio de aceptar los cambios que el gobierno pretende en esta materia. Es que once provincias tienen sistemas jubilatorios propios, porque no transfirieron sus cajas provinciales al sistema nacional de la Anses. De esta forma, a cambio de esos recursos, se producirán cambios previsionales, en un sentido regresivo, suprimiendo regímenes más beneficiosos, que para los gobernantes son "privilegios", pero que en realidad son "derechos conquistados" por los aportantes, que son los trabajadores.
Las jubilaciones y pensiones móviles están previstos en la Constitución Nacional y en las provinciales, y no pueden ser modificados a la baja, porque podrían ser atacados de inconstitucionales. Sin embargo, en nuestra historia reciente, los poderes judiciales provinciales no siempre se pronunciaron en el sentido de sostener esos derechos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, durante los gobiernos kirchneristas, tuvo varios fallos favorables a los derechos de los jubilados, obligando al Estado nacional a pagar los juicios. Sin embargo, luego de la "reparación histórica", que sólo benefició a un universo reducido de jubilados, es muy poco probable que la Corte Suprema acoja favorablemente reclamos por reducciones en los haberes jubilatorios, porque en realidad no serían rebajas sino menores aumentos, impuestos por leyes.

 

Menos aumentos.
La fórmula actual para el cálculo de los aumentos jubilatorios fue otro de los aciertos de la ex presidenta, que produjo una recomposición de los haberes de un 30%, por encima de la inflación, desde que fue impuesta en 2009, cuando era director de la Anses el hoy detenido Amado Boudou. Ese cálculo se hacía tomando el índice de evolución de los salarios y la recaudación del sistema.
Ahora, el proyecto presentado por Cambiemos en el Congreso propone que la movilidad jubilatoria se base en la inflación medida por el Indec, con aumentos trimestrales, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, a partir de 2018. También se agrega un bono, atado al crecimiento de la economía nacional, que sería un incremento adicional del 5% de la variación porcentual real del Producto Bruto Interno (PBI). Para el periodista económico del diario "Clarín", Ismael Bermúdez, este bono por el crecimiento de la economía sería mínimo. Por ejemplo, si en 2018 el PBI aumenta un 4%, los jubilados tendrían una mejora del 0,002%, por lo que una jubilación de $ 10 mil tendría un adicional de 20 pesos.
Lo más grave es que el pretendido "ahorro" que el gobierno lograría con este ajuste sobre los jubilados, iría completo, los 100.000 millones de pesos, en dos años de aportes, a la provincia de Buenos Aires. El colofón es previsible: quebrar el sistema previsional solidario y dar un paso atrás, hacia la privatización y las tristemente célebres AFJP.