Funcionario privatista

Redaccion 15/10/2021 - 21.07.hs

Suele ocurrir que, disimulados entre el laberinto burocrático, aparecen personajes en cargos de jerarquía que, más o menos disimuladamente, confrontan con las líneas políticas oficiales y se manifiestan en contra de los intereses del Estado. Para ellos y los sectores que representan, la palabra Estado alude a un ente que, a lo sumo, puede servir para el beneficio de las grandes corporaciones, como se demostrara sobradamente durante el gobierno macrista. De acuerdo a medios periodísticos porteños uno de esos funcionarios es el actual Secretario de Minería de la Nación, quien desempeña un cargo estratégico para los intereses del país.
El auge creciente del litio en el mundo como mineral codiciado para el desarrollo de la industria electrónica ya es un hecho fuera de discusión, y ha situado a la Argentina en una posición privilegiada por la notable envergadura de sus yacimientos. De hecho el país cuenta con la segunda reserva mundial y se ubica en cercanías físicas y políticas de Bolivia, que cuenta con las mayores reservas en el planeta.
Para un país como el nuestro, que creció en buena medida favorecido por la estructura de empresas estatales en el área de los combustibles, qué mejor oportunidad de utilizar esa experiencia para lograr el manejo y la producción de un mineral fundamental para nuestro desarrollo. Consultado por el periodismo, el secretario de Minería descartó toda posibilidad de estatizar el litio, y menos aún de «crear una empresa minera estatal». El funcionario no ha ocultado su admiración por la megaminería desestimando su incidencia negativa en el medio ambiente; y tanto él como algunos funcionarios de su cartera se han expresado en forma crítica hacia las leyes de protección ambiental que rigen en algunas provincias argentinas. Y esto en un país en donde las grandes explotaciones mineras han provocado más de un desastre afectando glaciares, contaminando cursos fluviales y sobreexplotando las aguas subterráneas.
Este influyente funcionario -«fóbico a todo lo estatal», como lo define un diario porteño- ya había tenido una participación negativa en otro importantísimo proyecto: el de la llamada Hidrovía del Paraná. El engendro vigente en la actualidad, nacido y expandido al calor de las políticas neoliberales, es generador de fabulosas ganancias privadas ante las propias narices de un Estado bobo que no controla nada y percibe apenas migajas. El funcionario en cuestión se manifestó absolutamente contrario a cualquier tipo de intervención pública, apelando al antiguo y gastado concepto de que «el Estado es mal administrador». Si esa mirada es la que termina imponiéndose, ante la renovación de los contratos de concesión, se está abriendo la puerta a una continuidad de los ruinosos negocios actuales.
Desconcierta la presencia de esta clase de funcionarios en una estructura gubernamental cuya conducción ha manifestado una inclinación diferente. Cómo hacen para sostenerse en una estructura política que apunta hacia otra dirección, es un misterio. Lo que señalan algunos medios es que, además de comulgar con las ideas neoliberales manifiestan simpatía por el capital concentrado, una «protección» no hace más que sembrar desconfianza.

 


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