Atuel: otra jugada sucia de Mendoza

La negativa de Mendoza a instalar equipos para medir caudales en la cuenca del río Atuel es otra prueba más de su irreflexiva postura y, todavía peor, de su mala fe. La propuesta no surgió de un capricho sino de la voluntad de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación de dar cumplimiento a lo que estableció la sentencia de la Corte Suprema de Justicia emitida en julio del año 2020.

Ese instrumental es imprescindible para tomar mediciones del escurrimiento del río, a lo largo de diferentes puntos de su cauce, con el propósito elemental de conocer mejor el comportamiento de sus fluctuaciones a lo largo del año o de períodos mayores. La recolección de esos datos sirve para realizar evaluaciones de los ciclos hidrológicos, proyecciones de obras, planificaciones del uso racional del recurso, profundizar investigaciones científicas y técnicas, etc. En pocas palabras, es lo que se realiza en toda cuenca hídrica que se desee conocer para mejorar su aprovechamiento en beneficio del ambiente y del ser humano. Así de simple y de contundente.

Queda claro que a Mendoza no le interesa mejorar su vetusto sistema de captación de datos. Peor aún, todo indica que es una política deliberada para seguir manipulando información de calidad muy dudosa con el propósito de continuar mintiendo acerca de la real disponibilidad de agua en sus cuencas hídricas en general y en la del Atuel en particular.

Es tan irracional la negativa mendocina que el subsecretario de Obras Hídricas de la Nación tuvo que admitir, entrevistado por este diario, que es la única provincia del país que se niega a que Nación instale en su territorio equipamiento destinado a mejorar el conocimiento de los recursos hídricos. Es comprensible la extrañeza del funcionario nacional, en cambio los pampeanos ya estamos habituados a recibir este tipo de respuestas por parte de las autoridades mendocinas que responden a un único objetivo: postergar, demorar, aplazar cualquier decisión que implique un avance, por más leve que sea, en favor de lograr un manejo conjunto de la cuenca, un objetivo que también, en forma explícita, estableció el fallo de la Corte.

Mendoza continúa torpedeando todo intento por compartir el manejo de un río que es, sin sombra de dudas, interprovincial. Viene desconociendo una sentencia del máximo tribunal del país que ordenó la suelta inmediata de 3,2 metros cúbicos por segundo. Ni siquiera ante la presencia de representantes del Estado nacional, que es una parte activa en este conflicto, cede en su obstinada intransigencia.

De tal modo, no solo perjudica a La Pampa, a la que causó una catástrofe ambiental sin precedentes en todo el país, sino al propio sistema federal argentino. Mendoza boicotea una resolución de la Corte Suprema que intenta establecer condiciones de equidad y reciprocidad entre dos jurisdicciones provinciales, es decir, entre pares. Este alzamiento contra la legalidad, la institucionalidad, coloca a esa provincia en un estado de sublevación contra la integración territorial de la Nación. Es hora de ir pensando en sanciones económicos resarcitorias ante este cuento de nunca acabar.