Condenada de antemano por la corporación judicial y mediática

El juicio Vialidad contra la vicepresidenta Cristina Fernández, Lázaro Báez y ex funcionarios K, ingresó en su etapa final, con los alegatos.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

En esa causa, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola están formulando la acusación, luego que la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA) desistieran de continuar con la acción penal, por "falta de pruebas".

 

La defensa de CFK recusó a esos fiscales y a los jueces del Tribunal Oral Nº 2, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, por presunta parcialidad al revelarse fotografías que mostraban a Luciani y a Giménez Uriburu jugando al fútbol en el mismo equipo en la quinta "Los Abrojos" del ex presidente Mauricio Macri. Y a Mola y Gorini, por haberse reunido en diferentes oportunidades con funcionarios macristas, en la quinta de Olivos, el ministerio de Seguridad y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

 

El argumento de los rechazos fue que la amistad entre un fiscal y un juez no es motivo para hacer lugar al apartamiento. Y que jugar al fútbol en el mismo equipo no sería causal de recusación.

 

Pedir el apartamiento de un juez es un derecho que otorga el ordenamiento procesal como parte de las garantías del debido proceso. La sola sospecha de parcialidad se considera motivo suficiente para que se aparte al juez cuestionado y se designe otro.

 

Poca prueba.

 

En el juicio Vialidad se ventila la presunta desviación de obra pública a favor del empresario Báez en la provincia de Santa Cruz, en 51 obras que fueron adjudicadas a empresas de su grupo Austral. La acusación afirma que el Estado nacional, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, habría pagado sobreprecios y que la mayoría de esas obras no fueron terminadas.

 

Los delitos que se le imputan a CFK son "asociación ilícita" y "defraudación agravada", el primero con una pena máxima de 10 años y el segundo de 6.

 

Para los periodistas de Clarín, La Nación, Infobae y otros medios de la prensa corporativa, los argumentos vertidos por los fiscales son "contundentes". Otros periodistas afines al kirchnerismo, como Raúl Kollmann e Irina Hauser de Página/12, y Gustavo Sylvestre y Pablo Duggan de C5N, sostienen que no hay pruebas para fundar las acusaciones.

 

De un informe de Vialidad Nacional elaborado durante la gestión macrista de Javier Iguacel como Director, surge que no se pudo confirmar sobreprecios ni que las demoras en la terminación de las obras fueran injustificadas, por ejemplo, por la necesidad de expropiaciones previas.

 

Según Hauser, el testimonio de Angelo Calcaterra, primo de Macri y su sucesor al frente del grupo Socma, también beneficiario de obra pública desde hace décadas, confirma que la "redeterminación de precios" es una práctica habitual en la obra pública, máxime cuando hay un contexto inflacionario.

 

Lawfare.

 

Esta causa, como otras que pesan sobre CFK y otros ex funcionarios de su gobierno, fue parte del plan macrista de persecución judicial y mediática, conocido como lawfare. Hubo una "Mesa Judicial" en la que se decidían los juicios a iniciar y "Pepín" Rodríguez Simón se encuentra prófugo de la Justicia hace casi dos años, sospechado de ser quien operaba para que las causas recayeran "por sorteo" siempre en el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadío.

 

La "doctrina Irurzún" también formó parte de esas maniobras. Milagro Sala, presa desde hace más de seis años en Jujuy, es una prueba de ese acoso judicial y mediático, que encontró a jueces y fiscales dispuestos a llevar adelante acusaciones con pocas pruebas y una intencionalidad política de castigo y proscripción. Y también "periodistas" que adelantan condenas sin que haya sentencia dictada.

 

"Patria contratista".

 

Históricamente la obra pública fue el ámbito donde los grupos empresarios como Benito Roggio, Socma-Macri, Techint, etc., se beneficiaron mediante "arreglos" entre sí, con la venia del Estado. Esa matriz de corrupción no fue abordada ni modificada durante los gobiernos kirchneristas, y por ello esos empresarios de la Cámara Argentina de la Construcción siguieron haciendo grandes negocios.

 

Pero de allí a sostener la existencia de una asociación ilícita durante los 12 años de gobiernos kirchneristas, hay un trecho muy largo. La presunción de inocencia es una garantía constitucional para todo ciudadano, sea o no ex presidenta. No es la defensa quien tiene que probar la inocencia. Son los fiscales quienes, en base a la prueba existente en el juicio, deben sostener la acusación con un grado de certeza, sin que pueda haber dudas. Es la base del principio "in dubio pro reo".

 

La negativa a auditar toda la obra pública como pedía CFK, y no sólo cinco de las 51 adjudicadas a Báez en Santa Cruz, indica intencionalidad judicial de condenar a la vicepresidenta.

 

En la causa de las fotocopias de los cuadernos del chofer Centeno, muchos empresarios de la construcción reconocieron que fueron "apretados" por Stornelli y Bonadío, para que declararan sobre las coimas que les pedían los funcionarios. Al que confesaba lo dejaban en libertad, y a los que no, como Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, lo mandaban preso.

 

En el juicio Vialidad declararon como testigos Alberto Fernández y Sergio Massa, hoy parte de la coalición de gobierno junto a Cristina. Sus testimonios negaron la existencia de los cargos de la acusación, durante los gobiernos de los que fueron jefes de Gabinete en diferentes períodos.

 

Condena adelantada.

 

Es muy probable que, como ha denunciado la vicepresidenta, su sentencia condenatoria ya esté escrita, confirmando la persecución judicial de la que es objeto hace años, desde el gobierno macrista, pero que continúa hoy, con ella en el Poder Ejecutivo.

 

Ello no hace más que confirmar que el Poder Judicial sigue siendo una pata del verdadero poder en la Argentina, que no se desarmó ni durante los tres gobiernos kirchneristas de 2003-2015 y tampoco ahora, que gobierna el Frente de Todxs desde diciembre de 2019.

 

Ni el presidente ni la vicepresidenta fueron capaces de impulsar una reforma judicial a fondo, ni siquiera la versión tímida que se redactó y nunca se aprobó en Diputados. Las consecuencias están a la vista.