Contra el Estado

I. El proyecto de ordenanza sobre los remises que viene generando polémica en el Concejo Deliberante y hasta en el seno del bloque del Frejupa fue presentado este lunes por la propia presidenta del Legislativo.

 

No poca sorpresa generó esta iniciativa porque, a priori, resulta llamativo que desde las filas del justicialismo se intente promover un retroceso de las facultades del Estado municipal y un estímulo a la compraventa de licencias otorgadas para la explotación de un servicio público.

 

Es comprensible que una ordenanza que tiene casi un cuarto de siglo de vigencia necesite un proceso de actualización, y que los concejales se aboquen a analizar los cambios que los nuevos tiempos exigen, por ejemplo, un mecanismo más ágil para determinar el cuadro tarifario o introducir la mirada de género. Pero lo que a todas luces resulta cuestionable es que en el texto de la norma se pretenda imponer un cambio drástico en la metodología para la renovación o la cancelación de las licencias.

 

Permitir que un concesionario pueda comercializar su licencia vendiéndosela a un particular implica desnaturalizar el espíritu de la actual ordenanza e incluso de la Ley Orgánica de Municipalidades. Y, por supuesto, implica también un retroceso inadmisible en las competencias del Estado. Si una persona es beneficiada por una concesión del Estado municipal, a título gratuito, para explotar un remise, mal puede después pretender enajenarla a título oneroso, como si se tratara de un bien suntuario y no de un permiso otorgado por la autoridad pública. Aceptar este cambio implicaría avalar un negocio privado con una concesión pública.

 

II. Se sabe que una delegación de los remiseros ha venido empujando esta iniciativa, reuniéndose con varios de los integrantes del bloque oficialista. Puede entenderse que un grupo de personas impulse una norma para lograr un beneficio sectorial, forma parte del juego democrático y del derecho de peticionar ante las autoridades. Pero quienes ejercen transitoriamente las funciones públicas elegidos por el voto popular deben tener siempre presente que el interés general nunca puede subordinarse al interés particular. En este caso es muy claro que los remiseros pretenden obtener un rédito económico de una concesión pública, por la cual, además, no pagaron.

 

La Ley Orgánica de Municipalidades es muy clara. Establece que "los servicios públicos pertenecen originalmente al Estado municipal", y que "se podrán otorgar concesiones a particulares y estas se acordarán previa licitación pública y con expresa reserva del derecho de reversión por parte del municipio, quien ejercerá el contralor respecto al cumplimiento de la concesión".

 

La norma es taxativa cuando utiliza el término "reversión", dejando fuera de toda duda que al finalizar una concesión el municipio recupera el poder concedente. De paso, vemos también que ordena el proceso de licitación pública, el cual no se utiliza para el caso de los remises lo que implica un beneficio adicional para los prestatarios pues reciben la licencia por adjudicación directa.

 

III. Así las cosas, desconcierta que entre los concejales justicialistas haya quienes respaldan esta iniciativa que significa un menoscabo de la autoridad pública. Hasta ahora el Estado ha venido adjudicando las licencias según un orden de mérito analizado y debatido; si prospera este adefesio será el tamaño del bolsillo de los interesados el que se imponga para las nuevas concesiones. Por no hablar de lo difícil que será impedir que aparezcan testaferros bajo un sistema regido por la oferta y la demanda.

 

El presidente del bloque del Frejupa, hasta ahora en soledad entre sus pares, se manifestó en contra del proyecto, en tanto un concejal opositor perteneciente al radicalismo presentó serias objeciones. Es de aguardar que el debate en comisiones haga recapacitar a quienes no alcanzan a ver que el interés general está por encima del interés sectorial y que se está abriendo la puerta a futuros avances privatistas.