Cuatro supremos y ninguna mujer

La Corte Suprema de Justicia, integrada por cuatro varones, declaró inconstitucional la actual conformación del Consejo de la Magistratura, el órgano creado por la Constitución Nacional para el control del Poder Judicial.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

Pese a la absoluta ausencia de paridad de género que ostenta el más alto Tribunal Judicial de la Nación, los cuatro supremos se dieron el lujo de invocar la "falta de equilibrio" entre los estamentos que integran el Consejo de la Magistratura, para dictar un fallo que declara la inconstitucionalidad de la ley que le dio su última conformación. Lo curioso es que esa ley fue aprobada por el Congreso en 2006, y en estos 15 años que pasaron, todos los jueces y juezas de la Nación han sido designados (y removidos, como el ex camarista Eduardo Freiler) por ese Consejo.

 

Contramayoritario.

 

Para el ex juez federal de Córdoba, Miguel Rodríguez Villafañe, el Poder Judicial es "contramayoritario" porque, a diferencia de los poderes Legislativo y Ejecutivo, sus integrantes no son elegidos ni removidos por la votación popular.

 

La reforma constitucional de 1994, nacida del Pacto de Olivos celebrado entre los ex presidentes Raúl Alfonsín y Carlos Menem, para habilitar la reelección de este último, creó el Consejo de la Magistratura como una especie de "control" del Poder Judicial. De esta manera, con una representación por estamentos (jueces, legisladores, abogados y académicos) este órgano es el encargado de seleccionar a los magistrados y magistradas que luego serán designados a propuesta del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. También es el encargado de administrar los cuantiosos recursos destinados al Poder Judicial, lo que ha generado una eterna disputa entre el Consejo y la Corte Suprema.

 

En un primer momento, el CM tuvo 19 miembros, luego 20 y, finalmente, a propuesta de la entonces senadora Cristina Fernández, en 2006 se aprobó una ley que establecía en 13 el número de sus integrantes, a saber: tres jueces, tres diputados (dos por la mayoría y uno por la primera minoría), tres senadores, dos abogados (uno por la matrícula de la Capital Federal y otro del Interior), un académico y un representante del Poder Ejecutivo.

 

Democratización.

 

En 2013, con las seis leyes de democratización del Poder Judicial, la entonces presidenta de la Nación, CFK, propuso que ingresaran al Consejo de la Magistratura 5 miembros más, que no fueran abogados, y que todos sus integrantes fueran elegidos por el voto popular. Esa ley fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, en aquel momento de 7 miembros, con el voto disidente de Raúl Eugenio Zaffaroni.

 

Ocho años después, una Corte desprestigiada, con dos miembros que fueron designados de manera inconstitucional por el ex presidente Mauricio Macri (aunque después el Senado convalidó esos nombramientos), dicta un fallo absurdo mediante el cual ordena al Congreso dictar una ley para que se respete el equilibrio entre los estamentos que integran el Consejo. Y va más allá, si ello no ocurre antes del 15 de abril de 2022, y no se vuelve a la anterior composición de 20 miembros, todos los actos emanados del CM serán "nulos". Semejante dislate no tuvo el voto de Ricardo Lorenzetti, que si bien votó por la inconstitucionalidad de la ley, se negó a convalidar la truchada de poner en vigencia una ley que fuera derogada hace quince años por el Parlamento.

 

Facultades legislativas.

 

Es frecuente que desde el Poder Judicial se escuchen quejas respecto a los otros dos poderes, de "inmiscuirse" en sus funciones y facultades, en nombre de la sacrosanta "independencia" de la Justicia. ¿Pero qué pasa cuando desde aquel poder se arrogan atribuciones que no le son propias? En el fallo, la Corte le ordena al Congreso sancionar una nueva ley que respete el "equilibrio" entre sus estamentos, por considerar que, con la actual composición, el sector "político" tiene preeminencia por sobre los otros tres (magistratura, abogacía y academia). Ello porque actualmente hay 6 legisladores y un representante del Poder Ejecutivo, siete sobre un total de trece. Pero esa interpretación no tiene en cuenta que no son siete integrantes del mismo color político, pues se eligen respetando mayorías y minorías.

 

Como si todo esto fuera poco, unos días antes de difundido el fallo, el gobierno ingresó un proyecto de ley al Congreso para aumentar el número de integrantes a 17, incorporando un juez, dos abogados y un académico. Pero como el fallo ordena que el número de integrantes debe ser 20, como decía la ley anterior (derogada), ¿qué pasaría si hipotéticamente el Congreso aprobara la iniciativa oficial? Si bien ello es difícil teniendo en cuenta la actual composición legislativa en ambas cámaras, la Constitución establece que el Consejo se integra por ley del Congreso, y no por una orden emanada de un fallo, como pretenden los supremos. En la ley declarada inconstitucional, el presidente de la Corte no integraba el Consejo, y sí lo estaba en la anterior, otro de los puntos que están en juego en esta confrontación, donde los cortesanos intentan no sólo imponer la conformación del CM sino integrarlo y presidirlo.

 

Una nueva Corte.

 

El reciente fallo sobre el CM es sólo la frutilla del postre, en relación a una Corte Suprema que hace rato ha mostrado la hilacha respecto a qué intereses defiende. En 2017 intentaron liberar a los genocidas mediante el infame fallo del "2x1", que fue anulado gracias a una impresionante movilización popular. El anterior presidente, Carlos Rosenkrantz, proviene de un estudio jurídico cuyos clientes son poderosas empresas multinacionales. El actual, Horacio Rosatti, fue designado al frente de la Corte por su propio voto, más el del Rosenkrantz y Maqueda, cuando la Corte tenía todavía cinco miembros con Elena Highton antes de renunciar. Ella y Lorenzetti se negaron a votar al actual presidente.

 

Por ello, es urgente que se promueva una profunda reforma del Poder Judicial que debe comenzar por su cabeza. En primer lugar, iniciando el juicio político a los actuales integrantes de la Corte Suprema. Motivos hay de sobra, como el fallo que comentamos en esta nota. En segundo lugar, aumentando el número de sus integrantes, invocando incluso antecedentes nacionales, ya que la Constitución Nacional de 1853 establecía, en aquel momento, una integración de nueve miembros. El ex miembro de la Corte, Zaffaroni, se inclina por una conformación de 15 miembros.

 

Y urge también el respeto a la paridad de género, actualmente son cuatro supremos y ninguna mujer. Claramente, una Corte machirula.