Dos derechos en pugna

Un fenómeno de las grandes ciudades, desconocido hasta hace poco en nuestra provincia, llegó para instalarse con fuerza: la ocupación en masa de tierras baldías por parte de familias sin techo.

 

El fenómeno es complejo y reconoce varias aristas. El principal problema es el déficit habitacional que tiene nuestra provincia, un drama que se agudizó durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri con una sequía total en materia de recursos del Fonavi para la construcción de viviendas sociales. La crisis que ese cuatrienio provocó con sus políticas neoliberales tampoco dejó mucho margen para que el Estado provincial pudiera reemplazar esa ausencia de fondos nacionales. No es un problema solo local, las provincias no disponen de suficientes recursos económicos como para reemplazar a la Nación en este tema.

 

Otro problema de larga data es la especulación con la tierra urbana, una rémora que nació con la ciudad. En esta modesta capital el valor de la propiedad, en términos generales, es igual al de las grandes ciudades del país. Lo mismo sucede con los alquileres.

 

Ahora, el reclamo judicial de los propietarios de los terrenos ocupados provocó la inquietud de los que están allí asentados. Hubo asambleas, cortes de calles y fuerzas policiales para "garantizar el orden". Como siempre ocurre bajo el sistema capitalista la estructura estatal reacciona más rápido para garantizar el derecho a la propiedad que el derecho a la vivienda, aunque ambos tienen rengo constitucional.

 

También debe decirse que los gobiernos provincial y municipal no están entrenados para enfrentar este tipo de fenómenos que vienen en franco crecimiento por las sucesivas oleadas de crisis económicas. En La Pampa hay dos factores que siempre jugaron a favor: baja densidad demográfica y presencia activa del Estado en la contención social. Pero primero el macrismo, después la pandemia y ahora la inflación descontrolada no hacen más que agravar las cosas. Por eso en varios puntos de la ciudad se registraron asentamientos precarios y por el momento nada indica que se esté cerca de encontrarse una solución definitiva.

 

En los últimos días se ha vuelto a registrar un aumento de la tensión entre los que demandan el acceso a la vivienda y el Estado, con sus tres poderes que intervienen para la solución pero también para la represión. La estructura legal que, como en toda sociedad capitalista, otorga prioridad al derecho a la propiedad privada por encima de otros, enturbia aún más las cosas.

 

Llega la temporada fría y las familias que viven en tanta precariedad buscan visibilizar su drama. Y hacen bien, para que las autoridades políticas pero también el resto de la comunidad, asuman lo que ocurre en su propio vecindario. No es un tema de fácil resolución pero no se puede mirar para otro lado. Mientras llegan las soluciones habitacionales de fondo, que siempre son de mediano o largo plazo, hay que atender la emergencia.

 

Si el aparato estatal judicializa el reclamo imputando a los ocupantes para defender la propiedad privada, igual de rápido debería actual el aparato estatal encargado de garantizar el acceso a la vivienda que también resguarda nuestra ley suprema.