El diálogo y sus límites

La cuestión del diálogo y de las formas que adquiere el ejercicio de la política está presente en el debate que se ha intensificado en los últimos días entre sectores internos del Frente de Todos. El tema es conocido; el Presidente Alberto Fernández defiende su vocación dialoguista y su postura mesurada; sostiene que ese rasgo de su carácter no le impide gobernar. En tanto desde el sector kirchnerista le reclaman mayor determinación y firmeza en sus decisiones, y cuestionan lo que entienden un exceso de moderación lo cual es asimilado a debilidad y a ausencia de capacidad transformadora.

Inesperadamente, en las últimas horas, desde la provincia de La Pampa irrumpieron algunos acontecimientos que aparecen estrechamente vinculados a esa polémica. Uno de esos hechos es la reunión que mantuvo el gobernador Sergio Ziliotto con el ministro Eduardo de Pedro. En el encuentro el mandatario pampeano le expresó al ministro del Interior el malestar que provocó en esta provincia la apertura del laudo arbitral, por parte del Poder Ejecutivo nacional, a pedido de la provincia de Mendoza que sigue presionando por la construcción de la represa de Portezuelo del Viento. Especialmente porque el plazo para otorgar ese trámite estaba largamente vencido y además cuatro de las cinco provincias que integran el comité de cuenca del río Colorado (Coirco) se manifestaron expresamente por la realización de un estudio profundo de impacto ambiental como requisito imprescindible para continuar con la tramitación de la obra.

El comunicado de prensa de la Casa Rosada, publicado ayer por este diario, mencionó que la decisión del titular de la cartera de Interior de aceptar la tardía petición mendocina se basó en "la voluntad del gobierno nacional de garantizar el espacio de diálogo y consenso, de las cinco provincias que integran la cuenca".

Otra noticia que apareció ayer en La Arena fue la cautelar ambiental que presentó La Pampa ante la Corte Suprema de Justicia para requerir la inmediata suelta de agua en el río Atuel tal como lo estableció la sentencia del alto tribunal que, a su vez, dio por acreditada la existencia de un severo daño ambiental.

Si bien se trata de situaciones diferentes en ríos diferentes, el fondo de la cuestión es muy similar: el agotamiento del diálogo como instancia para resolver controversias que afectan gravemente los intereses de una de las partes. El caso del Atuel es paradigmático. Hace décadas que La Pampa y Mendoza vienen dialogando en el seno de la CIAI sin que los cuyanos se dignen a soltar una gota de agua de un río interprovincial que cortaron en forma arbitraria e inconsulta. En la primera sentencia de la Corte, emitida en 1987, el tribunal resolvió "instar" a ambas partes al diálogo para arribar a un acuerdo. Eso nunca fue posible por la cerrada postura mendocina. En la segunda sentencia, de julio de 2020, la CSJ avanzó todavía más y definió un caudal que debía ingresar a nuestra provincia, pero Mendoza no se dio por enterada y el río continúa seco hasta nuestros días.

Los dos casos muestran, de forma categórica, que el diálogo, por sí mismo, no ha logrado romper la intransigencia mendocina, y por lo tanto se continúa perpetuando en el tiempo una situación de injusticia que afecta severamente el interés de La Pampa.

Estos ejemplos, tomados de nuestra realidad regional, pueden asimilarse al núcleo del debate del que hablamos al inicio de esta columna. El diálogo puede ser una eficaz herramienta política, qué duda cabe, pero no puede convertirse en un fin autónomo ni ser la única instancia a la hora de ejercer el gobierno. Los magros resultados de las llamadas "mesa de diálogo" convocadas por esta administración nacional son evidentes. Las profundas asimetrías entre los sectores más poderosos de la elite económica y las mayorías populares no se borrarán por arte de magia o de diálogo. La sola carrera de precios y salarios es una muestra cabal.