Lunes 25 de marzo 2024

La injusticia contra el pueblo mapuche

Redacción 10/10/2022 - 09.11.hs

Los gobiernos nacional y rionegrino avanzan a pasos agigantados sobre los pueblos indígenas, cuyos derechos humanos no paran de retroceder.

 

FERNANDO KOSOVSKY

 

El discurso de desprecio y de discriminación impulsado por el PRO se adueñó de la política estatal en la provincia de Río Negro. Esa violencia avanza contra el Pueblo Mapuche de la mano de grandes negocios inmobiliarios y grupos empresarios que se han apropiado de ríos, lagos y glaciares, o se han beneficiado con las transferencias de tierras fiscales tradicionalmente ocupadas por comunidades mapuches. Los capitales que se apropian de los recursos tienen el apoyo de la gobernadora Arabela Carreras, continuadora del actual senador Alberto Weretilneck.

 

La provincia de Río Negro no entregó ningún título de propiedad comunitaria, incumpliendo la Ley (2287) Integral del Indígena, sancionada en 1988; tampoco investigó los despojos a comunidades ni restituyó los territorios a pesar de que la Comisión Investigadora de la Legislatura detectó cientos de transferencias de tierras irregulares entre 2012 y 2015, hasta que Weretilneck la desmanteló. Por el contrario, la provincia impulsa desalojos y causas penales.

 

Esa política es avalada por el Poder Judicial rionegrino para frenar demandas territoriales indígenas contra la provincia y promover la criminalización contra los mapuches. En 2005, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, en el fallo "CODECI", había declarado la responsabilidad estatal por omisión de aplicar la ley 2287 y señaló cómo proceder para instrumentar los derechos territoriales indígenas. El tribunal realizó una interpretación armónica de la Constitución y la ley provincial.

 

Justicia reaccionaria.

 

En abril de 2022, en el caso "Lof Follil" y sin aludir al fallo "CODECI", el Superior Tribunal revocó la sentencia de la Cámara de Apelaciones de Bariloche que había condenado a la provincia a mensurar e inscribir la propiedad comunitaria indígena de la comunidad mapuche Lof Follil. El Superior Tribunal no interpretó la ley 2287 según los principios y el sentido de la reforma constitucional de 1994 y los tratados internacionales sobre pueblos indígenas. Los casos de la Lof Quemquembreu -Cuesta del Ternero- y la Lof Lafken Winkul -Mascardi- exhiben la gestión represiva del conflicto, que ya se cobró la vida de dos jóvenes mapuches: Rafael Nahuel y Elías Garay.

 

En marzo de este año el Superior Tribunal de Río Negro revocó el sobreseimiento de nueve mapuches de la comunidad Lof Che Buenuleo, que en septiembre de 2019 realizaron una ceremonia en tierras de la comunidad reconocidas por el Estado y por una sentencia del Juzgado Federal de Bariloche que las declaró de propiedad comunitaria indígena.

 

En esa línea de disciplinar va también la persecución que desde Comodoro Py se dirige contra los funcionarios del gobierno nacional que intervienen en el caso de la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue, en el que se condenó al Estado a otorgar en 60 días el título de propiedad comunitaria indígena en Bariloche.

 

Una denuncia del diputado de Juntos por el Cambio, Alberto Assef, dio aire al fiscal Carlos Stornelli para que acusara a la abogada Silvia Vázquez -que representa al Ejército en Bariloche- por presentar en forma extemporánea una apelación, y pidió indagar a varios funcionarios por entender que se podría estar "frente a una acción o conjunto de acciones coordinadas y sistemáticas deliberadamente pergeñadas" en distintos ámbitos de la administración que tendrían el fin de "favorecer a determinados grupos de personas u organizaciones delictuales".

 

También el Ejecutivo.

 

El Ministerio de Defensa encabezado por Jorge Taiana y la Procuración del Tesoro de la Nación encabezada por Carlos Zannini, ante las presiones del diario La Nación, la curia castrense y la Escuela de Montaña de Bariloche, se alinearon con la posición negacionista de los derechos indígenas del Ejecutivo rionegrino, que propuso crear un parque público en el territorio de los Millalonco Ranquehue.

 

Con sólidos argumentos, la sentencia de primera instancia del Juzgado Federal de Bariloche reconoció los derechos territoriales a la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue, que ocupa tradicionalmente su territorio. Pero igual los reclamos pacíficos son etiquetados como violentos y hasta criminales, hipótesis postulada por Patricia Bullrich para perseguir a los mapuche como "terroristas" de la "RAM", cuya existencia jamás se logró acreditar.

 

Néstor Kirchner decidió avanzar y respaldar los juicios contra los militares de la última dictadura. Quienes dicen apoyar esa política de memoria se cuelgan de su ideario pero no bancan una simple decisión de no apelar la sentencia justa a favor de los más débiles, reparación histórica del daño que causaron los militares argentinos que sojuzgaron a los indígenas. Aquella sentencia ordenó inscribir la propiedad comunitaria indígena y otorgarle el título a la comunidad Millalonco Ranquehue, ni más ni menos que lo que ordena la Constitución de la Nación y lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la República Argentina a cumplir en el caso Lhaka Honat el 6 de febrero de 2020.

 

Fuertes con los débiles.

 

Con el voto de los jueces puestos a dedo por Macri -Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia- la Cámara Federal revocó el sobreseimiento de los abogados del Estado que habían avalado la sentencia -entre ellos Julián Fernández, del INAI, y Silvia Vázquez, abogada del Ejército que había apelado extemporáneamente-, en una muestra de la descoordinación del gobierno en materia de pueblos indígenas.

 

Los gobiernos nacional y rionegrino avanzan a pasos agigantados sobre los pueblos indígenas, cuyos derechos humanos no paran de retroceder. Silencios, ambigüedades, concesiones a los poderosos, entrega en bandeja de la cabeza de Magdalena Odarda reclamada por la gobernadora, como paso previo al dictado de la resolución 637/2022 del Ministerio de Seguridad que creó el "comando unificado" para reprimir y desalojar a la Lof Lafken Winkul Mapu, en el mismo territorio donde la Prefectura de Patricia Bullrich asesinó a Rafael Nahuel.

 

El gobierno nacional -como el rionegrino- es tan sensible a las presiones de los poderosos como insensible a los reclamos de los más vulnerables. (Extractado de El Cohete a la Luna).

 

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