Las defensas sin "cadena nacional"

El primer día de los alegatos de las defensas en la causa de la obra pública en Santa Cruz, que tiene como principal acusada a Cristina Kirchner, mostró un abrupto cambio con relación a lo que había ocurrido con la acusación de los fiscales. En primer lugar, la cobertura destacada de los grandes medios de comunicación brilló por su ausencia. Aquella "cadena nacional" que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola tuvieron a disposición durante los nueve días que se tomaron para sus alegatos se redujo a algunas pocas notas en las páginas interiores de los diarios y menciones ínfimas en TV y radio; como para decir que cumplen.

Otra diferencia nada menor fue la presencia de los dos abogados defensores y el acusado -el pampeano Héctor Garro, ex titular de Vialidad en la provincia sureña- en la sede del juzgado. Los tres se presentaron ante los jueces y, además, solicitaron la presencia de los dos fiscales en el recinto. Eso no ocurrió, los jueces no los convocaron y los dos siguieron sin dar la cara en la audiencia actuando por videoconferencia desde sus despachos. Lo mismo que habían hecho las nueve jornadas de los alegatos a pesar de que la justicia federal ya había retomado la presencialidad en los debates.

No terminaron ahí las diferencias. Los dos abogados defensores no leyeron sus alegatos; los expusieron tal como ordena el procedimiento de los juicios orales y no dejaron de mencionar que los fiscales sí habían leído los suyos, tal como se pudo ver con claridad en las pantallas que tanta difusión tuvieron. Desde luego, esa alteración del protocolo no mereció el mínimo reproche, tal la "ecuanimidad" de proceso que se está llevando a cabo.

En cuanto al contenido, las exposiciones de las defensas fueron lapidarias. Con pruebas en la mano, y sin levantar la voz ni gesticular para la tribuna, acusaron a los acusadores de "tergiversar pruebas", presentar "hechos falsos o inexistentes" y de "violar la Constitución". Una de las evidencias expuestas fue contundente: el juicio se está llevando a cabo por presunto fraude al Estado nacional, sin embargo las obras que le cuestionan a Garro no fueron financiadas por Nación sino por la provincia de Santa Cruz; y todas pasaron por los controles provinciales: Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado e incluso el Poder Judicial. Además los fiscales le adjudicaron al acusado trámites licitatorios que no pasaron por sus manos en virtud del poco tiempo -seis meses- que ocupó su cargo en Vialidad.

No fueron las únicas acusaciones de los fiscales que fueron rechazadas con elementos probatorios antes que con gritos, pero, lamentablemente, en virtud de la escasa o nula atención que le brindaron los medios más poderosos del país no serán muchos lo que se enteren. La simbiosis tóxica entre aparato judicial y aparato mediático viene funcionando a marcha forzada en esta causa judicial plagada de irregularidades. No olvidemos que el fiscal Luciani y el juez Giménez Uriburu jugaban al fútbol en la quinta Los Abrojos, de Mauricio Macri; y en la segunda instancia están esperando Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, asiduos visitantes de la quinta de Olivos en tiempos de la presidencia de Macri.