No son algunas "manzanas podridas"

Los recientes casos de asesinatos de jóvenes a manos de integrantes de fuerzas de seguridad, demuestran que no son casos excepcionales, sino una forma represiva de actuar que urge cambiar, para respeto de los derechos humanos de la población.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

Desde la Masacre de Wilde hasta el reciente caso del joven Lucas González en la ciudad de Buenos Aires, han pasado 27 años en los que se contabilizan por cientos las muertes de civiles a manos de policías. El modus operandi se repite: simular "enfrentamientos" donde hubo lisa y llanamente ejecuciones. Una metodología aprendida de la época nefasta del terrorismo de Estado.

 

Masacre de Wilde.

 

El 10 de enero de 1994 fueron asesinados un remisero y sus dos pasajeros, más un vendedor de libros, que se conducían en dos autos diferentes y que fueron perseguidos por efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús, en la provincia de Buenos Aires. Los acribillaron con 200 balazos de calibre 9 mm y hasta con un subfusil Uzi, cuando ninguna de las víctimas estaba armada. Por ese hecho, hay 9 ex efectivos que están acusados por los delitos de "cuádruple homicidio simple y un homicidio simple en grado de tentativa", porque hubo un sobreviviente.

 

Cómo símbolo de la actuación negligente de la Justicia, los acusados fueron sobreseídos en tres oportunidades; pero los familiares de las víctimas apelaron y lograron que la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires ordenara reabrir el expediente en 2013. Ocho años después, todavía no se ha realizado el juicio oral, con siete de los nueve acusados en libertad, uno que está incapacitado para afrontar el juicio y solo uno se encuentra detenido luego de haber permanecido prófugo durante 20 años.

 

Jóvenes asesinados.

 

El 17 de noviembre pasado fue asesinado por la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el joven Lucas González, de 17 años, cuando salía con sus amigos en un auto del club Barracas Central, donde jugaba al fútbol. Se detuvieron en un kiosco a comprar unos jugos y fueron interceptados por un auto que no estaba identificado como móvil policial, del cual descendieron tres efectivos de la brigada de Investigaciones, armados y vestidos de civil. Los pibes se asustaron y huyeron, pensando que los querían asaltar, mientras los policías les dispararon asesinando a Lucas de un balazo en la cabeza. La autopsia revelaría luego que también tenía una quemadura en la mano, compatible con la de un cigarrillo. La responsabilidad política es del jefe de gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta.

 

A los pocos días de ese hecho, hubo otro similar en Miramar, provincia de Buenos Aires, donde el ministro de Seguridad es Sergio Berni y el gobernador Axel Kicillof. Luciano Olivera, de 16 años, murió a causa de un disparo de un oficial de la Policía bonaerense. Como Lucas, el joven venía de jugar al fútbol y luego se reunió con amigos en la plaza central de la ciudad. Se fue del lugar en su moto, cuando fue perseguido por dos patrullas policiales, que le dispararon y le dieron muerte con un balazo en el pecho.

 

Al día siguiente del asesinato de Lucas, el 18 de noviembre, un hombre fue hallado muerto en una comisaría de San Clemente del Tuyú, cuya autopsia reveló que el cuerpo presentaba lesiones compatibles con patadas con borceguíes y golpes con bastones tonfa. Por esa causa fueron detenidos nueve policías que están acusados de homicidio. La víctima es Alejandro Martínez, de 35 años, y se encontraba en prisión por haber ocasionado daños en el Gran Hotel Fontainebleau, de San Clemente, donde se hospedaba.

 

¿Estúpidos?

 

Para el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, los acusados de estos crímenes serían "estúpidos que actúan como mafiosos", pero se encargó de aclarar que no hay que cargar estas muertes a la policía como institución, sea la Federal, provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires.

 

Para el funcionario, se trata de "trabajar con más profesionalidad", para que los integrantes de las fuerzas de seguridad sean "más conscientes" que estas cosas no pueden suceder.

 

Pero la realidad indica otra cosa, ya que no se trata de casos aislados sino de un accionar que se repite de manera alarmante año tras año, y en todo el territorio del país.

 

En Córdoba, el año pasado hubo dos casos que conmocionaron a la población: el de los jóvenes Blas Correa, asesinado también durante una persecución policial en la ciudad capital, y el de Joaquín Paredes, en Paso Viejo, localidad cercana a Cruz del Eje. Blas tenía 16 años y Joaquín, 15, casi niños. En ambos casos, se encontraban con amigos y fueron interceptados por la policía, se asustaron y huyeron; al perseguirlos, los efectivos dispararon y los mataron. Ninguno de los jóvenes portaba armas ni estaba cometiendo delito alguno.

 

Correpi.

 

El viernes 17 la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional presentará su informe anual sobre casos de víctimas del accionar policial y de las fuerzas de seguridad. María del Carmen Verdú, referente de la Correpi, afirmó que los casos de gatillo fácil y violencia institucional son "una práctica sistemática del aparato represivo estatal" y negó que se trate de "hechos aislados, abusos, o situaciones generadas por un loquito suelto reclutado por error".

 

La evidencia, en todos los casos, demuestra un accionar violento que se repite, con una cadena de complicidades y encubrimientos para simular enfrentamientos.

 

Para Verdú, hay un incumplimiento del gobierno argentino de la condena que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó en el año 2003, al prohibir la intercepción, identificación y detención de personas sin orden policial o sin la comisión de un delito evidente. Según lo revela Correpi, la mitad de las personas muertas en comisarías no estaban presas por un delito, y en los últimos años se ha triplicado el número de víctimas fatales en lugares de encierro.

 

La entidad de DDHH propone que los agentes policiales no porten el arma reglamentaria cuando se encuentran fuera de servicio, de esa manera disminuirían los casos de víctimas fatales a manos de las fuerzas de seguridad. Verdú afirma que más de la mitad de las muertes por gatillo fácil se producen cuando el funcionario policial se encuentra de civil. "Si sacamos el arma reglamentaria cuando no están cumpliendo sus tareas, no pueden intervenir por la vía violenta y reducimos las muertes a la mitad", expresó.

 

Según el informe de Correpi, son más de 400 los crímenes cometidos por fuerzas de seguridad en 2021, en los 24 distritos del país. Por su parte, la Comisión de la Memoria de la provincia de Buenos Aires informó que entre 2016 y 2020 hubo 622 víctimas fatales por el uso de la fuerza policial en ese distrito, un promedio de 124 víctimas por año. Una cifra demasiado alta, que no puede ignorar el gobernador Kiciloff y que recae bajo la directa responsabilidad de su ministro de Seguridad, Berni.

 

La presentación del informe de Correpi se hará de manera presencial y virtual, y ha comprometido su presencia el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Que el gobierno nacional y los provinciales tomen nota, urgente, pero sobre todo la población.