Un mensaje para toda la clase política

La mentira sobre las visitas del juez Sebastián Casanello a la quinta de Olivos en tiempos de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner ocupó meses de batifondo en los medios de confusión más grandes del país y de declaraciones de republicanismo ofendido en la entonces oposición de derecha. En cambio, la verdad del fiscal Diego Luciani y los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Mariano Llorens jugando al fútbol en la quinta Los Abrojos, propiedad de Mauricio Macri, es tomada por esos mismos medios y esa parcialidad política como de absoluta normalidad, a pesar de que todos ellos forman parte de los tribunales que participan de la parodia de juzgamiento a la actual vicepresidenta. (Por su parte el otro fiscal, Sergio Mola, registra ingresos comprobados a la Casa Rosada y a la AFI, cuando ya tenía esta causa en sus manos).

Aún con las constancias fotográficas que prueban estas anomalías que, ipso facto, debería determinar apartamientos, los mismos fiscales y jueces recusados por la defensa de CFK, se justificaron a sí mismos y anunciaron que continuarán al frente de una causa armada, como tantas otras, para hostigar, desprestigiar y sacar del juego político a CFK.

El desarrollo de las audiencias de la causa sobre la obra pública en Santa Cruz no logró aportar elementos probatorios que justifiquen la persecución penal. Al contrario, mostraron que, tal como lo destacó una auditoría de la propia Vialidad Nacional bajo el macrismo, no hubo irregularidades pasibles de pena, y menos para la entonces Presidenta de la Nación. Hasta con peritos truchos que cometieron falso testimonio intentaron inculparla. Qué diferente son las cosas cuando la misma Justicia federal debe investigar a Macri por hechos que lo vinculan mucho más estrechamente y, sin embargo, siempre encuentran la vía exculpatoria. El ejemplo del espionaje a los familiares de los muertos en el submarino ARA San Juan, habla por sí solo. El grotesco acting de los fiscales que se vio por estos días procura reemplazar con gestos y ademanes ampulosos aquella ausencia de pruebas. Asombrosamente, y cuando todo el Poder Judicial regresó a la presencialidad luego de la pandemia, este juicio, en particular, sigue realizándose en la virtualidad. Es evidente que, en forma presencial y ante los acusados y el público, hubiera sido mucho más arduo para los fiscales armar la puesta en escena que nos han obsequiado.

Esta persecución contra Cristina Kirchner no es diferente a la que sufrió Lula da Silva en Brasil o Rafael Correa en Ecuador. El mensaje es el mismo en todos los casos, y los destinatarios no son únicamente estos líderes sino toda la clase política. El "lawfare", es decir la guerra con la ley y los grandes medios, se propone aleccionar a quienes pretendan desafiar al poder económico. La idea es muy clara: hay límites que no deben transgredirse porque la represalia no tendrá piedad; el aparato judicial y el mediático, brazos armados del poder económico, perseguirá con fiscales y jueces venales a quienes lo desafíen desde la política.