Una iniciativa con doble propósito

Desde hace mucho tiempo esta columna se ha hecho eco de las iniciativas económicas surgidas en la provincia, muy especialmente las que tienen consecuencias positivas en lo social como la creación de fuentes de trabajo. En tal sentido, en lo que va de los últimos meses hay un tema que ha sido reflejado varias veces: la vitivinicultura.

 

Por cierto que la mención de esa actividad parece incongruente en una provincia habituada esencialmente a la producción agroganadera extensiva pero las circunstancias -y la perseverancia de algunos actores- han hecho que la palabra se fuera haciendo habitual en los medios productivos pampeanos, prueba de su vigorosa vigencia.

 

A la fecha son al menos tres los hechos que avalan estas consideraciones. El primero es la proliferación de vinos de calidad en el ambiente pampeano, todos de buena -cuando no excelente-calidad. Para refirmarlo basta recordar los premios que han obtenido los vinos de esta provincia surgidos en un lapso muy corto.

 

Otra prueba se dio con la reciente realización de la Expo Pymes, donde los requerimientos y ventas en el rubro fueron notables, a tal punto que un grupo de productores ya está barajando la posibilidad de la exportación, a la que se sumaría legítimamente la efectiva denominación de producto patagónico. Sería una forma de transitar el camino abierto por algunas bodegas rionegrinas y neuquinas, que iniciaron su producción más de medio siglo atrás, en algunos casos reconvirtiendo su producción principal y en tiempos en que ni se soñaba en la producción de vino por fuera de las provincias de Cuyo. Hoy la inserción de nuestros vinos en el mercado exterior es una perspectiva nada desdeñable.

 

Pero también aparece otro aspecto, el relacionado con la larga lucha por nuestros ríos robados. Es que recientemente la Fundación Chadileuvú acercó al gobierno provincial una iniciativa que podría ser un eficiente argumento. Ella consiste en apoyar el consumo de los vinos provinciales a través de descuentos y promociones respaldadas por el Banco de La Pampa, del mismo modo que lo ha hecho exitosamente con otros productos locales.

 

Al considerar esa posibilidad se debe tener presente que la mayoría de los vinos que se consumen en la provincia provienen de Mendoza, más precisamente de su región sur y producidos con las aguas del río Atuel, las mismas que esa provincia le niega a La Pampa.

 

Está demostrado largamente que el Estado mendocino no atiende, ni atenderá razones en lo que hace a la cesión de aguas; en el último año, tras la desvergüenza de desobedecer a la Corte Suprema de Justicia, llegó al extremo de amenazar con el abandono del comité de cuenca del río Colorado, solamente porque un laudo presidencial atendió el reclamo de cuatro provincias antes que privilegiar a una sola.

 

Acciones como la señalada acaso no sean del todo compatibles con un federalismo pleno, pero las objeciones se caen ante la flagrante injusticia que ya se aproxima al siglo. Lamentablemente, es la única clase de argumentos que atienden -y parecen temer- las autoridades cuyanas. Y si no recuérdese la conmoción que unos años atrás causó la sola mención de promover la disminución del consumo de productos mendocinos.