Conquista histórica y las eternas deudas

Un análisis sobre los gobiernos democráticos. Qué significan para los países y sus ciudadanos y cuáles son los errores y deudas que aún los Estados no han logrado solucionar en pos del bien del pueblo.

Enzo Grosky *

Existen muchos tipos de democracias; representativas, participativas, directas, liberales… pero la definición más conocida implicaría que la democracia es una forma de gobierno ejercido desde el poder político del y para el pueblo. Es la forma de gobierno de las mayorías sin afectar los derechos de las minorías. En el Estado moderno, la democracia constituye un conjunto de reglas para la constitución de un gobierno y para la formación de la toma de decisiones. Su cuerpo tiene que estar formado por la voluntad popular directa o indirectamente, mediante el sufragio, sin distinción de sexo, religión, condición social o económica.
En este sentido, las democracias son elegidas como la mejor forma de gobierno disponible, en donde la voluntad popular es respetada y al mismo tiempo es la que otorga legitimidad a las decisiones del poder político.
Pero veamos, cuáles son las dificultades sin resolver, en un mundo tan dinámico, con problemáticas y realidades tan propias de las idiosincrasias territoriales.

Algunas dificultades.
La democracia en América Latina y, sobre todo en Argentina, tiene un valor especial. Esto se debe principalmente a su larga historia de golpes de Estado e intervenciones extranjeras.
En los años 80’ se inició un proceso de recuperación de la democracia en Latinoamérica después de largos períodos de dictaduras y sus prácticas aberrantes. La vuelta a la democracia en Argentina en 1983 fue una conquista histórica. Este sistema político se volvió una necesidad para los ciudadanos que veían cercenados sus derechos políticos y sociales por la última dictadura genocida.
A pesar de ello, la democracia actual en Argentina presenta varios problemas a resolver. Primero: escaso nivel de participación popular en la toma de decisiones. Si bien el Estado cuenta con mecanismos para ampliar la participación ciudadana, tales como los referéndums, plebiscitos, entre otros, por lo general no son utilizados.
La participación democrática solo se reduce a los procesos electorales, delegándole su voluntad a los candidatos, según sea su programa del partido. Es decir que, la democracia tal y como la conocemos hoy, se reduce al ejercicio del sufragio cada dos años, solo en esos momentos somos partícipes indirectos en la toma de decisiones. Este derecho es la piedra angular de toda democracia, pero solo con eso no alcanza.
Desde el año 2000 en adelante, la juventud se adentró en la militancia política, muchísimos jóvenes, tanto de izquierda como de derecha, comenzaron a participar activamente en movimientos sociales. Esto, para la democracia, es sumamente sano, permitirles a los jóvenes un lugar en el escenario político, es darle la oportunidad de tomar el mando de las políticas públicas, es cambiar el slogan “los jóvenes son el futuro” por algo mucho más transformador como lo es “los jóvenes somos el presente”. A pesar de esto, los mecanismos estatales para la participación activa no alcanzan, ya que las tomas de decisiones están sumamente restringidas para sectores privilegiados. Dicha situación provoca que las ganas de participar de los jóvenes desborden toda la estructura política existente. Ahora los movimientos sociales ya no se sienten identificados con los partidos políticos tradicionales, provocando una fuerte crisis de representatividad.
Se necesita, en estos tiempos, una democracia más abierta a la participación, con una ciudadanía activa que ponga en ejercicio sus derechos y roles. Es una condición necesaria para la resolución de los problemas, esa participación, que aporta territorialidad, experiencia y revela realidades omitidas hasta estos días. La democracia necesita expandirse para abordar, de esta manera, problemáticas que están invisibilizadas, e incluso agravadas, por la cosmovisión porteño-céntrica. Desde lejos se observa el centro del poder, tomando las decisiones desde su propia óptica, tratando cuestiones tan sistémicas y generalizadas, que te llevan a preguntarte ¿qué sabrán de las problemáticas de nuestras territorialidades? En forma de ejemplo digo: acaso un río seco en el centro de la Argentina, provocando tremendos problemas ambientales, ¿forma parte de la agenda política?
Otra de las problemáticas que presenta la democracia hoy es la disolución de partidos de masas. Con esto no estoy planteando que tiene que existir un partido hegemónico que dirija los destinos de un país sin consensos y disensos entre otros partidos. Lo preocupante de la cuestión mencionada en un país presidencialista, es que la disolución de los partidos de masas hace que se vuelva necesario implementar coaliciones para competir electoralmente. Lo que lleva a modificar sus programas partidarios para poder aliarse a otros partidos, desestructurando los elementos fundamentales de los partidos históricamente construidos por sus militantes. Existen dentro de esta cuestión (a pesar de que ganen o pierdan la elección) ganadores y perdedores. Dentro de los ganadores encontramos al partido que logra imponerse sobre el partido aliado en la coalición, sirviéndose del apoyo de los dirigentes. Y dentro de los perdedores encontramos al partido que entrega su estructura política, modifica su historia programática en pos de la alianza, en busca de la hegemonía partidaria. Un ejemplo es la UCR en las elecciones del 2015, cuando forma la alianza con el PRO, pero esta temática merecería una nota aparte.

Viejas y nuevas demandas.
Los partidos políticos tradicionales no pudieron resolver tanto las nuevas, como las viejas demandas sociales. Con el regreso a la democracia, los movimientos de Derechos Humanos tuvieron una militancia fuertemente activa para que se juzgue a los militares genocidas y de una vez por todas se cumpla realmente el famoso “Nunca Más”. Sin embargo, tanto en el período presidencial de Alfonsín como en el período menemista, echaron por tierra esta lucha, dictándose las leyes de punto final y obediencia debida. No fue sino, hasta la presidencia de Néstor Kirchner que se retomó la cuestión y se trabajó fuertemente en los juzgamientos de las cúpulas militares.
Pero aquí hay otra cuestión a señalar: no se fue hasta el fondo. En Alemania, por ejemplo, está prohibido por ley el discurso negacionista. La apología o minimización de los delitos de lesa humanidad es fuertemente repudiado. Aquí el discurso pro-dictadura nunca fue condenado. Aún se escucha decir, a las personas tanto mayores de edad y sorprendentemente a algunos jóvenes, “con los militares esto no sucedía”, “con los militares estábamos mejor”. Esto es un olvido de la historia imperdonable. Y una deuda de la democracia argentina por resolver. Aplicar el mismo mecanismo que Alemania para solucionar esta cuestión no afectaría la libertad de expresión, la apología del delito no es libertad.
Volviendo al año 2000, decía que el surgimiento de nuevos movimientos sociales significó un problema y una oportunidad para los partidos tradicionales.
Con el estallido del 2001 también emanaron nuevas demandas sociales, que rápidamente se organizaron en pos de sus reclamos. Los movimientos relacionados con ambiente, género y los/as trabajadores/as precarizados fueron un aire de frescura entre tanta desilusión con la política en Argentina y dejó en evidencia que necesitaban una organización autónoma porque los partidos no sabían, o no querían, absorber estas nuevas demandas sociales. Frente a la situación, los partidos tradicionales no aceptaron rápidamente lo que plantearon estos movimientos. Tuvieron serias dificultades para acoplarse al cambio que se venía gestando.

El electoralismo como regla.
Extrapolando esta situación a la actualidad, los movimientos vinculados al ambiente, al género y los trabajadores precarizados siguen estando en auge. Y los partidos políticos tradicionales pareciera que aprendieron de su error de aquellos años y los incluyeron (o intentaron) en sus partidos. Pero veamos ¿con que fin? Estos partidos, que en general son coaliciones, como Cambiemos y el Frente de Todos, incluyen o intentan incluir a estas demandas sociales en su partido, con el fin de seducir al movimiento para agrandar su caudal electoral. Aquí está el problema, y se relaciona con el punto más arriba explicado. Estas coaliciones no incluyen a los movimientos sociales porque les interese destruir los cimientos de las instituciones opresoras, que ejercen violencia sobre las personas que se organizan en estos movimientos, sino que los incluyen meramente con fines electorales.

La eterna deuda.
La deuda más vieja que tiene nuestra democracia, es la característica más visible de nuestra sociedad, la desigualdad social y económica. Es este un problema continuo, en un ascenso estructural, a pesar de los años en donde se ha reducido este indicador. Sobran los datos al respecto sobre esta temática. Un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) muestra que en el año 2003 la tasa de pobreza se encontraba en 49.7 puntos y la indigencia en 22,8 puntos. Hacia el año 2015 la pobreza e indigencia se encontraban en 19.7 y 4.4 puntos respectivamente.
Desde el año 2015 hasta hoy, este indicador solo ha ido en aumento permanente y sostenido, hasta llegar a hoy. Durante el período de Mauricio Macri la pobreza aumentó hasta el 40.8 % y la indigencia cerca del 9 %, según la Universidad Católica Argentina (UCA).
La última medición del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) en septiembre del año 2020 coloca a la pobreza en 40.9 puntos y la indigencia en 10.5 puntos. Mostrando un claro crecimiento durante el año de la pandemia.
Mientras aumenta la pobreza, al mismo tiempo aumenta la desigualdad, y aun en contexto de pandemia, los grandes grupos económicos siguen amasando fortunas. Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) muestra como creció la brecha entre ricos y pobres en el 2020, el 20 % de la población de mayores recursos obtuvo el equivalente a 13 veces lo que ganó el 20 % más vulnerable.
La pobreza e indigencia en Argentina y el mundo es una situación habitual, aun más en medio de crisis económicas. Por eso a la hora de realizar una crítica sobre esta situación es necesario ir más allá del indicador propiamente dicho, hacer una reflexión global de la problemática y analizar en qué influyen las políticas estatales en esta cuestión.
El sistema imperante está basado en una distribución desigual del ingreso. Las recesiones, las crisis, las pandemias, siempre golpean a los sectores más vulnerables. Y las políticas estatales siempre tienden a proteger a los grandes grupos económicos, y no a la inversa, donde golpea más fuerte.
A modo de ejemplo, las empresas energéticas durante el período de Mauricio Macri aplicaron aumentos por encima del 1000 %, llevando las facturas de luz a valores impagables para los hogares. Esto, con el argumento de que las tarifas estaban “desactualizadas”.
Un informe del Instituto Argentino de Energía “Gral. Mosconi” señala que, “las transferencias para gastos corrientes aumentaron 100,5 % en el acumulado anual a julio de 2020 respecto al año anterior”, en agosto del 2020 y también agregó que “esto implica mayores subsidios por la suma nominal de $ 109.553 millones en acumulados a julio de 2020, respecto a igual período de 2019”. Los subsidios energéticos totales fueron de $ 218.000 millones.
Es decir que, las empresas energéticas ya tuvieron un aumento superlativo durante el gobierno anterior, ahora duplican los subsidios en sus empresas, y se prevén más aumentos durante el año 2021. Esto es solo un ejemplo de cómo se beneficia a los grandes empresarios, y al mismo tiempo, se aplican tímidas políticas estatales temporales que intentan revertir la pobreza, tales como el IFE que se descontinuó.

Para reflexionar.
La solución a estos problemas es sumamente difícil, pero se podrían llevar adelante gradualmente con voluntad política y, sobre todo, con políticas de Estado, no de gobierno.
El Estado, como institución, es el que tiene que dirigir estas transformaciones y modificar radicalmente los pilares fundamentales donde se formaron estas desigualdades, expandiendo, además, la democracia hasta los sectores donde hoy no llega.
No existe democracia donde los derechos fundamentales no están garantizados para todas y todos. ¿La democracia es la mejor forma de gobierno? Sí, puede ser verdad, pero se perfeccionaría aún más si estuviera dirigida por y para el pueblo.

• Estudiante de Lic. en Ciencia Política (UNRC)