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Crónica de un expediente

A 44 años del asesinato del pampeano Sergio García, su causa, con idas y venidas y con 600 fojas de investigación, continúa abierta y sin definiciones. En esta nota, lo que pasó y cómo continúa el proceso judicial.
Marta Candia*
En el derrotero que aún sufre un expediente por un delito de lesa humanidad, se puede reflejar casi medio siglo de historia de la Justicia argentina. Y si esa causa judicial, a 44 años y 600 fojas, aún con sus avances, tarda en encaminarse hacia la verdad y -dado que estos crímenes contra la humanidad no prescriben- tampoco cesa el reclamo de Verdad y Justicia.
La Argentina -con su historia de pasiones y de extremos que nunca se encuentran- ostenta una organización social e institucional compleja. Sus instituciones en muchos casos -como la escuela pública- funcionan por la voluntad colectiva y en otros se deslizan por caminos erráticos según las crisis y revueltas económicas y políticas que se repiten sin solución de continuidad. Entre las últimas se encuentran las del Poder Judicial.

Los hechos.
Sirva esta introducción como marco para contener la historia de un pampeano que en enero de 1976 fue secuestrado en su domicilio por un grupo constituido en escuadrón de la muerte. Su cuerpo apareció sin vida a pocas horas con 30 impactos de bala -en un frigorífico abandonado- en las afueras de la ciudad de La Plata, donde estudiaba. Para ese grupo, la sangre humana se asociaba a los mataderos y a los camiones frigoríficos como pintó el artista Carlos Alonso en su imagen del suplicio de su hija Paloma. Las circunstancias de la muerte del pampeano Sergio García, se le parecen.
Sergio, con 22 años, inocentemente, permaneció viviendo en la pensión estudiantil de La Plata, mientras la ciudad se iba convirtiendo en una orgía de sangre joven.
Estudiaba veterinaria y trabajaba con su padre, el recordado senador Justino Pampero García. Sergio tenía varios hermanos. Uno de ellos, el arquitecto Miguel García, salvó su vida ese mismo día por no estar en la ciudad ese 18 de enero en que la muerte también lo buscó en su domicilio. (1)
El cuerpo de Sergio fue encontrado por un sereno del frigorífico, con panfletos del Partido Peronista Auténtico pegados con su sangre al cuerpo, en una muestra de alevosía y espectacularidad. Los escuadrones de la CNU -Concentración Nacional Universitaria- concebían lo morboso como mensaje político. (2)
En tanto, Hernán, compañero de cuarto en la pensión de Sergio, -estudiante de ingeniería y mecánico- efectuaba la denuncia en la Comisaría 1ra de La Plata, ya que había presenciado el secuestro. Realizó un detalle minucioso de lo ocurrido, y dictó un identikit de 3 de los 6 asesinos que actuaron de civil a cara descubierta. Ese valioso testimonio le costaría una larga historia de persecuciones, tan larga como el derrotero de la causa judicial por este crimen.
El juzgado federal N° 1 de La Plata -a cargo entonces del Juez Molteni- inició la causa de oficio a partir de la denuncia de Hernán y del testimonio del sereno que encontró el cuerpo de Sergio. Era el 19 de enero de 1976.

Muerte y renacimiento de la democracia.
Dos meses después -el 24 de marzo- los militares terminarían de tomar el poder, encarcelando a la presidenta María Estela Martínez de Perón. (3) El juzgado N° 1 cambió de Juez y la causa de Sergio quedó congelada en los cajones de la injusticia hasta 1984.
En ese año -con la democracia restaurándose- el Movimiento de Derechos Humanos de La Pampa con su fundador Juan Carlos Pumilla como firmante, inició una nueva causa en el Juzgado Federal de nuestra provincia, dada la presunción de un militante de DDHH -Horacio Maldonado-, que encontró coincidencia entre el identikit de los asesinos de Sergio y los rasgos de comisarios de la Brigada de Investigaciones de Bahía Blanca y de un militar, en otra denuncia por intento de secuestro a otro pampeano.
El General Camps -uno de los despiadados ejecutores de los Centros Clandestinos de Detención conocidos como Circuito Camps- jefe de la guarnición militar pampeana hacia 1975, pasó a ser jefe de Policía de la provincia de Buenos Aires luego del 24 de marzo y la sospecha de Maldonado tenía asidero.

20 años en el laberinto.
El juez federal de La Pampa envió esta nueva causa al Juzgado N° 3 de La Plata dado que -argumentó- el asesinato se había cometido en esa ciudad.
Sin embargo el juez del Juzgado Federal N° 3 (y no el 1° donde se había iniciado la causa en 1976), se declara incompetente y remitió el expediente a la Justicia Militar, con el dudoso argumento que en la presentación de Maldonado se nombraba a una patota de militares y policías.
Corría el año 1985. Los mandos militares -derrotados en Malvinas, pero con sangre fresca de argentinos en sus manos- se agitaban en los cuarteles ante el rumbo que había dado el presidente Alfonsín a la investigación de los crímenes de la dictadura militar. Constituyó la CONADEP y estableció con esta investigación el Juicio Oral y Público a las tres Juntas Militares gobernantes entre 1976-1983. Ese es el contexto donde un Juez Federal envía a la Justicia Militar la causa de un pampeano muerto por el accionar del terrorismo de Estado.
El expediente por la muerte de Sergio comenzó a bailar un minué de idas y venidas por diferentes jurisdicciones militares -desde el Consejo Supremo de las FFAA, al juzgado militar N° 35, pasando a la X Brigada de Infantería Mecanizada, para volver a otras oficinas castrenses y recalar en el juzgado militar 35 nuevamente- . Ese baile de la causa duró hasta 1992, cuando los mismos militares dieron por sobreseída y luego prescripta la causa, para que duerma en el Archivo de las FFAA. De este modo, el expediente quedó extraviado para la sociedad civil. En el país, se habían impuesto por las presiones y ligereza las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987) -conocidas como las Leyes de la Impunidad-, para la investigación en miles de causas y presentaciones judiciales en Argentina y en el exterior, de responsabilidades de la etapa del terror y del destino de 30.000 argentinos desaparecidos.

Testigo perseguido.
El valioso testigo presencial del secuestro de Sergio -Hernán- fue hostigado en épocas de la dictadura por ser el único que conocía el rostro de los asesinos. Ya en democracia, los jueces militares también lo buscaron en su domicilio del pueblo de General Villegas en 1987 (época del levantamiento carapintada) y -presentado a declarar- volvió a recibir amenazas y malostratos. En 1988, lo ubicaron en Córdoba nuevamente, para que diga si reconocía por unas fotos a los señalados por Maldonado, pero no los reconoció. Las fotos de los mismos también pasaron por una imprecisa «pericia», donde se compararon los supuestos rostros de los policías y un militar -que nunca fueron en persona- con el identikit dictado por Hernán. La pericia dio negativo.

El milenio trae los Juicios por la Verdad.
Ante el cierre de caminos para el juzgamiento del accionar represivo y los indultos presidenciales a los militares condenados -con la originalidad que distingue la dinámica sociedad argentina- los organismos de DDHH lograron, a través de un pedido de la CIDH, (4) que se ordene la investigación de lo ocurrido. Las familias necesitaban saber el destino de sus 30.000 argentinos desaparecidos y de los más de 400 niños que permanecían, y aún muchos permanecen, secuestrados por la apropiación de bebés de tantas mujeres desaparecidas. Así se inician los Juicios por la Verdad en la Justicia Federal. Por esto, en el año 2000 el Movimiento Pampeano por los DDHH, realizó una presentación colectiva ante el Juzgado Federal de La Pampa para conocer el destino de los pampeanos muertos y desaparecidos. Con esta presentación comienza la averiguación del paradero del expediente de Sergio. (5)
Luego de 5 años de buscar por diferentes instancias estatales, en el año 2005/6 -gracias a las directivas de la ministra de Defensa del Gobierno de Néstor Kirchner de desarchivar las causas en manos de los militares- por orden judicial encuentran, al fin, el expediente extraviado de Sergio García. Hay que tener en cuenta que en la presidencia de Néstor Kirchner, en 2003 se derogaron las Leyes de Impunidad.
Así, la causa judicial por la verdad y también la justicia por el asesinato de Sergio García termina por volver en 2006 al Juzgado N° 1 de La Plata, a cargo entonces del Juez Blanco, Secretaría de Ana Cotter, donde se radica hasta hoy.

Condena a la CNU. Fiscal criminal.
En 2008 el juez y la Cámara Federal de Mar del Plata sientan jurisprudencia sobre la pertinencia de incluir como crímenes de lesa humanidad a los perpetrados por las patotas de la CNU antes del 24 de marzo de 1976. Así, quedaron detenidos y condenados miembros y el jefe de la CNU de esa jurisdicción -el ex fiscal Gustavo Demarchi-. (6)
Por la Secretaría de DDHH de la provincia de Buenos Aires, el hermano de Sergio – Miguel García- toma conocimiento, que la causa se encuentra en el Juzgado N° 1 y pide constituirse en querellante. Corre el año 2011. A esa altura el expediente abarca 2 tomos de 300 fojas cada uno más un anexo, con mucho papeleo de la época militar y gran confusión para familiares, abogados y oficiales de justicia. Miguel obtiene la dirección del único testigo presencial del secuestro de Sergio y en una entrevista personal, se reorienta la investigación.

El Nunca Más es Nunca Más.
El tiempo de hacer justicia no tiene final, si se dimensiona que decenas de miles de crímenes de la era más siniestra de nuestro país no han sido esclarecidos, debido al pacto de silencio y falta de arrepentimiento de quienes los perpetraron. El terrorismo de Estado ha quedado como un estigma en el inconsciente colectivo. (7) Todas las familias argentinas -sin excepción- vivieron el terror y el temor a desaparecer por figurar en un diario, una agenda, o por actuar en política, como poéticamente y -expresando el sentido común- cantó Charly García en el tema Los Dinosaurios. Cuando no hay garantías constitucionales, las comunidades quedan indefensas ante la brutalidad y el antojo de quienes tienen poder sobre los demás. La Justicia es una construcción de los pueblos en base a su experiencia colectiva, y se reconstruye paso a paso -como bien se debate en el presente-.
Los Tribunales Orales (TOF) por los crímenes de la dictadura, continuaron funcionando aún en el período macrista -reafirmados por la sociedad en marchas multitudinarias- y de este modo el Nunca Más al genocidio, es un resguardo para la vida en el presente y la base ética para las instituciones de este país.

Final Abierto.
En 2017 el Tribunal Oral Federal de La Plata, al igual que lo actuado por la Justicia de Mar del Plata en 2008, condenó a la concentración nacional universitaria (CNU) como parte del terrorismo de Estado aún si sus crímenes hubieran sido cometidos antes del 24 de marzo. (8)
A 44 años del asesinato de su hermano -el 21 de febrero de 2020 en el juzgado Federal de Santa Rosa- Miguel, como querellante, fue llamado a prestar declaración testimonial en base a preguntas enviadas por la Fiscalía de La Plata.
Con esperanza, para quienes conocieron y conocen a la familia de Sergio García y del legendario Justino García y para sus descendientes, y tal como expresó la voluntad del presidente Alberto Fernández el 1 de marzo pasado, se aguarda que se aceleren los tiempos para que al fin se termine de esclarecer la autoría material e intelectual de este crimen. Y que SEA JUSTICIA para Sergio y para todas las víctimas del genocidio.

*Red por el Derecho a la Identidad
Ex presa política

Apartados: (1) La patota pasó por su casa, y sólo halló a su cuñada, quien fue torturada para que diga dónde se encontraba Miguel. Este, fue detenido, meses después, en Misiones, torturado y encarcelado por militares del II Cuerpo de Ejército, a disposición de un Consejo de Guerra. Logró su libertad en la navidad de 1983.
(2) Juan Luis Besoky. La CNU y su relación con la Triple A. Aportes para pensar el entramado represivo en los años 70. «En enero de 1976 por orden del batallón de Infantería de marina 3, un grupo de tareas de CNU secuestra y asesina a Salvador Pampa Delaturi. En otra acción secuestran y asesinan al militante de la JUP Sergio Garcia». Libro: «CNU El Terrorismo de Estado antes del Golpe. Dos perros». Investigación de Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal (2016) afirman que «la Organización CNU queda para bajo supervisión del Ejército» (octubre de 1975).
(3) El honorable Juez Molteni a cargo del juzgado mencionado debió refugiarse en Perú, dadas las amenazas recibidas por ser «legalista».
(4) CIDH. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
(5) La acción de reclamo civil nunca se interrumpió. En 2001 un Juez Federal declara la inconstitucionalidad de las Leyes de Impunidad. En 2003 el Congreso deroga esas leyes por lo que los condenados vuelven a la cárcel y en 2005 la Corte Suprema con la firma -entre otros- de los actuales Supremos Lorenzetti y Highton de Nolasco ratifican definitivamente dicha derogación.
(6) La Noche de las Corbatas (2016) Pablo Waisberg y Felipe Celesia. Diario La Capital de Mar del Plata. Notas varias.
(7) Karl Jung y el inconsciente colectivo.
(8) El Grupo paraestatal CNU, tenía 40 miembros en actividad criminal. Se registraron denuncias por 68 asesinatos en La Plata, de los cuales 15 han sido esclarecidos, con condena de prisión perpetua a su Jefe en esa ciudad -Carlos «Indio» Castillo- y algunos miembros (El Furgón/2017 y otras publicaciones).