España, medios y una foto

El regreso de la democracia en Argentina puso al descubierto tramas macabras de la dictadura militar. En esta nota, el autor recuerda, a partir de la fotografía que la ilustra, algunos de esos aspectos.

Juan Carlos Martínez *

Aeropuerto de Barajas, España, diciembre de 1983. Apenas habían transcurrido dos meses de las elecciones que consagraron a Raúl Alfonsín presidente de la Argentina. La primavera democrática comenzaba a dejar atrás la sangrienta dictadura que provocó el genocidio de treinta mil personas. España era por aquellos días uno de los países que brindaron generoso asilo a quienes llegaban de Argentina y de otros países latinoamericanos para no caer en las garras del terrorismo de Estado.

La foto que ilustra este artículo registra la despedida a Hebe de Bonafini que regresaba al país después de haber participado en una película que entonces estaba rodando la Televisión Española. Se trataba de un film de noventa minutos de duración sobre la represión y la lucha de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo. Estaba dirigido por Rodolfo Khun con guión de Osvaldo Bayer.

Madres y Alfonsín.

En una entrevista que hicimos para el número 629 especial de fin de año de la revista Cambio 16, Hebe de Bonafini reveló datos sobre un encuentro que había mantenido en Buenos Aires con el flamante presidente Alfonsín, a poco de ser elegido en las elecciones del 30 de octubre de ese año. Los pedidos de las Madres fueron múltiples, entre ellos el castigo a los culpables del genocidio a través de un juicio político a las fuerzas armadas, la liberación de los detenidos que entonces se presumía que estaban con vida, la preservación de toda la información en poder de los servicios de inteligencia, la cesantía de todos los jueces cómplices de la dictadura.

“Nosotras no queremos reparación económica, queremos a nuestros hijos”, enfatizó Bonafini, quien sufrió la pérdida de dos hijos a manos del terrorismo de Estado. Por aquellos días, las Madres ya hablaban de treinta mil como número de desaparecidos, de acuerdo a estudios realizados en importantes ciudades y en fábricas donde el número de personas desaparecidas era infinitamente mayor a los denunciados. Hebe también habló de los niños apropiados, de los cuales por entonces sólo habían sido recuperados once del total que luego se elevaría a unos seiscientos.

Bonafini también reveló la información que le había dado un piloto de la Marina sobre lo que luego se conoció como los vuelos de la muerte. “Me dijo que tiraban los cuerpos al mar, semidormidos, con una droga que le aplicaban y que la Marina compraba en grandes cantidades a un laboratorio internacional”. La extensa entrevista finalizó con una reflexión sobre la recuperación democrática en la Argentina. “Yo creo que lo que hay son ganas de creer. Hemos visto que Alfonsín tiene buena voluntad y le hemos dicho que nosotras vamos a seguir con nuestra marcha todos los jueves, justamente porque queremos ayudar a ese paso tan importante que estamos dando los argentinos. Y la forma de ayudar es que todo esto no se olvide, es que el juicio y el castigo a los culpables sean con mayúsculas. Que constituya un ejemplo para el país y para el mundo”. Treinta y siete años después, la ronda de las Madres continúa los jueves, interrumpidas ahora por la pandemia provocada por el coronavirus.

La búsqueda de Carla.

Desde mi llegada a España, en febrero de 1983, tomé contacto con exiliados argentinos residentes en Madrid, entre ellos con Matilde Artés, popularmente conocida como Sacha. La conocí en una reunión realizada en las instalaciones del periódico Pueblo, dirigido por el periodista Vicente Romero. Como le ocurría a cada persona que llegaba desde este continente, Sacha me planteó el drama que estaba viviendo con la desaparición de su hija Graciela junto a su pequeña nieta, Carla. Ambas habían sido secuestradas en Bolivia y trasladadas a la Argentina en el marco del Plan Cóndor. El padre de Carla, Enrique Lucas López, de nacionalidad uruguaya, había sido asesinado en Cochabamba por la dictadura de Hugo Bánzer.

Desde mi regreso a la Argentina, en enero de 1984, me involucré en la búsqueda de Carla, cuya recuperación se produjo el 24 de agosto de 1985, ya con Matilde Artés en Buenos Aires. Esta historia está narrada en el libro “La abuela de hierro”, ediciones 1995 y siguientes.

Los medios españoles.

Además de la generosa y solidaria actitud que los exiliados latinoamericanos encontraron en España particularmente de amplios sectores de la sociedad, hay que destacar el interés que los medios de comunicación, tanto públicos como privados, pusieron de manifiesto para difundir cuanto ocurría en este continente con los militares en el poder.

La propia TV estatal brindó apoyo y protección a Matilde Artés cuando ella y su nieta debieron escapar de Argentina tras las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, aquellas amnistías encubiertas que permitieron la liberación de centenares de represores que habían sido condenados por múltiples delitos de lesa humanidad.

La TV estatal dirigida entonces por Pilar Miró no dudó en enviar un equipo a cargo de Vicente Romero a la Argentina, para que acompañara a abuela y nieta en la fuga que ambas emprendieron para evitar que la niña pudiera caer nuevamente en poder del genocida que la mantuvo cautiva durante nueve años. Cuando el gobierno argentino se quejó por aquel episodio, Pilar no dudó en responder: “lo volvería a hacer”. Un ejemplo de valentía y dignidad.

A Nosa Terra.

El periódico gallego A Nosa Terra fue otro de los medios que abrieron sus páginas para denunciar las atrocidades que se cometieron en la Argentina durante el terrorismo de Estado. También registró buena parte del proceso de impunidad llevado adelante por Carlos Menem desde que el sucesor de Alfonsín dictó el indulto a los comandantes del genocidio. Un paso que dio con el aval que le dio Felipe González en un encuentro que ambos mantuvieron en España a comienzo de los noventa.

La contracara de aquellas políticas de perdones y olvidos se dio con las querellas que desde hace años se plantearon en los tribunales argentinos por parte de familiares víctimas del franquismo y que se mantienen activas gracias al principio de justicia universal, uno de cuyos impulsores ha sido el abogado argentino Carlos Slepoy, fallecido en 2017 en España, donde Carli encontró refugio después de haber sufrido cárcel y torturas durante el terrorismo de Estado en su país.

También Argentina fue, en tiempos de Franco, tierra de asilo para quienes pudieron escapar del fascismo franquista.

Reportaje a los jueces.

En 1987, en plena vigencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, los medios de comunicación españoles continuaban ávidos de información sobre cuanto ocurría en la Argentina tras el levantamiento militar de la Semana Santa de ese año, cuando el golpista Aldo Rico apuntó los fusiles del Ejército hacia la Casa Rosada. La presión militar obligó a Alfonsín a enviar dos proyectos de leyes al Congreso. Una suerte de amnistía encubierta que permitió liberar a decenas y decenas de condenados por delitos de lesa humanidad. En el número 278 de septiembre de ese año, la revista Tiempo publicó una extensa entrevista que hicimos a los seis jueces que integraron el Tribunal que juzgó a los comandantes del genocidio. Aquel tribunal estuvo integrado por Carlos Arslanian como presidente y Andrés Dalessio, Guillermo Ledesma, Ricardo Gil Lavedra, Enrique Valerga Aráoz y Jorge Torlasco. Las preguntas les fueron formuladas por escrito y todos respondieron de la misma manera.

Consultado sobre la anulación del punto treinta de la sentencia, Jorge Torlasco fue el más duro con la decisión de Alfonsín.

JT: La ley es técnicamente válida, no es inconstitucional, pero a mi juicio es atacable moral y éticamente, puesto que sanciona la impunidad de hechos de tortura. Pienso que es la primera vez que esto ocurre en forma legal. La tortura o tormento es un procedimiento no sólo alejado de cualquier práctica civilizada sino que nuestro país ha tenido especial interés en borrarlo como procedimiento judicial ya que desde la Asamblea Constituyente de 1813 se eliminó y la propia Constitución argentina de 1853 declara expresamente excluidos o prohibidos los tormentos y los azotes.

P: Además, era intención del gobierno colocar a la tortura en el mismo nivel del homicidio en cuanto a pena…

JT: Fíjese que el propio presidente Alfonsín adoptó como uno de sus lemas en la campaña electoral en poner al torturador la pena más grave en nuestro Código Penal, que es la del delito de homicidio. La tortura, además de ser un delito atroz y aberrante, es particularmente odiosa para el pueblo argentino y su tradición histórica.

P: ¿Cuál fue el motivo de su renuncia?

JT: Mi dimisión se produjo en 1986, cuando el gobierno envió al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas instrucciones con la aparente intención de acelerar los juicios. Fue una artimaña que tenía como objetivo simultáneo dar curso a las absoluciones. Esas instrucciones, impartidas a través del Ministerio de Defensa, contradecían abiertamente la sentencia del tribunal. Fue una actitud engañosa por parte del gobierno en el marco del doble mensaje utilizado en este tema.

P: ¿Usted le dijo a Alfonsín que renunciaba por este tema?

JT: Le dije que al modificarse el contexto político en el que me había comprometido como juez, no me sentía espiritualmente en condiciones de continuar. Esa circunstancia produjo en mi ánimo una enorme defraudación.

* Periodista, especial desde Buenos Aires