Genocidio cultural, crímenes y esterilización forzada en Canadá

En Canadá la esperanza de vida supera los 82 años, la alfabetización casi llega al 100% y el PBI per cápita se ubica entre los más altos del mundo. En ese próspero y frío país se cometió ¿comete? un silencioso genocidio contra mujeres de las Primeras Naciones, tal como denominan allí a los pueblos originarios. Además, durante casi cien años se implementaron políticas para arrancar de sus familias a niñas y niños de comunidades originarias y aniquilar todo vestigio de sus culturas.
En 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- publicó el informe "Mujeres Indígenas Desaparecidas y Asesinadas en Columbia Británica, Canadá". El trabajo analiza el contexto de los crímenes "y la respuesta del Estado canadiense hacia esta situación de derechos humanos". La CIDH sostiene que "Las desapariciones y asesinatos de mujeres indígenas en Canadá son parte de un patrón más amplio de violencia y discriminación en contra de las mujeres indígenas en el país". Por su parte "el gobierno canadiense indicó que las mujeres indígenas (...) son tres veces más propensas a ser víctimas de violencia que las mujeres no indígenas".
El trabajo -puede consultarse en www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mujeres-indigenas-BC-Canada-es.pdf- indica que las causas aparecen asociadas "con una historia de discriminación que se inicia con la colonización y que continúa a través de leyes y políticas deficientes e injustas" -como la Indian Act y la asistencia forzada a escuelas residenciales-. En sus más de ciento treinta señala que varias leyes y políticas "históricamente han afectado negativamente a las mujeres indígenas, poniéndolas en una situación desigual, y que han impedido el pleno disfrute de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales". Asimismo destaca que la CIDH "ha tomado conocimiento de muchos casos en los que las investigaciones continúan pendientes o las autoridades decidieron no llevar adelante el proceso penal".

 

Audiencia ante la CIDH
Durante el 173° período de sesiones que tuvo lugar en Washington, Estados Unidos entre el 23 de septiembre y el 2 de octubre de 2019, se realizó una audiencia para conocer el estado de situación de la problemática. Estuvieron presentes organizaciones como Canadian Feminist Alliance for International Action; Indigenous Governance Ryerson University; Quebec Native Women; Native Women's Association of Canada y funcionarios del Estado de Canadá.
Las organizaciones mencionaron otro informe titulado "Reclamando Poder y Justicia", realizado por la Comisión Nacional de Investigación sobre Mujeres y Niñas Indígenas Desaparecidas y Asesinadas en Canadá. El mismo concluye que el Estado es cómplice de un "genocidio planificado (...) que ha sido especialmente dirigido contra mujeres, niñas y adolescentes y que se apoya en políticas colonialistas discriminatorias y en la inacción estatal". Por su parte los funcionarios canadienses reiteraron su "compromiso por la defensa y garantía de los derechos de las mujeres y niñas indígenas, como quedó de manifiesto al remover las provisiones discriminatorias basadas en género que subsistían en la Indian Act".

 

Escuelas residenciales
La Indian Act de 1876 estableció que "los niños indígenas" debían ser tutelados por el Estado. En ese contexto John Macdonald -por entonces primer ministro y uno de los padres fundadores de la Confederación canadiense- afirmaba que esos niños debían ser apartados de la "influencia de sus padres" enviándolos a escuelas donde adquirirían "costumbres y prácticas de los blancos".
Así, en 1884 Canadá creó las Indian Residenctial School o escuelas residenciales para alojar a niños pertenecientes a pueblos originarios, patrocinadas por el gobierno y administradas por la iglesia (católica y anglicana). La última de estas instituciones funcionó hasta 1996. Tuvieron como objetivo la asimilación a la cultura dominante occidental. Claro que la asistencia no era opcional, sino que los chicos eran separados compulsivamente de sus familias.

 

Genocidio cultural
En 2015, tras 6 años de trabajo, se presentó el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (disponible en www.trc.ca/). El mismo establece que Canadá cometió un "genocidio cultural" al imponer una red de escuelas con régimen de internado para niños originarios.
La Comisión, presidida por Murray Sinclair (primer juez perteneciente a pueblos originarios), reveló los abusos que se cometieron en las escuelas. En el informe, representantes de las Primeras Naciones señalan que las escuelas residenciales reflejan un intento de genocidio cultural por parte del Estado canadiense, "cuyas secuelas todavía golpean a las comunidades indígenas en el país".
Mientras duró el oprobio y la infamia de las escuelas residenciales, más de 150.000 niñas y niños fueron arrancados de sus familias y "arrojados a un lugar extraño y aterrador, en el que sus padres y su cultura serían degradados y oprimidos". Lejos del hogar, de su entorno, afectos y relaciones, se los confinó en asilos donde además de agresiones físicas - psicológicas y sexuales- se los castigó por usar su idioma en un intento por aniquilar todo vínculo con los orígenes "no europeos". El informe también reporta más de 3000 niños muertos en los internados, entierros en tumbas sin identificar y niños de los que todavía se desconoce su paradero.

 

"Verdadera reconciliación"
En Canadá existen más de seiscientas comunidades originarias integradas por casi un millón y medio de personas. Históricamente discriminadas y oprimidas, las Primeras Naciones avanzan día a día en búsqueda de verdad y justicia. Cuando en 2015 se presentó el reporte de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, el primer ministró Justin Trudeau prometió medidas para llevar a cabo una "verdadera reconciliación". En esa ocasión dijo que el Gobierno de Canadá pide perdón a los pueblos originarios "por haberles fallado tan profundamente". Trudeau, en nombre de Canadá, se comprometió a implementar las recomendaciones que posee el informe. Entre ellas aparecen proteger la lengua, tradiciones y costumbres de las Primeras Naciones, y mejoras en la educación y salud.

 

Medios de comunicación
El informe también hizo mención al rol de los medios de comunicación para que el llamado proceso de reconciliación pueda concretarse. En unos de los puntos llama al gobierno nacional a restaurar y aumentar los fondos destinados a la Canadian Broadcasting Corporation / Radio Canada para que sean "un reflejo adecuado de las diversas culturas, idiomas y perspectivas de pueblos originarios que incluyan aumento de la programación originaria, incluidos los hablantes de lenguas originarias; aumentar el acceso equitativo de los pueblos originarios a puestos de trabajo y puestos de liderazgo". Asimismo convoca a las carreras de periodismo para que brinden formación y educación sobre la historia de los pueblos originarios, incluyendo las escuelas residenciales y leyes como la Indian Act.

 

Esterilización forzada
Otra cuestión que afecta a mujeres originarias es la esterilización forzada. Por eso, a comienzos de 2019 la CIDH expresó "su profunda preocupación por los reclamos de esterilizaciones forzadas contra mujeres indígenas en Canadá". El comunicado (disponible en www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/010.asp) destacó que las "esterilizaciones no consensuadas causan dolor y sufrimiento a las mujeres afectadas y representan una forma de violencia y discriminación de género". En esa línea la CIDH instó a Canadá a "garantizar el acceso efectivo a la justicia de las sobrevivientes y sus familias, realizar investigaciones imparciales e inmediatas, sancionar a las personas responsables y tomar todas las medidas necesarias para poner fin a la práctica de esterilizar a las mujeres contra su voluntad". Además "la CIDH expresa su preocupación por los informes recibidos sobre esterilizaciones realizadas a mujeres indígenas sin su consentimiento en varias provincias (...). La CIDH ha tomado nota de que las sobrevivientes describen experiencias similares, incluyendo procedimientos realizados en hospitales públicos (...) Algunas mujeres han reportado que se les realizó un procedimiento de ligadura de trompas sin su conocimiento mientras se sometían a una cesárea; que fueron presionadas para que aceptaran esterilizaciones con amenazas relacionadas con la custodia y el acceso a sus hijos o hijas mayores o la detención de sus hijos recién nacidos".
Sobre el consentimiento y aceptación de las mujeres para someterse a estas prácticas, la CIDH "ha definido la obligación de obtener el consentimiento previo, libre y plenamente informado antes de realizar cualquier procedimiento médico, incluyendo la esterilización quirúrgica (...) En el caso de las mujeres indígenas, la información debe presentarse en su propio idioma y de manera culturalmente apropiada, respetando sus tradiciones y creencias".
En tanto, en diciembre de 2018, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura expresó su preocupación por informes que dan cuenta de las "extensas esterilizaciones forzadas o coaccionadas realizadas a mujeres y niñas indígenas" en Canadá y formuló recomendaciones para "hacer frente a esta forma de violencia por motivos de género".
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Discriminación, persecución, abandono, despojo, agresiones y muertes atraviesan la historia de los pueblos originarios en toda América, desde Tierra del Fuego hasta Alaska. La tarea que llevan adelante organizaciones como la Asociación de Mujeres Nativas de Canadá, la Alianza Feminista Canadiense y la Mujeres Nativas de Quebec logran poner en la agenda temas por muchos años silenciados. El reconocimiento de su lucha y el acompañamiento de diferentes organismos internaciones representan un claro impulso y soporte para avanzar por los caminos de la justicia y la inclusión.