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Por verdad y justicia

En conmemoración de sus 60 años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos seleccionó 72 trabajos académicos que fueron presentados en la sede del organismo. Entre ellos, se eligió y presentó el del docente de la Universidad Nacional de La Pampa, Sebastián Castelli.
Sebastián Darío Castelli *

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1979. El día de hoy (la Comisión) ha iniciado sus actividades en territorio argentino (…) El propósito de la visita es realizar una observación relativa al respeto de los derechos humanos (…) y preparar un informe sobre la vigencia de tales derechos (…) -Primer comunicado de prensa de la visita de la CIDH en Argentina (la cita corresponde a El Informe Prohibido. Informe de la OEA sobre la situación de los derechos humanos en Argentina editado por la Oficina de la Solidaridad para Exiliados Argentinos y el Centro de Estudios Legales y Sociales en 1984).
De esta manera comenzaba el recorrido la CIDH en una convulsionada Argentina, en una época donde el país escribía una de sus páginas más oscuras. Antes, en 1976, un golpe cívico militar había instaurado un gobierno marcado por torturas, desapariciones, represión y muerte. Inmersos en el miedo y la censura, familiares y amigos de las víctimas no tenían dónde recurrir en busca de justicia, dónde preguntar por el destino de hijos, hermanos, compañeros. Era imposible conocer el paradero de los «desaparecidos».
La censura y la desinformación hacían que el horror quedara oculto bajo un espeso manto de temor y silencio. El lento goteo de denuncias, pedidos de información y reclamos más allá de las fronteras logró mayor visibilidad durante el Mundial de Fútbol de 1978. Las calles de Buenos Aires se poblaron de periodistas extranjeros que se interesaron -algunos- por esas mujeres de pañuelo blanco que caminaban frente a la Casa de Gobierno. Así el mundo pudo conocer el pedido desesperado de las Madres de Plaza de Mayo (Papelitos, 78 historias sobre un Mundial en Dictadura papelitos.com.ar/. Sitio web elaborado por el colectivo NAM Memoria Abierta, con el apoyo del Reino de los Países Bajos).

En Argentina.
La visita de la Comisión de la CIDH marcó el inicio de la sistematización de información sobre víctimas del terrorismo de estado. Fue el principio del fin de la oscuridad. Para tomar dimensión de la metodología del horror, encontramos en el trabajo de la CIDH una minuciosa recopilación de datos. La Comisión visitó cárceles y centros de detención, entrevistó autoridades, ex mandatarios, representantes gremiales, religiosos, entre otros. En septiembre de 1979, largas filas de familiares se acercaron hasta la Comisión buscando esperanza y respuestas; tanto en Buenos Aires, como en Córdoba y Tucumán. De ese modo la Comisión recibió 5580 personas. Además de las informaciones proporcionadas por las autoridades gubernamentales, la Comisión recibió a referentes de varias organizaciones «y a todas las personas que quisieron presentar quejas o testimonios sobre la situación de la Argentina en materia de derechos humanos». También se realizaron visitas a sitios posiblemente relacionados con los hechos denunciados, como el cementerio de La Plata, a 60 kilómetros de Buenos Aires: «La Comisión ha recibido informaciones sobre un número considerable de cadáveres enterrados bajo la denominación NN (del latín nomen necio, nombre desconocido) en cementerios públicos, sin justificación de la falta de identificación (…) Durante la visita la Comisión inspeccionó el cementerio en el que pudo verificar la existencia de tumbas marcadas sólo con las letras NN, entre ellas unas con características que indican la existencia de cadáveres de niños recién nacidos o infantes (…) Se comprobó posteriormente que durante 1976, 1977, 1978 y 1979 existió un número apreciable de personas enterradas bajo esta nominación (…) pudo establecerse que en muchos casos el diagnóstico de la causa de la muerte (fue el) estallido de masa encefálica producido por proyectil de arma de fuego».
Asimismo, en el examen realizado a las actas de ingreso de cadáveres se encontró que la mayoría de los cuerpos sepultados sin nombre corresponden a personas de entre 20 y los 30 años y que «en todos los casos algún médico participó en la elaboración de los certificados de defunción». Gracias a testimonios recogidos en aquella oportunidad pudo establecerse que agentes pertenecientes a las Fuerzas Armadas enterraban cadáveres -siempre por la noche- sin la intervención de las autoridades del cementerio.

La opinión pública.
Poder documentar las prácticas violatorias a los derechos humanos fue determinante para hacerlas visibles. El cerco informativo que había impuesto el régimen silenciaba o tergiversaba la situación que atravesaban miles de «desaparecidos» y sus seres queridos. Las consecuencias de la desinformación aparece reflejada en el Informe de la Comisión: «A pesar de la importancia y significado que encierra este problema, el estado de la información pública no ha permitido que dentro del mismo país exista una conciencia generalizada de las implicaciones de lo ocurrido». También destaca el rol de la prensa al señalar que «inicialmente la mayoría de los periódicos se negaron a publicar noticias que hicieran referencia al tema e inclusive llegaron a negar la reproducción de avisos pagados que mencionaran en su redacción la palabra desaparecidos». Sin embargo, gracias a la persistencia de entidades de defensa de los derechos humanos, se publicaron «algunas solicitadas, denuncias y listas concretas de personas desaparecidas». Asimismo, el informe señala que «La Comisión pudo palpar durante la visita cierta indiferencia y en ciertos casos hasta incredulidad de algunos sectores de la opinión pública».
Con la CIDH en el país, organizaciones de derechos humanos movilizadas y el interés en el exterior acerca de lo que sucedía en Argentina, ya no era posible para el régimen ocultar lo evidente: «el amplio y objetivo despliegue de información que se sucedió en el transcurso de sus actividades, ha contribuido a formar una imagen clara en el pueblo argentino de este grave problema, lo cual significa un aporte valioso a su futura solución» (Informe Final. Cap III. Punto E La opinión pública).

El Informe.
Meses después, en 1980, la CIDH publicó el «Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina». La dictadura prohibió su publicación en el país, aunque algunas copias pudieron ser distribuidas de manera clandestina. Recién en 1984, con el regreso de la democracia, pudo ser difundido por el Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS- y la Oficina de Solidaridad para Exiliados Argentinos bajo el título «El informe prohibido» ya citado.
El minucioso documento comienza diciendo: «La Comisión ha llegado a la conclusión de que, por acción de las autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período a que se contrae este informe -1975 a 1979- numerosas y graves violaciones a los derechos humanos».
Además sostiene que «observa que con posterioridad a su visita a la República Argentina han disminuido las violaciones de los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad personal y al derecho de justicia y proceso regular (…)».
Con el Informe empezó a quedar expuesto que las violaciones a los derechos humanos se hacían en el marco de un plan orquestado y ejecutado desde y por el Estado. Ya no había margen para creer que eran versiones inventadas por una presunta «campaña anti Argentina», tal como sugerían desde el gobierno.
Sobre la desaparición de personas señala que «el fenómeno adquiría caracteres dramáticos al no tenerse noticia alguna acerca del paradero de las personas. Sólo un porcentaje reducido ha sido posteriormente liberado. (…) Las personas que han aparecido reflejan un estado físico y sicológico de gran deterioro (…) Hasta el momento, las personas desaparecidas bajo las circunstancias y modalidades descritas permanecen en su calidad de tales».
De esa manera, la CIDH sentó las bases para, ya en democracia, juzgar a los responsables. Dejó constancia de los desaparecidos, de centros de detención, de los mecanismos de secuestros y torturas. El Informe fue un antecedente fundamental para la tarea que llevaría años después la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas -CONADEP-: creada en 1983, tuvo como objetivo investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1976-1983. El trabajo -publicado en formato de libro con el título Nunca Más- sirvió como elemento clave para llevar adelante el juicio a varios de los responsables de los crímenes denunciados.

Un paso esencial.
A modo de síntesis podemos afirmar que los quince días que duró la visita fueron el corolario de un extenso trabajo. La presencia en el terreno, el recorrido por las cárceles y las reuniones con víctimas, familiares, referentes sociales, políticos y religiosos significó un paso esencial que logró: Quebrar el cerco informativo y contribuir a que más personas se animaran a brindar su testimonio; visibilizar, dentro y fuera del país, la situación de los derechos humanos; recolectar testimonios, información oficial y contrastarlos con visitas en el terreno; sistematizar la información, ordenar y sentar las bases para investigar y juzgar a los responsables de los crímenes e iniciar el largo camino para recuperar a los niños secuestrados, un camino que hoy seguimos transitando. En definitiva, se sentaron las bases para consolidar la memoria, la verdad y la justicia.

60 años de la CIDH
Sebastián Darío Castelli es Licenciado en Comunicación Social, docente e investigador en la Universidad Nacional de La Plata y en el Departamento Comunicación de la Universidad Nacional de La Pampa. La presentación que realizó el pasado lunes 30 de septiembre es un ensayo titulado La CIDH y la búsqueda de verdad y justicia y abordó la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Argentina en 1979 que dio inicio a la sistematización de información sobre víctimas de terrorismo de estado durante la última dictadura.
La presentación fue seleccionada entre muchas otras de postulantes de América y Europa. Los expositores hicieron sus disertaciones durante tres días seguidos en Washington, Estados Unidos, en tres paneles temáticas: La labor de la CIDH en sus 60 años; la protección de la CIDH a grupos en vulnerabilidad o discriminación histórica e impacto de la CIDH en las jurisdicciones nacionales.
* Docente e Investigador (UNLP-UNLPam)

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