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8M: Femicidios en el país: morir por ser mujer

LOS NUMEROS DE LA VIOLENCIA DE GENERO EN LA ARGENTINA RESPONDEN AL PATRON LATINOAMERICANO

Ser mujer en Argentina y en el mundo es causal de riesgo. Las vidas de mujeres y trans penden de hilos enclencles por su sola condición de género.

Victoria Santesteban (Abogada, magíster en Derechos Humanos y Libertades Civiles)

En pleno siglo XXI, el planeta sigue replicando la lógica patriarcal que nos arroja al hogar, que nos expulsa de lo público y relega como propiedad privada, que nos precariza y explota, que nos abusa y descarta. Y si bien el feminismo como movimiento de conquista de derechos ha impactado en la actividad legislativa de gran parte del globo, los Estados no consiguen dar en la tecla para hacerle frente al patriarcado aceitadísimo que sigue ganando las pulseadas.
En materia de violencia contra las mujeres y su erradicación, en esta Argentina tan lejana para el Norte que aún nos cree colonias, damos la nota otra vez en materia de derechos humanos. La Argentina vanguardista que ha juzgado con sus propios tribunales a los genocidas responsables del terrorismo de Estado sin necesidad de buscar en sede internacional el auxilio para su juicio y castigo, y que en los últimos años ha juzgado con perspectiva de género los crímenes de la dictadura, también ha dado cátedra a nivel mundial en materia de erradicación de la violencia machista. En las últimas décadas, junto con la irrupción más notoria a nivel internacional de la normativa destinada a la protección de mujeres, nuestro país ha sabido construir un andamiaje jurídico para hacer frente al machismo institucionalizado en cada rincón patrio. La incorporación a nuestro texto constitucional de tratados de derechos humanos importó asumir responsabilidad internacional en la erradicación de la violencia contra las mujeres y ubicar al juzgamiento con perspectiva de género como obligatorio.
La sanción de la ley de protección integral hacia las mujeres 26.485, la Ley Micaela de capacitación obligatoria a personal del Estado, la ley Brisa de reparación económica para hijos e hijas de madres víctimas de femicidios, la 26.618 de matrimonio igualitario y la 26.743 de identidad de género, la por fin promulgada ley 27.610 de aborto legal, las modificaciones al código penal y un código civil convencionalizado, la proliferación de oficinas, comisarías, juzgados y fiscalías especializados en género, son muestras de las conquistas feministas en la arena pública nacional.

Machismo latino.
Pero esta Argentina disruptiva no escapa a la geografía latinoamericana, la más azotada a nivel mundial por la violencia machista. A pesar de las conquistas nacionales de derechos y del peso específico de los movimientos feministas en Argentina, los números de la violencia de género responden al patrón latinoamericano que ubica a la región como la más peligrosa del mundo para ser mujer o trans. Como un cachetazo que pone patas para arriba al mundo formal idílico que pintan nuestras leyes con un Estado puesto a disposición de mujeres y trans para el ejercicio del derecho a vidas dignas y plenas, la realidad nacional arroja femicidios cada 29 horas.
¿Cómo en Argentina, donde los esfuerzos políticos, legislativos y judiciales dan cuenta de un cambio de paradigma en la erradicación de la violencia de género, es que las muertes por ser mujer se continúan en una secuencia de terror que parece interminable, ininterrumpible e impune?
Los femicidios como mensaje letal del patriarcado que pasa su parte de buena salud confirma que continúa como el patrón de estancia que explota, abusa y dispone a su antojo de la peonada femenina. Los esfuerzos políticos, ciudadanos, los reconocimientos mundiales, los laureles que supimos conseguir se quedan cortos, y dan cuenta que su amateurismo le da ventaja al patriarcado que se aggiorna y reinventa para colarse y llegar primero, cumpliendo con su cometido de opresión y muerte. Así, en la carrera en la que el engranaje aceitado por años de práctica que ostenta el machismo en nuestro país –y en el mundo- muy a pesar de competir con un aparato estatal que ha puesto en agenda a la violencia de género, llega con ventaja y gana el diablo patriarcal que sabe más por viejo.

Violencia doméstica.
En lo que va de 2021, un total de 47 mujeres han sido víctimas letales del machismo nacional. Conforme surgen de los datos estadísticos oficiales, la cifra representa lo que vienen diciendo los números anuales de la violencia de género: en el 90% de los casos, el femicida era una persona conocida de la víctima.
En función de los datos de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, de ese 90% en el 46% de los casos la mujer convivía con el agresor, y en el 66% el femicida era su pareja o ex pareja. Es decir, que la violencia mortal contra la mujer en el 90% de los casos se da en su modalidad doméstica o intrafamiliar. Conforme explica la 26485, la violencia doméstica como modalidad de la violencia de género es aquella ejercida por miembros del grupo familiar, incluyendo en este concepto a parejas y ex parejas, sin necesidad de que mediase convivencia o libreta de matrimonio.
En este sentido, la ley 26485 vino a decirnos entre otras cosas que lo personal es político, y que allí, en el interior del hogar donde abusadores quisieron ampararse en las acciones privadas exentas del control estatal del artículo 19 de nuestra constitución de 1853, ahí la ley recordó que el Estado también tiene jurisdicción al interior de esos hogares del horror, en los que se naturalizó el maltrato como parte del combo del amor romántico vendido en los san valentines machirulescos.
En Argentina ya no se habla de crímenes pasionales cuando se perpetran femicidios, ni se considera que el Estado excedió en su competencia al inmiscuirse en lo que acontece en una relación de pareja, pero a estas conquistas aún le faltan vueltas de tuerca para que la máquina estatal funcione.
Los femicidios dan cuenta de que el Estado llega tarde por negligencia, por contar con adeptos patriarcales en su conformación y por esa parsimonia que lo caracteriza. Las muertes de mujeres y trans en nuestro país evidencian que las capacitaciones en ley Micaela, las reformas legislativas y la renovación del organigrama policial y judicial de poco sirven cuando quienes integran las instituciones deciden alejarse de las leyes y considerar opcional la perspectiva de género. Cada mujer que muere en esta democracia joven evidencia el machismo enquistado en los vínculos de pareja, en las calles, en las comisarías y los juzgados. Es muestra cabal que son muchos los adeptos patriarcales que consideran a mujeres y trans como propiedad privada y que encuentran amparo en un Estado hipócrita y esquizofrénico, que dicta leyes y adhiere a convenciones para la erradicación de la violencia a la vez que descree de las víctimas, las manda a casa con sus agresores, encajona sus denuncias y las responsabiliza de sus femicidios.

Policías y militares.
Los números de la violencia, que la Corte Suprema viene oficializando recién desde 2015 a través de sus oficinas de violencia doméstica y de la mujer, no arrojan la cifra espeluznante que sí dan a conocer organizaciones de la sociedad civil: uno de cada cinco femicidios en Argentina es cometido por miembros de las fuerzas de seguridad. De allí los carteles preguntando “¿De la policía, quién nos cuida?” en las marchas de NiUnaMenos.
Los datos de la Corte, de todas formas, relevan con especial consideración el número de femicidas policías o militares, advirtiendo que es considerablemente menor al relevado por organizaciones de la sociedad civil por la falta de datos en la toma de denuncias. Qué casualidad que desde las comisarías no surjan los datos completos de las denuncias por violencia de género cuando los agresores son integrantes de la fuerza.
Los números no oficiales de la violencia machista arrojan que las personas legalmente autorizadas a portar armas para la protección de la ciudadanía -protección contra la violencia machista incluida- son los principales responsables de su perpetuación. Actúan de femicidas directos o bien de encubridores y facilitadores de los crímenes de género cuando fieles a los pactos de varones de uniforme protegen al compañero o al superior violento.

Justicia.
Ante los números del horror, urge una justicia a la altura de aquello que el Estado se ha comprometido a través de sus leyes. Frente a al machismo jerárquico y académico propio de instituciones policiales, militares y judiciales, los cursos en capacitación sobre género parece -es- inocuo. Resulta quimérico pensar que con capacitaciones en ley Micaela cambie mágicamente el modus operandi estatal reproductor y facilitador de las violencias. La misma justicia carente de toda perspectiva de género por haber descreído a las víctimas, por no haber dictado medidas de protección ni haber investigado las denuncias, es la que juzgará a los femicidios que ella misma facilitó, por su parsimonia, su negligencia, su falta de empatía e ignorancia jurídica. Sin esfuerzos convencidos en clave de género de parte de quienes aplican las leyes, que encarnen en cuerpo y alma sus letras, pensar en la prevención y erradicación de la violencia machista es utópico. Sin cabezas disruptivas que escapen al machismo institucionalizado y asuman cargos con la idoneidad que exige el Art. 16 de nuestra constitución, no habrá justicia para las mujeres y trans de nuestro país. Sus señorías, disculpen las molestias pero, nos están matando.