Avanza amparo contra protocolo antipiquetes

En un nuevo revés judicial para el gobierno de Javier Milei, la Cámara Nacional de Apelaciones Contencioso Administrativo Federal habilitó la feria y declaró competente a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional para analizar un pedido de inconstitucionalidad contra el protocolo antipiquetes presentado por una legisladora porteña de la izquierda.

María Celeste Fierro, legisladora del MST en el Frente de Izquierda Unidad, había presentado un recurso de amparo contra el "Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación" de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por considerar que lesiona derechos y garantías de carácter constitucional.

Bullrich anunció, en la previa de la primera gran manifestación contra el Gobierno, que iban a hacer tareas de inteligencia sobre los manifestantes para hacerle frente al "desorden en la vía pública" y, como sanción, quitaría los planes sociales a quienes decidan protestar en las calles.

En su planteo, Fierro denunció que el protocolo "amenaza derechos políticos" y se consideró que "penaliza la ocupación del espacio público en toda forma de manifestación pacífica, limitando así los derechos constitucionales de reunión, de peticionar a las autoridades y la libertad de expresión".

Ayer al mediodía, los jueces de la sala A de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo Federal resolvieron "habilitar la feria judicial y atribuir competencia en la presente causa a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal", según surge de la resolución.

Previo a resolver la habilitación de la feria judicial, los camaristas Sergio Fernández y Carlos Grecco recordaron que las razones de urgencia que determinan la habilitación de la feria judicial -por principio- son solamente aquellas que entrañan para los litigantes un riesgo cierto e inminente de ver frustrados los derechos para cuya tutela se requiere la protección judicial.

"Teniendo en cuenta el objeto de la acción y los argumentos expuestos para fundamentar la solicitud de habilitación de la feria judicial - en particular, la posible afectación de derechos constitucionales en la aplicación del protocolo y la eventual criminalización de la protesta social- se considera que los mismos revisten suficiente entidad como para disponer la medida excepcional requerida", consideraron los jueces. (El Destape)