Confesión "obtenida bajo coerción"

Mario Ludovico Rovella, uno de los empresarios más importantes del país, solicitó al tribunal oral que procesa la denominada "Causa Cuadernos" que anule su declaración como arrepentido porque la "confesión" sobre pagos ilegales a funcionarios del gobierno 2003-2015 fue "obtenida bajo coerción". La prueba es un documento firmado ante escribano público el día antes de declarar como arrepentido ante el difunto juez Claudio Bonadío.

 

La información fue publicada por Tiempo Argentino (www.tiempoar.com.ar). La "Causa Cuadernos" fue armada para involucrar en casos de corrupción a las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. "Desde el inicio circulaba la versión de que los empresarios eran compelidos a reconocer delitos, como arrepentidos, a cambio de no ir presos. Rovella presentó ante el Tribunal Oral Federal Nº 7 su documento, confeccionado el 28 de febrero de 2019, un día antes de declarar ante Bonadío, quien ya tenía un juego de esposas listo para él", reseña el artículo de Néstor Espósito.

 

"La escritura número 28 fue confeccionada por el escribano Diego Ignacio Achával y quedó resguardada en un sobre cerrado, lacrado y firmado. Así permaneció hasta ayer, cuando fue entregada al tribunal. El documento afirma que el juez Bonadio, 'en franca violación a elementales derechos constitucionales, entre ellos el de no ser compelido a declarar contra uno mismo, procedió a privar ilegalmente de la libertad a distintas personas por el solo hecho de no reconocer ni confesar los presuntos delitos que se les atribuye, remitiéndolos detenidos a distintas unidades penitenciaria. En cambio, quienes sí reconocen los delitos y validan los dichos de una persona que se adhirió al régimen de la delación premiada, me refiero a Ernesto Clarens, mantienen su libertad ambulatoria'".

 

Clarens era sindicado en los medios como "el financista de los Kirchner". Bonadío llegó a él por una vía indirecta, independiente de las anotaciones del chofer Oscar Centeno. Clarens también declaró como arrepentido y a todos los que señaló, el juez los subió a una "calesita" que no tenía "sortijas para todos".

 

"Tormentos".

 

La escritura pública firmada por Rovella señala que "ante esa situación, que estimo abiertamente ilegal, y dado que no admito ser privado ilegalmente de mi libertad, me encuentro en el estado de necesidad de tener que reconocer, sin que sean verdad ciertos hechos, al solo efecto de evitar ir a prisión injustamente. Esos hechos que me veo obligado a admitir no resultan ser verdaderos". En el sobre hay decenas de documentos que acreditan el contenido de la escritura.

 

Los abogados de Rovella, Pablo Medrano y Enrique Arce, pidieron "la nulidad de la declaración indagatoria que el juez instructor le recibió" al socio de Rovella-Carranza, una de las constructoras más importantes del país y frecuente adjudicataria de obra pública. Advirtieron que declaración del 1º de marzo de 2019 "fue obtenida bajo coerción". Peor aún, aseguran que "la confesión de Rovella fue obtenida sobre la base de tormentos".

 

La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, incorporada a la Constitución Nacional en 1994, define como tortura a "todo acto por el cual se inflijan intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona".

 

"Nuestro representado se vio forzado a reconocer haber efectuado las entregas de dinero que figuraban en un listado confeccionado ad hoc por el co imputado Ernesto Clarens". Y agrega: "tal 'confesión' fue obtenida bajo la intimidación -expresada en concretos actos procesales irregulares (arbitrarios) previos llevados a cabo por el juez instructor (inquisidor)-, que consistía en que los imputados que no admitían ni validaban las anotaciones perdían su libertad ambulatoria", señalaron los defensores.

 

Constancia.

 

"Para dejar constancia de que su voluntad se encontraba viciada, asentó en un instrumento público la situación ilegítima a la que se hallaba sometido". Rovella no corrió a una escribanía para contar su verdad después de declarar: lo hizo antes porque quería dejar constancia de que al día siguiente iba a mentir para que Bonadio escuchara lo que quería escuchar y, de esa manera, conservar su libertad.

 

"Rovella concurrió ante el escribano Diego Ignacio de Achával, a quien le requirió que conservara en su poder un documento que daba cuenta de cuál era su verdadera voluntad y el motivo (el temor cierto de terminar preso) por el que se veía compelido a 'confesar' hechos que lo incriminaban, y que no eran ciertos", concluyeron.