Organizaciones piden proteger el derecho a la protesta

Luego de los tres días de violenta represión durante el tratamiento de la Ley Omnibus, organizaciones defensoras de los derechos humanos de la Argentina solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se tomen medidas cautelares en favor de trabajadores de prensa y manifestantes.

En el escrito de 30 páginas se detallaron los operativos represivos que se llevaron adelante en las inmediaciones del Congreso Nacional. Además, marcaron su preocupación sobre el protocolo antipiquetes y sobre las iniciativas en la ley que impulsa el Gobierno, que criminalizan la protesta y atentan contra la libertad de expresión.

"La grave situación represiva que se vive en nuestro país lo amerita con urgencia", escribió la diputada nacional por el FIT-U, también parte de la presentación, Myriam Bregman. El documento fue presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh).

Gravedad.

Los organismos hicieron énfasis en la "gravedad de la situación y ante la inminencia de nuevas represiones frente a otras protestas" para solicitar el otorgamiento de las medidas cautelares a favor de trabajadores de prensa y abogados defensores de manifestantes, cuyos casos fueron detallados y testimoniados.

Debido a que el tratamiento de la ley ómnibus continuará desde el martes, consideraron "urgente" la protección de quienes se manifiestan como para los distintos actores "que cumplen un rol fundamental en la ampliación y difusión de la información", especificaron en el comunicado del Cels. Al mismo tiempo, hicieron un llamado sobre cómo se deben llevar adelante este tipo de situaciones: "Las formas de la deliberación y la manifestación pública, la labor periodística, la restricción de la violencia estatal, son todas condiciones necesarias para una convivencia social y política democráticas".

Bullrich.

Sin embargo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, parece hacer oídos sordos tanto a los reclamos locales como internacionales sobre el protocolo que impuso desde el 14 de diciembre, que limita el derecho a la protesta. "Ya son 18 las personas detenidas", celebró en su cuenta de X, ayer sábado al mediodía e hizo referencia a la detención de dos personas de ciudadanía chilena sobre las que pedirán su expulsión. (El Destape)

Foto: eldestapeweb.com