Se viene una nueva ola de despidos

El gobierno formalizará 900 nuevos despidos, como consecuencia de un desmantelamiento del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar. El anuncio, que provocó alarma en este sectir productivo, fue formulado ayer pro el vocero presidencial, Manuel Adorni.

 

Según el funcionario, la decisión fue resultado de una revisión de "datos calamitosos y profundamente desoladores" sobre dos organismos que empleaban a 964 trabajadores, y ahora reducirán su planta a solo 64 agentes. "Se van a reducir 900 puestos de no trabajo, lo cual significará un ahorro de 9.000 millones de pesos", explicó.

 

Adorni cuestionó "la fiesta que había del gasto público" y planteó que Agricultura Familiar contaba con "160 delegaciones, dos sedes, una en Catamarca y otra en Santiago del Estero, y uno de cada tres empleados eran delegados. Tenían 204 vehículos y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos, casi una agencia de empleo político".

 

Añadió que "se transferían fondos discrecionales y actuaban organizaciones sociales y municipios" y consideró que "la ineficiencia de este organismo se refleja en que todavía no hemos recibido reclamos de productores ni trabajadores del campo".

 

La decisión será implementada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien también pretende cerrar la agencia Télam, el Inadi y ejecutar recortes en PAMI.

 

Cierre y denuncia.

 

El Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena fue creado a fines de 2022 y era conducido por Miguel Gómez, del Movimiento Evita que conduce Emilio Pérsico. El anuncio del cierre se conoció un día después de la denuncia del Ministerio de Capital Humano contra el propio Pérsico, por el envío de fondos a dos cooperativas que integraba siendo funcionario.

 

Según la imputación, dirigente social habría enviado 473 millones de pesos a la Federación Evita y la Cooperativa la Patriada. Según la denuncia presentada por el Ministerio de Capital Humano, Pérsico fue acusado "por los delitos de Fraude a la Administración Pública, Abuso de Autoridad y Violación de los deberes de funcionario público". Esa conducta "no sólo importó una violación a la ética de los funcionarios públicos, sino también la comisión de delitos penales que deberán ser debidamente investigados" agrega el texto.

 

Ambas entidades fueron cerradas y la primera de ellas volverá a convertirse en una Dirección Nacional, con el objetivo de "generar un necesario ahorro en las arcas públicas y recuperar las funciones del organismo", según un comunicado difundido ayer.

 

Miles de contratos.

 

Mientras tanto, los organismos del Estado nacional continúan realizando auditorías internas y en los próximos días podría haber nuevos despidos en distintas áreas. Frente a esta posibilidad, UPCN solicitó una reunión con un funcionario de Karina Milei para analizar la situación

 

Según un artículo publicado por Infobae, desde el primero de enero cada organismo del Poder Ejecutivo Nacional inició un recuento de trabajadores, tarea para la cual se fijó un plazo de 90 días corridos que vencerá la semana que viene, cuando todas las áreas deberían elevar sus informes al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, incluyendo una lista de los contratos que se mantendrán.

 

Otro organismo que se mantiene en la incertidumbre es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, dependiente de ministro del Interior, Guillermo Francos, quien ya ordenó un relevamiento de toda su planta. "Habrá que ver qué utilidad tiene; si no tiene ninguna, seguramente se revisará", explicó una fuente cercana.

 

En esta cartera ya se suprimieron o unificaron varias secretarías y subsecretarías, con una reducción del 50% de su planta de empleados. Estas decisiones generaron preocupación de gremios estatales, entre ellos la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), cuyas autoridades solicitaron una reunión con la subsecretaria de Coordinación Administrativa de la Secretaría General de la Presidencia, Gladys Humenuk.

 

"Estamos siguiendo con mucha atención, prudencia y preocupación, todo lo sucedido desde diciembre, así como el monitoreo del impacto de las decisiones que afectan económica y anímicamente al personal dependiente de la Secretaria. Acerca de sus alcances y dimensión de las mismas, aclaramos que compromete situaciones humanitarias de carácter alimentario para cientos de trabajadores de la Casa Rosada", señaló UPCN.

 

(NA-Infobae)