Alertan por muerte de activistas

Cientos de personas en todo el mundo son asesinadas cada año por defender el ambiente en el que viven, y los líderes de pueblos originarios son los más perjudicados, según un nuevo estudio.
En Latinoamérica, los asesinatos de defensores del medio ambiente no cesaron ni durante la pandemia. La semana pasada, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) denunció el asesinado de Marvin Damián Castro Molina (29 años), hallado «sin vida» el lunes 13 de julio en un río de Pespire, al sur de Tegucigalpa.
Castro integraba las redes juveniles medioambientales en los departamentos de Choluteca y Valle y había denunciado que temía por su vida ante el Sistema Nacional de Protección (organismo gubernamental destinado a proteger a defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia). El joven era coordinador de la Secretaría de la Juventud del Movimiento Ambientalista Social El Sur por la Vida (Massvida) de Honduras.

Cuestión étnica.
Un nuevo estudio elaborado a partir de datos del Atlas de Justicia Ambiental (plataforma online que desde 2012 cartografía los conflictos ambientales en todo el mundo) revela que en el 13% de las luchas, al menos un ambientalista resulta asesinado. Además, el 40 % de las víctimas pertenecen a pueblos indígenas, le informó Joan Martínez-Alier, coordinador de la plataforma, al diario alemán Deusche Welle.
El especialista subrayó que «América Latina concentra el 25% de los conflictos ambientales» del mundo, y explicó que aunque se registran «más indígenas muertos en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú y Brasil, también hay algunos en Ecuador, Chile y Argentina».
Los pueblos originarios protagonizan la mayoría de los conflictos porque «se defienden más que otras poblaciones contra la depredación ambiental». El estudio analiza 2.743 casos en todo el planeta y contempla las características de los activistas involucrados, las estrategias de movilización exitosas, el resultado de cada conflicto y su relación con movilizaciones indígenas o no indígenas. El estudio pretende achicar la brecha producida por la inexistencia de una investigación global de conflictos ambientales, a fin de entenderlos mejor.

Fatal ambición.
«La promoción del modelo económico extractivista ha permitido el hostigamiento y asesinato de muchos defensores sociales y ambientales. En este modelo no existe interés por el diálogo ni por concepciones alternativas del ambiente y los derechos humanos», recordó Erika Castro Buitrago, investigadora en Derecho Ambiental en la Universidad de Medellín (Colombia), consultada por DW.
América Latina es fuente de grandes recursos y la agresiva y descontrolada actividad extractiva ha generado movimientos de defensa (se calcula que hay más de 500 en la región) que luchan en conflictos por el acceso a tierras, agua y contra la minería. Martínez-Alier calcula que «habría unos cinco mil activistas ambientales activos en América Latina, y más de la mitad son mujeres».

Acto de resistencia
El estudio también muestra que los ecologistas tuvieron éxito en el 11% de los 2.743 conflictos estudiados en todo el mundo, a través de diversas acciones. «Lo más efectivo es mezclar varias formas de movilización y sumar fuerzas», agregó Martínez-Alier, en referencia al eventual aporte de científicos, profesionales y grupos sociales o religiosos, en las causas defendidas por campesinos indígenas.
El investigador destacó también las consultas populares en países de Latinoamérica, entre las que destacó la Asamblea Ambientalista «No a la mina» de Esquel (Chubut, Argentina), Tambogrande (Perú) y La Colosa (Tolima, Colombia). «A veces se originan bajo la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que protege a poblaciones indígenas; otras por pura democracia local, para decidir sobre un proyecto minero y de extracción de petróleo», ejemplificó.
Si bien América Latina es la región «donde más países han ratificado el Convenio 169», en la práctica «los avances en su aplicación dejan mucho que desear», alertó el alermán Georg Dufner, director del Programa de Participación Política Indígena de la Fundación Konrad Adenauer (KAS). Dufner comparó el caso con Canadá, que nunca ratificó ese convenio, donde: «entre el 80% y el 90% de las consultas a pueblos indígenas logran sentencias favorables y medidas compensatorias justas para las comunidades». Por eso, «el principal problema de los indígenas latinoamericanos es la debilidad, la ausencia, la falta de acceso, o la corrupción del sistema judicial» en los países de la región, concluyó.